El fiscal denunciar¨¢ por conductas racistas a vecinos de Pontevedra

El fiscal del caso y m¨¢ximo responsable de la Fiscal¨ªa de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, tiene previsto elevar al juzgado, este mismo mes, las diligencias abiertas por los incidentes ocurridos en el barrio de Monte Porreiro contra miembros del colectivo gitano por parte de varios vecinos, algunos de los cuales todav¨ªa no han sido identificados.

Bien sea como querella o como demanda, el fiscal actuar¨¢ en su denuncia contra los vecinos de Pontevedra implicados en presuntos delitos contra los derechos fundamentales en su versi¨®n de racismo, xenofobia y discriminaci¨®n, adem¨¢s de imputaciones por supuestos da?os, coacciones, amenazas e injurias leves.

Vicepresidencia cita a los implicados para buscar una soluci¨®n

Aladro tom¨® declaraci¨®n ayer a tres de las presuntas v¨ªctimas, para concretar la denuncia y los delitos que pudieran derivarse de estos incidentes, ampliando las diligencias informativas que el fiscal prev¨¦ cerrar en 15 d¨ªas. Ahora, la Fiscal¨ªa proceder¨¢ a identificar a varios vecinos de Pontevedra, que aparecen implicados en estos hechos y mencionados en las declaraciones que han prestado los afectados del colectivo gitano. El fiscal advirti¨®, en todo caso, de que el conflicto de los realojos no se va resolver en el juzgado.

Los antiguos vecinos de O Vao, realojados temporalmente en las calles Alemania y Portugal, en Monte Porreiro, y que ayer declararon son Magdalena Montoya, Roc¨ªo Juncal y Antonio Jim¨¦nez. Todos ellos narraron sus avatares en el barrio pontevedr¨¦s, que abandonaron por el acoso y la presi¨®n del vecindario. Durante los ¨²ltimos d¨ªas en Monte Porreiro, a primeros de marzo, el hostigamiento subi¨® de tono y se registraron desperfectos en las propiedades de los realojados que los obligaron a abandonar el barrio.La violencia denunciada por los realojados en Monte Porreiro estall¨® la noche del d¨ªa 11, seg¨²n su relato de ayer ante el fiscal, cuando al volver a casa se encontraron con la cerradura de la verja del edificio "reventada" y tuvieron que entrar por el garaje. "La gente ven¨ªa con palos detr¨¢s de nosotros", recuerda Magdalena Montoya, que a?ade: "Ten¨ªamos miedo de que se nos echaran encima, una nuera m¨ªa se cay¨® en la escalera escapando con la cr¨ªa en brazos". "Aquello era tal presi¨®n que esa noche no dormimos, incluso despu¨¦s de que se fueran", asegura. Fue casi la ¨²ltima; tres d¨ªas despu¨¦s abandonaban la capital para volver al poblado del que hab¨ªan sido desalojados.

Sus gestos se debat¨ªan ayer entre el abatimiento y la indignaci¨®n. Todav¨ªa no se explican el rechazo que su llegada gener¨®. "No somos perros para que nos echen a la calle, tenemos derecho a vivir en una casa digna. Queremos una oportunidad para convivir", dicen. Magdalena recuerda c¨®mo el acoso y el control de los vecinos no cesaba: "No pod¨ªamos ni salir a hacer la compra, estaban todo el d¨ªa all¨ª enfrente, cuchicheando". Una presencia que causaba "mucha tensi¨®n" y que desvinculan del miedo al trapicheo. "Es por racismo, porque all¨ª ya hay droga y traficantes", acusan.

Fueron concentraciones casi diarias a las puertas de su casa, en algunas ocasiones pasada la medianoche y con sirenas, silbatos y altavoces en mano. El presidente de la Asociaci¨®n del Pueblo Gitano, Sina¨ª Gim¨¦nez, pregunt¨® ayer "qu¨¦ hac¨ªan a la una de la madrugada los vecinos golpeando las casas, amenazando y tirando petardos de gran potencia", en respuesta a las declaraciones de la asociaci¨®n O Mirador, cuyos l¨ªderes afirmaron el lunes que las manifestaciones fueron s¨®lo ante las administraciones. El abogado del colectivo cal¨¦, Fernando Romay, que acompa?¨® ayer a los gitanos al juzgado, record¨® que "hay muchas formas de intimidar, m¨¢xime cuando van 200 personas a atemorizar a nueve".

Ahora, Montoya afirma estar "mal de los nervios", aunque la peor parte se la llevan los m¨¢s peque?os: "Tengo un chico de 14 a?os, al que he criado yo, que no quiere ir al colegio porque le est¨¢n preguntando todo el d¨ªa". Quieren marcar la diferencia y subrayan: "A nosotros nos han quitado las casas, pero no hemos ido a pegar ni a insultar al alcalde", en referencia al intento de agresi¨®n contra el alcalde de Poio, Luciano Sobral. ?ste confirm¨® ayer que la denuncia por el altercado con vecinos de Monte Porreiro es inminente. Lo hizo al t¨¦rmino de un encuentro con representantes de Caritel, donde permanecen otras dos familias a pesar de la tensi¨®n que se refleja en el cruce de insultos entre payos y gitanos. "Piden una soluci¨®n y nosotros ofrecemos una mesa de trabajo que tendr¨¢ lugar el jueves en Vigo", afirm¨® Sobral.

All¨ª se dar¨¢n cita en sendas reuniones todos los agentes implicados en los procesos de Monte Porreiro y Caritel, a petici¨®n de Vicepresidencia. Sobre la mesa estar¨¢ la aldea permanente que defiende Sobral, frente a los poblados de transici¨®n que propone el vicepresidente da Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana, ambos del BNG. La idea del regidor es urbanizar O Vao, dotarlo de una comisar¨ªa propia y legalizar algunas de las chabolas existentes sin que el poblado vaya a m¨¢s, de modo que sea ocupado por las familias gitanas a medida que avance el proceso de integraci¨®n, seg¨²n informa Europa Press. En este momento queda pendiente de derribo la chabola n¨²mero 43 -ahora ocupada por la familia que dej¨® el piso de la calle Portugal-, a expensas de que el juez emita un requerimiento en firme. Al margen hay tres construcciones m¨¢s de car¨¢cter ilegal: dos aseos y un galp¨®n. Este ¨²ltimo pertenece al adjudicatario de un piso en la calle Alemania del que "no lleg¨® a tomar posesi¨®n, aunque su hija s¨ª", apunta Sobral. Su demolici¨®n va para largo.

Por otro lado, la plataforma Pontevedra Intercultural sigue sumando apoyos con cerca de un centenar de firmas y nuevos colectivos como Fundaci¨®n Emaus, Verdegaia y Asociaci¨®n Inclusi¨®n. El s¨¢bado pondr¨¢n en marcha una recogida de firmas y otras actuaciones de apoyo al colectivo gitano y en contra del racismo.