Ayudar a Erdogan

La oposici¨®n y el establishment laico de Turqu¨ªa, que incluye a los mandos militares, han logrado un primer ¨¦xito con la admisi¨®n a tr¨¢mite por el Tribunal Constitucional de una acusaci¨®n contra el presidente G¨¹l, el primer ministro Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) por "actividades antilaicas" y por adoptar el islam como referencia. Dar este paso, despu¨¦s de las elecciones que gan¨® ampliamente el AKP, equivale a intentar ganar por v¨ªa judicial lo que no lograron en las urnas por dos veces. Una parte de los laicistas no s¨®lo defienden su concepci¨®n de la pol¨ªtica, sino sus privilegios. La UE, a trav¨¦s de su comisario de la ampliaci¨®n, Olli Rehn, ha salido en defensa de la democracia en ese pa¨ªs pivote entre Occidente y Oriente, cuyo actual Ejecutivo ha sido m¨¢s reformista y europe¨ªsta que los precedentes. Y los Gobiernos deben ser igual de tajantes.

El gran crimen de Erdogan, G¨¹l y el AKP, la transgresi¨®n de la l¨ªnea roja tal como lo ven los laicistas, es permitir que las estudiantes universitarias (no las profesoras) puedan llevar el pa?uelo isl¨¢mico a clase. Es un paso t¨ªmido, y una posibilidad que no proh¨ªbe ning¨²n otro pa¨ªs europeo. Constituye sin duda un gui?o a su electorado, pues el AKP tiene ra¨ªces isl¨¢micas, aunque no formales. En un pa¨ªs de mayor¨ªa musulmana, no cabe decir que se trate de un desaf¨ªo al Estado laico, sino de una ampliaci¨®n de los derechos razonables, si bien significa un mayor conservadurismo social.

Aunque el fallo del Constitucional tarde meses en llegar, en unas semanas se deber¨ªa ver c¨®mo se organiza la vista. Es necesaria una salida r¨¢pida, l¨®gica y consensuada. El caso ha llenado de incertidumbre a una econom¨ªa turca que ha entrado en una fase de menor crecimiento tras unos a?os dorados que han beneficiado al AKP. ?ste ha ampliado su base de sectores rurales y pobres a una nueva burgues¨ªa urbana, aunque conservadora en materia moral y de costumbres.

Un fallo en contra de Erdogan y los suyos podr¨ªa incapacitar pol¨ªticamente al primer ministro, al presidente y a su partido -como ocurri¨® anteriormente-, y todo en nombre de una Constituci¨®n que dictaron los militares en 1980. Pero la Uni¨®n Europea no puede permitir tal tropel¨ªa a sus puertas y en un Estado con el que est¨¢ negociando la adhesi¨®n.