El juzgado pospone los desahucios del centro comercial Gran V¨ªa

En Finca do Conde, en Vigo, promete implantarse una selva judicial. El juzgado que el lunes ten¨ªa que dictaminar el desahucio solicitado por ING Real Estate Devolepment (RED), promotora del centro comercial Gran V¨ªa, contra uno de los comerciantes que previamente demand¨® la nulidad del contrato de arrendamiento, se inhibi¨® por estar el asunto incurso en ¨¦sta y otras causas abiertas, hasta que se sustancie en ellas. Un 70% de los comerciantes, seg¨²n fuentes de los afectados, ha dejado de pagar el alquiler por falta de caja; la crisis hace mella en el empleo y los sume en la perplejidad como consecuencia de la ilegalidad urban¨ªstica del complejo.

ING RED a¨²n no ha informado de su estrategia para superar la crisis

ING RED est¨¢ tratando de enderezar discretamente la crisis. A¨²n no ha informado a los comerciantes arrendatarios sobre su estrategia para superarla, una vez desatada por la ilegalizaci¨®n del complejo, que les ha despose¨ªdo de legalidad en sus licencias y de su capacidad para traspasar el negocio o para cualquier otra gesti¨®n relacionada con ¨¦l. Temen los desahucios porque comportan la p¨¦rdida, al menos inicial, de mercanc¨ªas y mobiliario de los locales. Pero tambi¨¦n son conscientes de que la promotora no es partidaria de ejecutarlos ya que, de hacerlo, se condenar¨ªa a un cierre progresivo del complejo, sin opci¨®n a nuevas contrataciones mientras prevalezca su situaci¨®n de ilegalidad.

En esta tesitura, los comerciantes tratan de arreglar individualmente rebajas en los alquileres, que en algunos casos ya han sido aceptadas, y de "aguantar el tir¨®n hasta ver qu¨¦ pasa". La crisis, sin embargo, ya se hace ostensible sobre el empleo. Cuando se anunci¨® la construcci¨®n del complejo se se?alaba que crear¨ªa 800 empleos directos y 2.000 indirectos. En su inauguraci¨®n la cifra global se rebaj¨® a una expectativa de 1.500, aunque los reales se situaban en el millar. De ¨¦stos ya se han destruido unos 200, sin contar los empleados que, en la crisis, no cobran o han rebajado sus percepciones salariales.

Los comerciantes firmaron los contratos de arrendamiento con la promotora en 2005, adelantando tres meses de alquiler como fianza. Este desembolso y la adaptaci¨®n de los locales, alquilados como superficies l¨®bregas, hipotec¨® a casi todos, en su mayor¨ªa peque?as y medianas empresas seducidas por la propaganda de "la mayor superficie comercial de Galicia". Ahora aducen que no se les inform¨® de los procedimientos que determinaron en 2006 la ilegalidad del centro por sentencias del Tribunal Supremo, que confirm¨® las dictadas en 2003 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.