Huelga en Justicia

A punto de cumplirse dos meses desde su inicio, la huelga de funcionarios de Justicia de las siete autonom¨ªas que no tienen transferidas las competencias sobre la materia (gesti¨®n del personal auxiliar y de los recursos presupuestarios) no tiene visos de llegar a su fin. La situaci¨®n se encamina a un mayor endurecimiento, con amenazas de expedientes disciplinarios y reproches de incumplimiento de los servicios m¨ªnimos.

El da?o infligido a los ciudadanos en este tiempo es ya considerable, desde esperas de d¨ªas y semanas y con largas colas incluso en la calle y a la intemperie para inscribir un nacimiento o un matrimonio y obtener un certificado de ¨²ltimas voluntades hasta la suspensi¨®n y el aplazamiento sine die de numerosos juicios. Los actos judiciales suspendidos oscilan entre los 41.000, seg¨²n el Ministerio de Justicia, y los 110.000, seg¨²n los huelguistas. Pero, m¨¢s all¨¢ de las cifras, lo que evidencia esta huelga son los m¨²ltiples efectos que provoca, a cual m¨¢s nocivo para el ciudadano. A los inmediatos, como es un servicio m¨¢s lento o sencillamente su denegaci¨®n, se a?aden los que en cascada se proyectan sobre otras administraciones e incluso sobre el mundo laboral, donde se exigen documentos que el ciudadano no puede aportar por culpa de la huelga. Todav¨ªa quedan los efectos diferidos que durar¨¢n el tiempo necesario -meses o quiz¨¢s un a?o- para sacar adelante la acumulaci¨®n de asuntos sin tramitar.

Llama la atenci¨®n que la huelga contin¨²e a pesar de la escasa diferencia, apenas 20 euros, que separa a las partes en el terreno econ¨®mico. Pero entre los 180 euros mensuales que ofrece el Ministerio de Justicia y los 200 que piden los funcionarios se interpone una abismal diferencia de concepto sobre la mejora salarial en discusi¨®n. Mientras los funcionarios piden una equiparaci¨®n de retribuciones con sus compa?eros de las otras comunidades, basada en el agravio comparativo que supone que unos ganen m¨¢s y otros menos ejerciendo las mismas funciones, el Ministerio de Justicia mantiene que esa equiparaci¨®n salarial debe responder a un compromiso de mejora de los servicios judiciales prestados al ciudadano. La posici¨®n del Ministerio de Justicia tiene su l¨®gica: la gesti¨®n de los servicios traspasados, incluido su correspondiente presupuesto, es responsabilidad de cada una de las autonom¨ªas. La referencia para la equiparaci¨®n salarial no puede ser, entonces, s¨®lo y exclusivamente el agravio comparativo, sino la calidad de la gesti¨®n y del servicio prestado.

Una vez despejada la composici¨®n del Gobierno, el ministro de Justicia no tiene mejor tarea que hacer que dedicarse por completo a negociar una salida razonable a la huelga. Y por parte de los huelguistas deber¨ªa haber, al menos, el compromiso inequ¨ªvoco de poner al d¨ªa lo m¨¢s r¨¢pidamente posible el c¨²mulo de anotaciones, expedientes y se?alamientos que han quedado amontonados.