La insaciable reivindicaci¨®n del PP
Los populares exigen ahora 500 millones de euros anuales m¨¢s a Zapatero
El PP act¨²a como un martillo pil¨®n sobre el gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, aunque este se encuentre en funciones. No hay d¨ªa en que uno o varios cargos p¨²blicos u org¨¢nicos del PP no responsabilicen al Gobierno de Espa?a de ser el origen de cualquier problema. El abanico reivindicativo es amplio. Desde el sistema de financiaci¨®n auton¨®mico hasta la quema de contenedores, pasando por la inmigraci¨®n o la crisis del ladrillo, todos los problemas que se abaten sobre la Comunidad Valenciana son responsabilidad de los socialistas.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, destina un solo polic¨ªa local a un barrio conflictivo con los inmigrantes; pero si en esa zona se producen agresiones violentas la culpa ser¨¢ del Gobierno que no env¨ªa suficientes polic¨ªas nacionales. Si arden los contenedores de basura en los barrios de la capital, Zapatero es culpable. Y lo mismo ocurre si una juez retrasa las obras del aeropuerto de Castell¨®n, si crece el paro por culpa de la crisis del ladrillo, o si la Generalitat de Catalu?a quiere hacer un trasvase del Segre. Siempre la culpa es de Zapatero, aunque la ministra de Medio Ambiente se oponga a la toma de agua desde ese afluente del Ebro.
Los populares inician una campa?a de recogida de firmas
Blasco: "En 10 a?os habr¨¢ que destinar 1.000 millones para los inmigrantes"
Los socialistas creen que el PP act¨²a como un partido nacionalista
Coherentes con el insaciable af¨¢n revindicativo que caracteriza la pol¨ªtica de los populares valencianos, ayer su secretario general, Ricardo Costa, acompa?ado de sus compa?eros en las tres provincias, escenific¨® el inicio de una campa?a de recogida de firmas para "exigir" al Gobierno de Espa?a el pago anual de 500 millones de euros hasta que no se cambie el modelo de financiaci¨®n. El argumento para tama?a reivindicaci¨®n es el hecho cierto de que el n¨²mero de habitantes de la Comunidad Valenciana ha aumentado en un mill¨®n.
La realidad pol¨ªtica, que el PP no quiere recordar, es que el actual modelo de financiaci¨®n se realiz¨® a propuesta de Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat y portavoz en funciones del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados. Un modelo que aprob¨® el gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, present¨¢ndolo como "definitivo" y que el actual presidente del Consell, Francisco Camps, defendi¨® durante muchos a?os como inmejorable. Ahora ya no vale. Seguramente porque los mecanismos de modificaci¨®n para tener en cuenta el incremento de poblaci¨®n son tan complejos que resultan intrasladables a la autonom¨ªa valenciana.
La Generalitat es la autonom¨ªa de Espa?a con mayor deuda en relaci¨®n con su PIB -el PSPV record¨® ayer que cada valenciano deber¨ªa aportar 2.725 euros para hacer frente a los cr¨¦ditos comprometidos por el Consell-, lo que no es obst¨¢culo para que mantenga una fuerte apuesta por grandes eventos, con patrocinios econ¨®micos importantes. Costa ayer se comprometi¨®, durante la presentaci¨®n de la campa?a de recogida de firmas Somos 5 millones (muy similar a la de Som 7 mil¡¤lions que lanz¨® Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat catalana), a destinar "de forma ¨ªntegra" el dinero que aporte el Gobierno central a "sanidad, educaci¨®n y dependencia". Esta semana se ha sabido que el Defensor del Pueblo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la gesti¨®n de la Ley de Dependencia que hace el gobierno valenciano por convertir el silencio administrativo en negativo ante las peticiones de los ciudadanos que se sienten con derecho a percibir las ayudas por ser discapacitados.
El PP piensa recoger el mayor n¨²mero de firmas distribuyendo hojas a trav¨¦s de las estructuras locales, comarcales y provinciales de su partido, as¨ª como a trav¨¦s de su p¨¢gina web. Los populares tambi¨¦n presentar¨¢n mociones en ayuntamientos, diputaciones y en las Cortes Valencianas. Seg¨²n Ricardo Costa esta iniciativa busca "firmas sin ideolog¨ªa, porque la financiaci¨®n que pedimos se va a aplicar en beneficio de todos".
En el PP, sin embargo, no todos est¨¢n de acuerdo en el modelo de financiaci¨®n auton¨®mico a seguir. Desde la Junta de Castilla-Le¨®n, en manos de los populares, se subray¨® ayer mismo que no pueden "admitir una revisi¨®n del modelo de financiaci¨®n en base s¨®lo al criterio de poblaci¨®n", sino que deben incluirse otros factores "solidarios", como el de la dispersi¨®n geogr¨¢fica de sus habitantes, seg¨²n informa Europa Press.
A la reivindicaci¨®n de un cambio de modelo de financiaci¨®n auton¨®mica que reclam¨® Ricardo Costa se sum¨® tambi¨¦n la de Rafael Blasco. El consejero de Inmigraci¨®n y Ciudadan¨ªa anunci¨® que la Generalitat tendr¨¢ que afrontar dentro de 10 a?os un gasto anual de 971.565.000 millones para atender al casi mill¨®n y medio de habitantes que residir¨¢n en la Comunidad Valenciana. Blasco afirm¨® que la Generalitat destina 665 euros a cada uno de los 732.102 extranjeros que en la actualidad viven en este territorio. Cifra que contrapuso con la inversi¨®n del Gobierno, que redujo a 27 euros por inmigrante.
En un a?o, se quej¨® el consejero, el presupuesto del Gobierno central destinado a la inmigraci¨®n ha pasado de 22,71 millones a 22,81, pese a que durante 2007 la poblaci¨®n extranjera ha aumentado en 64.027 personas. Blasco, apoy¨¢ndose en datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica, constat¨® que la poblaci¨®n inmigrante en la Comunidad Valenciana es cada vez m¨¢s joven. En el caso de Valencia y Castell¨®n los menores de 19 a?os superan a los de 65, cosa que no ocurre en Alicante.
Frente a la ofensiva del PP, los socialistas, a trav¨¦s de Alfred Boix, secretario de Organizaci¨®n de la comisi¨®n gestora, respondieron acusando a los populares de "radicalizarse" en su oposici¨®n al Gobierno de Espa?a y se?alaron que iniciativas como la recogida de firmas "supone un paso sin retorno en su refundaci¨®n como partido nacionalista". Boix se pregunt¨® si, despu¨¦s de actuaciones como las emprendidas por el PP, qu¨¦ m¨¢s se puede esperar y se contest¨®: ?Acaso la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum?
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