El GIL dej¨® un agujero de 335 millones en Marbella

El Tribunal de Cuentas ha terminado de analizar el estado en que los sucesivos gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL) dej¨® las arcas de Marbella. En diciembre de 2005, tres meses antes de que la operaci¨®n Malaya desvelara definitivamente el caos reinante en el Ayuntamiento, las cuentas arrojaban un "desequilibrio financiero" de al menos 335 millones de euros, una cifra que representa m¨¢s del 181% del presupuesto municipal y que, calculado por habitante, corresponder¨ªa a 2.669 euros por persona.

El Ayuntamiento perdi¨® 190 millones en 650 convenios urban¨ªsticos

El informe desmenuza el ¨²ltimo periodo de gobierno del GIL, entre 2002 y marzo de 2006, y hace un an¨¢lisis global de los ¨²ltimos 15 a?os, diciendo que se cre¨® "un sistema para apropiarse de fondos p¨²blicos" en el que no se justificaban los pagos ni las obligaciones gracias a la creaci¨®n de una veintena de sociedades municipales. El ¨®rgano fiscalizador destaca que no se ha encontrado "ni un solo expediente administrativo sujeto a la ley" y que se llegaron a transferir 653,7 millones de euros a las empresas municipales sin someterse a ning¨²n control. Los 650 convenios urban¨ªsticos suscritos por el Ayuntamiento generaron un agujero econ¨®mico que roza los 190 millones de euros, seg¨²n el tribunal.

- Consultor¨ªas millonarias. En los ¨²ltimos cuatro a?os los gobiernos gilistas gastaron 14,8 millones de euros en asesores y consultores, de los que 6,4 millones eran para asesoramiento jur¨ªdico. En apenas 20 meses, entre 2002 y agosto de 2003, el abogado Jos¨¦ Mar¨ªa del Nido percibi¨® tres millones de euros por trabajos de asesor¨ªa. El tribunal incide en que Del Nido podr¨ªa haber actuado "de forma desleal" al intrvenir en algunos procedimientos con intereses contrapuestos. "A partir de la exclusi¨®n de este letrado el coste de los servicios jur¨ªdicos ha bajado un 62% sin que por ello se haya visto privado de asistencia jur¨ªdica en ninguno de los asuntos pendientes", recoge el escrito. El tribunal subraya que recibi¨® los ¨²ltimos pagos cuando faltaba poco para la moci¨®n de censura contra Juli¨¢n Mu?oz y que se realizaron sin atender al orden de prioridades que establece la ley.

- Poco celo para recaudar. A finales de 2005, Marbella ten¨ªa pendiente de cobrar deudas por m¨¢s de 203 millones de euros, de los que casi 97 millones podr¨ªan haber prescrito. De ese dinero, 70 millones de euros proced¨ªan de aprovechamientos urban¨ªsticos derivados de convenios. Muchos de esos acuerdos fueron los que llamaron la atenci¨®n primer instructor del caso Malaya, Miguel ?ngel Torres.

- Contrataciones sin control. Los trabajadores entraban sin proceso de selecci¨®n alguno. En 15 a?os, la plantilla municipal se cuadruplic¨®. Pas¨® de 763 trabajadores, a los 3.016 de finales de 2005. El Tribunal dedica un apartado a analizar las retribuciones de determinados trabajadores y cargos de confianza. Uno de los analizados es el ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, que entre 2002 y su detenci¨®n en marzo de 2006 cobr¨® oficialmente 526.350 euros. En 2003, Roca se autoasign¨® 46.231 euros en concepto de "gratificaci¨®n por Plan especial", partida que no figura en ning¨²n presupuesto.

Otro empleado cuya remuneraci¨®n destaca el Tribunal es Manuel Hidalgo, ex director del diario municipal La Tribuna de Marbella, que percibi¨® 679.198 euros en el mismo periodo. El despido de los 41 cargos de confianza del GIL realizado por la gestora le costaron al Ayuntamiento 1,2 millones de euros, recoge el ¨®rgano fiscalizador del Estado.

- Trabajos pagados sin ejecutar. El Tribunal estima que no se han justificado obras y trabajos por 21,8 millones y que se ha ocasionado un perjuicio al Ayuntamiento de 17 millones. En los meses anteriores a las elecciones de 2003, el Ayuntamiento contrat¨® gran parte de estas obras y las pag¨® con bienes municipales cedidos a trav¨¦s de convenios. Muchas de las empresas con las que se contrataron estas obras est¨¢n reclamando ahora pagos, por lo que este documento servir¨¢ al Consistorio para ejercer, a su vez, acciones contra ellas.