Espanto en campa?a

En su estrategia de arreba?ar votos en los caladeros sociales m¨¢s sensibles o indefensos ante los problemas de la seguridad ciudadana, el Partido Popular busca temas de fuerte impacto emocional, sin retroceder ante el riesgo de manipulaci¨®n de asuntos especialmente delicados. Hace unos d¨ªas anunci¨® medidas sobre la inmigraci¨®n que s¨®lo sirven para a?adir nuevos obst¨¢culos a la inmigraci¨®n legal sin suponer ninguno para la irregular; ahora acaba de anunciarlas en relaci¨®n a los menores que delinquen.

El candidato del PP propone aplicar la Ley Penal del Menor a los ni?os de 12 y 13 a?os; que los menores que cumplen condena por delitos de especial gravedad en centros de internamiento sean trasladados obligatoriamente a centros penitenciarios de adultos cuando cumplan 18 a?os -hoy es una decisi¨®n del juez de menores- y que se aumente una vez m¨¢s las penas de internamiento, fijadas hoy en un m¨¢ximo de 10 a?os.

La t¨¢ctica de Rajoy consiste en ofrecer soluciones para problemas en gran parte inventados. No porque no exista delincuencia juvenil, sino porque los delitos de especial gravedad que justificar¨ªan esas reformas no dejan de ser excepcionales, aunque peri¨®dicamente provoquen alarma. La excepcionalidad no puede ser un factor que condicione hasta los extremos que quiere el l¨ªder del PP para la aplicaci¨®n de una ley que debe funcionar en la generalidad de los casos. Los delitos habituales de los menores de entre 12 y 14 a?os, hurtos sobre todo, no justifican ni una modificaci¨®n de la ley ni mucho menos una rebaja tan peligrosa del concepto de infancia. Lo razonable habr¨ªa sido proponer m¨¢s medios para evitarlos. No estamos, adem¨¢s, ante una avalancha de delitos graves sino ante la instrumentalizaci¨®n de la delincuencia juvenil para sustentar el mensaje de inflexibilidad y autoridad que pretende transmitir el PP sobre la delincuencia en general.

La Ley Penal del Menor, en vigor desde 2001, es obra sobre todo del PP. Lo lamentable no es que haya dejado de gustarle, sino que las propuestas de Rajoy, muy propias del rigorismo penal de la ¨²ltima etapa de Aznar, no mejoran la ley y pueden frustrar a los ciudadanos que ingenuamente hayan puesto sus esperanzas en ellas. Tienen, adem¨¢s, poco sentido apenas transcurrido un a?o de una reforma de cierto calado de la Ley Penal del Menor, aconsejada por las carencias observadas en sus primeros cinco a?os de aplicaci¨®n, sobre todo la insuficiente respuesta punitiva a cr¨ªmenes tan espantosos como la muerte de una estudiante a manos de dos compa?eras de estudios en San Fernando (C¨¢diz) y el asesinato y violaci¨®n de la adolescente Sandra Palo en Madrid. Esa reciente reforma ha supuesto un ajuste adecuado no s¨®lo a la especial gravedad de algunos delitos sino a la deriva actual de la delincuencia juvenil hacia el pandillismo. ?Qu¨¦ sentido tiene, entonces, la propuesta de Rajoy? S¨®lo el de ara?ar votos en el mercado de las emociones.