La Fegamp se divide por el 7% obligatorio en gasto social

La divisi¨®n comienza a ser cosa cotidiana en la Federaci¨®n Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), sometida a la presi¨®n de sus diferencias con el sector nacionalista de la Xunta. Ayer se traslad¨® a la Comisi¨®n Galega de Cooperaci¨®n Local, organismo que someti¨® a votaci¨®n el anteproyecto de ley de servicios sociales promovido por Vicepresidencia. Tras diez d¨ªas de negociaciones, Xunta y ayuntamientos votaron a favor de todos los art¨ªculos del texto excepto uno, el que obliga a los ayuntamientos a destinar el 7% de sus presupuestos a asuntos sociales. Sobre este punto, representantes de ayuntamientos y diputaciones aprobaron un voto particular discrepante del que se desmarc¨® el representante del BNG en la federaci¨®n de municipios y provincias, su vicepresidente segundo, Francisco Garc¨ªa.

Acuerdo entre Xunta y ayuntamientos en el resto de la ley de servicios sociales

Concluido el plazo de diez d¨ªas que la Xunta y la Fegamp se dieron para consensuar el texto, los avances fueron "notables" en las negociaciones del articulado del anteproyecto. "Ha sido un di¨¢logo fluido y en absoluto est¨¦ril: ha valido la pena", asegur¨® tras la reuni¨®n de ayer el presidente de la Fegamp, el alcalde socialista de Ames, Carlos Fern¨¢ndez. Pero los resultados han sido nulos en lo que afecta al porcentaje de siete puntos que la ley impone a los ayuntamientos para gasto social, considerado "una invasi¨®n de competencias". As¨ª figura en un informe de la federaci¨®n que inici¨® las discrepancias entre el BNG y el resto de partidos con representaci¨®n en la federaci¨®n municipalista. Seg¨²n Fern¨¢ndez, el informe fue aprobado por unanimidad con "matizaciones" del representante del Bloque. Seg¨²n Francisco Garc¨ªa, el documento no se lleg¨® a someter a votaci¨®n.

La crisis se traslad¨® ayer a la comisi¨®n de cooperaci¨®n, donde se rompi¨® la tradicional unidad de voto que caracteriza a la Federaci¨®n Galega de Municipios e Provincias. Fue en el voto particular en el que esta organizaci¨®n mantiene "con contundencia" su discrepancia con el art¨ªculo 48, en el que consideran que se produce una injerencia en la autonom¨ªa local. Sin el respaldo del representante del Bloque en la Fegamp, este organismo reclama que se elimine el porcentaje obligatorio del 7% en el tr¨¢mite que deber¨¢ recorrer la ley, tanto en su fase de consulta al Consello Econ¨®mico e Social y al Consello Consultivo, como en su posterior tramitaci¨®n parlamentaria. Si populares y socialistas mantuviesen su rechazo en la C¨¢mara auton¨®mica, sus votos obligar¨ªan al BNG a modificar la ley.

Carlos Fern¨¢ndez mantuvo los argumentos de los ¨²ltimos d¨ªas contra el porcentaje, que para el presidente de la federaci¨®n municipalista se ha convertido "en una cuesti¨®n de principios". "Este hecho supone una invasi¨®n de competencias y una injerencia grave en la autonom¨ªa local", declar¨®. El 7% obligatorio "determina la acci¨®n de gobierno y limita la autonom¨ªa de los ayuntamientos sobre sus presupuestos".

De extenderse esta pr¨¢ctica a otros departamentos auton¨®micos, agreg¨® el presidente de la Fegamp, "acabar¨ªan reparti¨¦ndose virtualmente el presupuesto municipal". Esos fueron los argumentos que los responsables de la federaci¨®n expusieron en la Comisi¨®n Galega de Cooperaci¨®n Local, convocada para dictaminar el anteproyecto. Seg¨²n Carlos Fern¨¢ndez, el representante del Bloque apoy¨® el 7% "por disciplina de partido". Francisco Garc¨ªa, en cambio, defendi¨® la iniciativa de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, y atribuy¨® el rechazo de los dem¨¢s partidos a su "resistencia a aceptar los cambios" del sector nacionalista del Gobierno gallego.

Las discrepancias del BNG con socialistas y populares en la Fegamp se han visto acentuadas por el rechazo de la federaci¨®n a que la Vicepresidencia de la Xunta niegue la gesti¨®n de las galescolas a los ayuntamientos que se integren en el Consorcio de Servicios Sociais. La ejecutiva de la Fegamp sostiene que cuenta con el compromiso del vicepresidente del Gobierno gallego, Anxo Quintana, de permitir la gesti¨®n directa de las escuelas infantiles del consorcio, que preside el ex alcalde nacionalista de Vigo Lois P¨¦rez Castrillo.