"Lo ordena el juez, no el Gobierno"

El secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jaime Lissavetzky, estaba ayer en Valladolid, donde present¨® el proyecto electoral deportivo del PSOE, y no quiso comentar el auto de la Audiencia Nacional que deniega la petici¨®n de la Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol. Otras fuentes del CSD, sin embargo, transmitieron dos reflexiones: una, que, una vez m¨¢s, la justicia le quita la raz¨®n a ?ngel Mar¨ªa Villar; otra, que la Audiencia Nacional "obliga" a Villar a acatar la orden ministerial y a poner en marcha el proceso electoral en el primer trimestre de este a?o. "Ya no es que se lo ordene el Gobierno", explicaron dichas fuentes; "es que se lo ordena la Audiencia".

Entienden en el CSD que as¨ª se desactiva de manera efectiva la amenaza del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de expulsar a la selecci¨®n espa?ola de todo tipo de competiciones por la "injerencia" gubernamental en una organizaci¨®n "privada" como la federaci¨®n espa?ola.

"Es que, adem¨¢s, como expone el juez en su auto, en los propios estatutos de la federaci¨®n figura que ¨¦sta se inscribe en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol", a?aden en el CSD; "y, si se hubiera concedido la suspensi¨®n cautelar de la orden ministerial, se le habr¨ªa aplicado la orden de 2004, que es muy similar y que sirvi¨® de base a las anteriores elecciones, que no fueron impugnadas".

Aunque la Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol es de las que menos dependen de las subvenciones p¨²blicas para su funcionamiento -tan s¨®lo un 6% de su presupuesto procede de ellas-, argumento que su presidente desde 1988 y vicepresidente de la UEFA y la FIFA desde 2002, ?ngel Mar¨ªa Villar, utiliza como definitivo para avalar el car¨¢cter privado de su federaci¨®n, ¨¦sta tambi¨¦n ostenta el monopolio de gestionar la selecci¨®n nacional, en cuya camiseta figura el escudo de Espa?a y cuyos ingresos, v¨ªa patrocinios, suponen pr¨¢cticamente m¨¢s del 90% del presupuesto federativo.

De todas formas, el debate sobre el car¨¢cter p¨²blico o privado de la federaci¨®n "y la incidencia de la orden ministerial impugnada sobre el derecho de asociaci¨®n", precisa el juez en su auto, ser¨¢ el objeto principal de la sentencia que ponga fin al recurso.