Revilla tacha de ignorantes las cr¨ªticas del PP a los"pozos negros" de CO2

Las reservas de emplazamientos para almacenar en el futuro di¨®xido de carbono (CO2) procedente de centrales el¨¦ctricas que proyecta el Ministerio de Industria tuvo ayer su primera deriva electoral en Cantabria, una de las comunidades afectadas. El l¨ªder del PP, Ignacio Diego, acus¨® al Gobierno central de intentar "meter por la puerta de atr¨¢s dos pozos negros de residuos contaminantes" y al Gobierno regional (PSOE-regionalistas) de ocultarlo.

Sus palabras tuvieron inmediata respuesta del presidente de la comunidad, el regionalista Miguel ?ngel Revilla, quien tach¨® de "barbaridad" las cr¨ªticas y de ignorar la realidad a su autor. En una intervenci¨®n en el Foro Nueva Econom¨ªa, Revilla subray¨® que "esto es alarmar sin fundamento" y explic¨® que el proyecto supone un paso adelante recogido en los acuerdos de Kioto. "Almacenar los residuos del CO2 es una previsi¨®n que tiene que tener cualquier Gobierno", dijo, al tiempo que record¨® que el Gobierno de Castilla y Le¨®n, del PP, ha mostrado mucho inter¨¦s en que se instalen almacenes en la zona de Ponferrada, donde precisamente se est¨¢ estudiando la viabilidad del proyecto.

Fase embrionaria

Tambi¨¦n record¨® Revilla que la captaci¨®n y posterior confinamiento de CO2 en estructuras subterr¨¢neas es una tecnolog¨ªa que todav¨ªa se encuentra en una fase muy temprana internacionalmente. Seg¨²n los expertos, su desarrollo puede durar todav¨ªa muchos a?os e, incluso, llegar a desecharse. El objetivo es reducir las emisiones de efecto invernadero y potenciar la lucha contra el cambio clim¨¢tico, sin que tenga ning¨²n efecto nocivo, seg¨²n los expertos.

Para que la aplicaci¨®n de esta tecnolog¨ªa sea posible, es necesario determinar la ubicaci¨®n de estructuras subterr¨¢neas y obtener un conocimiento profundo de sus caracter¨ªsticas con el fin de determinar su idoneidad para asegurar el mantenimiento del gas que eventualmente se secuestre en su interior, como ocurre con el gas natural.

De momento, en Espa?a el Estado ha reservado 11 yacimientos salinos en tierra y mar (uno en Cantabria), todos a m¨¢s de 1.000 metros de profundidad. De esta forma, trata de asegurar el dominio p¨²blico con el fin de evitar la especulaci¨®n privada en terrenos que sean susceptibles de ser utilizados si, tras las investigaciones, as¨ª se determina.