El Estado compartir¨¢ la factura de los pr¨¦stamos bibliotecarios

Cuanto m¨¢s lejos del ruido del canon digital, mejor. Quiz¨¢ por ello, el Estado echar¨¢ un cable a las comunidades aut¨®nomas y asumir¨¢ una tercera parte de los costes del llamado canon bibliotecario, que se seguir¨¢ abonando por el concepto de adquisici¨®n de libros (a raz¨®n de 20 c¨¦ntimos de euro por ejemplar) y no por n¨²mero de pr¨¦stamos.

Sobre esas premisas, la Direcci¨®n General del Libro, Bibliotecas y Archivo del Ministerio de Cultura ultima el decreto que antes de junio debe reglamentar el controvertido pago que impone la normativa europea y que ha creado inquietud en el sector o directamente el rechazo en los responsables culturales de las diferentes comunidades.

El ministerio, que en un principio asegur¨® que no iba a entrar en el pago de esta remuneraci¨®n y excepcionalmente asumi¨® la totalidad de la misma del a?o pasado, estudia para 2008 un coste por ese concepto de 1.400.000 euros, de los que el Estado aportar¨¢ unos 460.000 que, en principio, "se distribuir¨¢n proporcionalmente por ratio demogr¨¢fica", asegura el director general del Libro, Rogelio Blanco, mientras que el resto recaer¨¢ en los presupuestos de las comunidades aut¨®nomas. "La participaci¨®n nos sigue pareciendo insuficiente: tendr¨ªamos que ir a la paridad del 50%", apunta Anna Falguera, directora general de Cooperaci¨®n Cultural de la Generalitat.

Deslealtad institucional

Falguera contraataca tambi¨¦n con una lectura jur¨ªdica: "la ley establece que quien debe abonar ese pago son los titulares de las bibliotecas y la Generalitat s¨®lo lo es de la de Catalu?a; el resto de 330 centros son municipales. Estamos en esta guerra por responsabilidad de gobierno y no porque nos toque; si no hay una ayuda mayor lo considerar¨ªamos una deslealtad institucional". Adem¨¢s, teme que el canon implique "que se destine a liquidarlo con dinero que iba a la compra de libros". Falguera tambi¨¦n desea aclarar con el ministerio si la cantidad que acabe destinando el gobierno central lo ser¨¢ por ratio de habitante o por compra de libro. El cambio de concepto es capital: por el primero, Catalu?a recibir¨ªa el 17%; por el segundo, al ser la comunidad aut¨®noma que m¨¢s invierte en dotaci¨®n de bibliotecas, llegar¨ªa a ingresar el 40%.

"Quien utiliza m¨¢s el coche, m¨¢s gasolina gasta y paga", parafrasea Blanco con relaci¨®n a esa inquietud catalana, a la vez que espera que las autonom¨ªas hagan "como el ministerio, que no hemos penalizado la partida de compra de libros, sino que se ha creado una nueva para ese concepto; tampoco hablamos de cantidades traum¨¢ticas: se ha hecho demasiada literatura tenebrista", sentencia el director general, que incluye en estas cifras nimias lo que pueda generar el pr¨¦stamo de libros procedentes del dep¨®sito legal o de las donaciones, aspectos que en principio no se contemplar¨¢n en el decreto. "Este tipo de libros suele ir a la Biblioteca Nacional o centros as¨ª, que no hacen pr¨¦stamo", dice Blanco.