Valencia agudiza el boicoteo a Ciudadan¨ªa al impartirla en ingl¨¦s

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los barones emergentes del PP tras la derrota electoral del pasado domingo, se situ¨® ayer a la cabeza del boicoteo que realiza su partido contra la asignatura Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, una materia obligatoria para todos los alumnos seg¨²n la ley educativa aprobada en 2006.

Como en Madrid, a los valencianos se les permitir¨¢ objetar a la materia

El Supremo dirimir¨¢ las distintas sentencias sobre la asignatura

Camps ha dado un paso m¨¢s que el resto de comunidades controladas por el PP. Madrid ha decidido admitir la objeci¨®n de conciencia a esa asignatura a la vez que ofrece a los alumnos que no quieran cursarla actividades alternativas. Murcia dice que no ampara esa objeci¨®n, pero que habilitar¨¢ aulas para objetores. Ayer, la Comunidad Valenciana fue bastante m¨¢s lejos: amparar¨¢ la objeci¨®n, ofrecer¨¢ actividades alternativas y. adem¨¢s, impartir¨¢ la materia en ingl¨¦s.

Fue precisamente el otro gran rostro emergente del PP, la presidenta madrile?a, Esperanza Aguirre, quien lanz¨® la primera piedra la semana pasada, unos d¨ªas antes de las elecciones, al anunciar que permitir¨ªa el boicoteo masivo a Ciudadan¨ªa ampar¨¢ndose en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, que admiti¨® el derecho a objetar de un alumno por razones "filos¨®ficas o religiosas". La sentencia est¨¢ recurrida ante el Tribunal Supremo y, adem¨¢s, existen otras resoluciones en Catalu?a, Asturias y Arag¨®n en contra de admitir ese derecho. El resto de comunidades del PP (Comunidad Valenciana, Castilla y Le¨®n, La Rioja y Murcia) hab¨ªan anunciado que, si su partido ganaba las pasadas elecciones, la materia ser¨ªa eliminada.

El mi¨¦rcoles pasado fue la Comunidad de Murcia, presidida por el popular Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, quien abri¨® el fuego al se?alar que permitir¨ªa la objeci¨®n pero no la amparar¨ªa. Camps fue ayer m¨¢s lejos que nadie al a?adir a la objeci¨®n la iniciativa de ordenar que la asignatura se imparta en ingl¨¦s. Ni hay suficientes profesores preparados para hacerlo ni los alumnos cuentan con nivel suficiente de ese idioma como para enterarse del contenido de la clase, aseguran los sindicatos.

Alejandro Font de Mora, consejero valenciano de Educaci¨®n, que ya hab¨ªa ido adelantando en los ¨²ltimos meses la medida, inform¨® ayer sobre las piruetas administrativas que tiene previsto realizar a partir del curso que viene cuando se empiece a dar la asignatura en ESO y primaria (este a?o ya se ense?a en siete comunidades, ninguna del PP, y el pr¨®ximo la tienen introducir las dem¨¢s).

Camps da as¨ª una vuelta de tuerca al boicoteo a Ciudadan¨ªa justo en el momento en que el n¨²cleo con m¨¢s poder en el PP se recoloca tras la derrota electoral para conseguir mayores cuotas de influencia. Precisamente entre Aguirre y Camps, que han dado a los populares los mejores resultados el 9-M, se han significado en esa pugna por pesar m¨¢s en la nueva etapa, que se ha iniciado con la salida de Eduardo Zaplana, enemigo de Camps, quien intenta colocar como nuevo portavoz del PP en el Congreso a su n¨²mero dos, Esteban Gonz¨¢lez Pons. Aguirre, en cambio, prefiere al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro.

El PP murciano tambi¨¦n movi¨® el mi¨¦rcoles ficha. Su consejero de Educaci¨®n, Juan Ram¨®n Medina, explic¨® ayer a este peri¨®dico que ni aceptar¨¢ ni rechazar¨¢ las objeciones a Ciudadan¨ªa hasta que no se pronuncie el Supremo y clarifique las distintas sentencias contradictorias entre s¨ª. Pero el hecho es que los objetores tendr¨¢n habilitada un aula, quiz¨¢ tambi¨¦n con actividades alternativas, para pasar el tiempo mientras sus compa?eros estudian Ciudadan¨ªa. Al final de curso, no ser¨¢n evaluados si no se ha pronunciado a¨²n el Supremo.

Tanto Camps como Aguirre han insistido en que no est¨¢n promoviendo la objeci¨®n y en que no vulnerar¨¢n la ley aunque permitan, faciliten y den soluciones administrativas al boicoteo. Sin embargo, el Gobierno ya calific¨® la decisi¨®n de Aguirre de irresponsable por hacer un llamamiento al incumplimiento de la ley. El Ministerio de Educaci¨®n ha explicado que lo que se est¨¢ poniendo en peligro es la educaci¨®n de los ni?os que objeten, ya que, si no se reconoce finalmente en el Tribunal Supremo ese derecho, no recibir¨¢n el t¨ªtulo de la ESO. El Gobierno del PSOE ha defendido siempre la como una asignatura, impulsada por la UE, que se ense?a en la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos y pretende transmitir a los j¨®venes los valores constitucionales, los derechos universales o la igualdad. Mientras, el PP, los obispos y distintas organizaciones conservadoras han rechazado la materia porque, aseguran, s¨®lo pretende "adoctrinar" a los alumnos.