'Los Albertos' provocan otra guerra del Constitucional con el Supremo

El Tribunal Supremo critic¨® ayer abiertamente al Constitucional por "extender su jurisdicci¨®n" al extremo de anular la sentencia que conden¨® a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, por delitos de estafa y falsedad, a tres a?os y cuatro meses de prisi¨®n por el caso Urbanor.

El acuerdo del Supremo ratifica otros dos anteriores en los que acusa al Constitucional de "vaciar de contenido" el art¨ªculo 123 de la Constituci¨®n al interpretar cuestiones de legalidad ordinaria, cuyo conocimiento s¨®lo corresponde al Tribunal Supremo. No obstante, la reacci¨®n del Supremo no supone modificaci¨®n alguna en la absoluci¨®n de Cortina y Alcocer.

El Supremo afirma que el Tribunal Constitucional invade su terreno

Como se esperaba, la sentencia de los Albertos ha desatado una nueva batalla entre los dos altos tribunales. A la contundente reacci¨®n del fiscal general del Estado, que expres¨® su "absoluta y radical discrepancia" con la absoluci¨®n de los Albertos y el temor de que se quedaran "con el dinero de la estafa" (unos 50 millones de euros, incluidos los intereses) se sumaron ayer los colectivos de jueces conservadores y moderados, que cerraron filas con el Supremo.

En el pleno de ayer de la Sala Penal del Supremo surgieron voces que pidieron endurecer el comunicado para que constase de manera expresa el malestar de la sala por la anulaci¨®n de la condena a los Albertos y se reprochase al Constitucional la utilizaci¨®n del derecho a la tutela judicial efectiva para resolver cuestiones de legalidad ordinaria, como la prescripci¨®n, e incluso la definici¨®n del delito de estafa.

Paralelamente, en el Constitucional los magistrados permanec¨ªan m¨¢s atentos a la reuni¨®n del Supremo que a los asuntos propios del pleno. Los ¨¢nimos tambi¨¦n estaban encrespados, sobre todo a partir de las opiniones de Conde-Pumpido -magistrado de plantilla de la Sala Penal del Supremo, aunque ahora desempe?a el cargo de fiscal del Estado-, cuyas cr¨ªticas a la sentencia causaron "perplejidad" en el Constitucional. Durante la ma?ana se mantuvieron a la expectativa de la reuni¨®n del Supremo, pero finalmente no hubo reacci¨®n de los constitucionales al no haber ido la Sala Penal m¨¢s all¨¢ de otros dos anteriores acuerdos.

Con todo, el Supremo ya declar¨® en abril del pasado a?o que iba a mantener su jurisprudencia sobre la interrupci¨®n de la prescripci¨®n "a pesar de la sentencia 63/2005 del Tribunal Constitucional". Aquella sentencia ya fue considerada precursora de la de los Albertos, y dispar¨® las alarmas en el Supremo. El Constitucional interpret¨® la figura de la prescripci¨®n penal y sentenci¨® que no s¨®lo se requiere que una denuncia o una querella se presenten dentro del plazo de prescripci¨®n, sino que dentro de ese mismo plazo debe concurrir un acto del juez mediante el que se ordene el efectivo inicio del procedimiento.

En el caso de los Albertos, dado que la querella se present¨® el ¨²ltimo d¨ªa de plazo y conten¨ªa algunas irregularidades que hubo que subsanar, el Constitucional ha declarado que los delitos de estafa y falsedad existieron, pero los declara prescritos.

La conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura declar¨® a trav¨¦s de su portavoz, Antonio Garc¨ªa, que el Constitucional se hab¨ªa "extramilitado". Lorenzo del R¨ªo, portavoz de la centrista Francisco de Vitoria indic¨® que la prescripci¨®n no afecta a la tutela judicial efectiva y con arreglo a la interpretaci¨®n del Constitucional "cualquier decisi¨®n judicial afecta a la tutela del ciudadano".