Una casa patera

"Ahora somos unos 18", dijo un joven chapurreando una mezcla de espa?ol y rumano, "pero hace unos d¨ªas, aqu¨ª, hab¨ªa mucha gente. Unas 90 personas. Pero casi todos se han ido ya". Es uno de los moradores que a¨²n quedan en la casa de El Roc¨ªo (Almonte, Huelva) detectada por la Guardia Civil hace dos d¨ªas.

Pr¨¢cticamente la totalidad de los que viv¨ªan en la casa rociera eran rumanos. Ayer, todav¨ªa quedaba una familia, compuesta en su mayor¨ªa por trabajadores sin permiso laboral y alg¨²n ni?o que, seg¨²n sus mayores, no trabajaba. Ninguno de los extranjeros quiso identificarse por miedo "a la polic¨ªa", aunque s¨ª accedieron a contar su historia.

A pesar de que la casa, como la mayor¨ªa de las de El Roc¨ªo, es bastante grande -ocho habitaciones-, en los momentos de mayor trasiego de gente, algunos terminaron durmiendo en coches, furgonetas e incluso en una cuadra, explicaban ayer los inquilinos.

Pagaban 27 euros al mes por la casa y hasta cinco euros por transporte

En algunos dormitorios hab¨ªa seis literas, ocho en otros, s¨¢banas deshechas, montones de ropa encima. Un amplio sal¨®n con cocina guardaba varias sillas y un sof¨¢. Y en la televisi¨®n, un musical indio que pon¨ªa el estribillo de fondo.

"Nosotros conocimos a un se?or que nos dijo que pod¨ªamos ir a esta casa. Y le pagamos 27 euros por persona al mes. Nos dijo que hab¨ªa trabajo en Isla Cristina, en la naranja", dice una mujer rumana. "Pero el otro d¨ªa vinieron los guardias y nos dijeron que no hab¨ªa m¨¢s trabajo, porque no ten¨ªamos papeles. Y yo no lo entiendo. He trabajado cinco a?os en Italia, en el campo, sin problemas, ?Por qu¨¦ aqu¨ª s¨ª los tengo?", se quejaba.

La Guardia Civil asegur¨® que los inmigrantes hacinados deb¨ªan pagar por el traslado a las explotaciones agr¨ªcolas. "Pag¨¢bamos de dos a cinco euros por persona al d¨ªa, dependiendo de los kil¨®metros o del n¨²mero de personas que ¨ªbamos en cada coche", explica otro jornalero."Lo cierto es que no tenemos ni idea de a qui¨¦n pagaba esta gente", protestaba ayer. M. C. R., uno de los imputados por la Guardia Civil, acusado de explotar a los inmigrantes y en libertad bajo fianza tras prestar declaraci¨®n judicial.

?l, junto con dos compa?eros, R. M. P y A. M. P., todos de Valencia, dice haber sido v¨ªctimas de una "encerrona". "Nosotros tenemos una empresa de trabajo temporal. Y contratamos a 42 trabajadores con sus papeles en Valencia para venir a esta casa, que est¨¢ habilitada para esa cantidad, y que trabajasen en una finca de Isla Cristina. Pero la casa la ocuparon otras 35 personas o m¨¢s, sin papeles, sin contrato y sin nada que ver con nosotros, y que seguramente traer¨ªa alg¨²n mafioso", protesta. Los valencianos afirman que advirtieron a la Polic¨ªa Local de la aldea del problema y que, por dos veces, intentaron desalojar a los irregulares, sin ¨¦xito. "Alguien nos han denunciado como represalia por intentar echarles", afirma uno de ellos. Los empresarios aseguran que ninguno de los rumanos sin papeles trabaj¨® en la finca de Isla Cristina. "La Guardia Civil los cogi¨® justo antes de que pas¨¢semos lista a la entrada del tajo. Lo hacemos siempre, precisamente para que no se cuele nadie irregular. Porque ya se ha intentado otras veces", dice uno de ellos.