La Ley de Consumo prev¨¦ multas de hasta 600.000 euros

Cortar el suministro de un servicio de inter¨¦s general sin hab¨¦rselo comunicado al cliente, no entregar un presupuesto previo o negarse a ofrecer la garant¨ªa comercial a la hora de expender un producto. Todas esas conductas ser¨¢n penalizadas como infracciones leves con sanciones econ¨®micas de entre 100 y hasta 3.000 euros en la Lei de Consumo de Galicia cuyo borrador present¨® ayer el Conselleiro de Innovaci¨®n e Industria, Fernando Blanco.

La reiteraci¨®n de las pr¨¢cticas anteriores convertir¨¢ estas infracciones en graves y entonces las multas oscilar¨¢n entre los 3.000 y los 50.000 euros. Dentro de esta tipificaci¨®n aparecen adem¨¢s las cl¨¢usulas abusivas en los contratos y las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del cliente de poner fin a los contratos de prestaci¨®n de servicios o suministro de bienes y la negativa por parte de las empresas o personas jur¨ªdicas a someterse al laudo arbitral para resolver los conflictos y el incumplimiento de ¨¦ste.

Cuando el proveedor de servicios o bienes por acci¨®n u omisi¨®n produzca riesgos graves o da?os efectivos para la salud o la seguridad de los consumidores, la Xunta se reserva el derecho de incrementar el castigo desde los 50.000 hasta los 600.000 euros. Obstaculizar el trabajo de los inspectores de consumo ser¨¢ objeto de penas similares.

El nuevo texto que regular¨¢ permitir¨¢ a las autoridades "suspender de forma temporal el funcionamiento de instalaciones, establecimientos o servicios cuando representen un riesgo o perturbaci¨®n grave para la salud, la seguridad o los intereses econ¨®micos o sociales de los consumidores".

Derechos ling¨¹¨ªsticos

La norma considera "irrenunciables" todos los derechos que ampara y promueve que, en caso de que concurran varias normas legislativas de la Comunidad Aut¨®noma u otras instituciones, se resuelva el conflicto "de acuerdo a la condici¨®n m¨¢s beneficiosa para el consumidor".

Y ampara a los clientes a emplear el gallego en sus relaciones con profesionales y empresarios que tengan lugar en la comunidad aut¨®noma. El art¨ªculo 21 de la nueva ley que protege los derechos lingu¨ªsticos establece que "ning¨²n consumidor ser¨¢ discriminado por utilizar el gallego en sus relaciones comerciales". Lo contrario implicar¨ªa una infracci¨®n leve penada con entre 100 y 300 euros.