T¨¢boas espera que la nueva ley no sufra demoras
Igual que hizo con la ley de vivienda protegida, Teresa T¨¢boas tambi¨¦n acatar¨ªa en esta ocasi¨®n la retirada del r¨¦gimen de incompatibilidades a la promoci¨®n inmobiliaria, aunque descarta el criterio de Presidencia. Seg¨²n fuentes de Vivenda, la prohibici¨®n no regula la funci¨®n p¨²blica, sino la actividad inmobiliaria. Argumentan adem¨¢s que los art¨ªculos afectados cuentan con informes jur¨ªdicos y existen en otras comunidades aut¨®nomas.
Las mismas fuentes confiaron en que las objeciones de la Conseller¨ªa de Presidencia no supongan una demora importante en el anteproyecto legislativo. "Se aprobar¨¢ pronto", garantiz¨® un portavoz del departamento que dirige Teresa T¨¢boas.
Las discrepancias entre las conseller¨ªas de Presidencia y Vivenda se producen despu¨¦s de que ¨¦sta solventara sus diferencias con la Direcci¨®n Xeral de Urbanismo, que puso objeciones a la regulaci¨®n que el anteproyecto de Lei de Vivenda hace de la concesi¨®n de licencias y de las situaciones de ruina. Seg¨²n el departamento de la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial, la regulaci¨®n que preve¨ªa Vivenda sobre los permisos y las ruinas introduce confusi¨®n.
Otros cargos
Por lo dem¨¢s, el per¨ªodo de alegaciones de la futura ley sirvi¨® para que, a instancias de la Federaci¨®n Galega de Municipios e Provincias, las incompatibilidades para alcaldes y concejales se hicieran extensivas al resto de cargos de las distintas administraciones. El anteproyecto establece en su art¨ªculo 16: "Los agentes promotores que accedan a un cargo representativo, o sean personal directivo en una Administraci¨®n municipal, no podr¨¢n desempe?ar actividades de promoci¨®n en el mencionado ayuntamiento durante el tiempo que dure su cargo o mandato".
El borrador de la norma considera el incumplimiento de esta obligaci¨®n una infracci¨®n muy grave, que podr¨¢ ser sancionada con una multa que puede oscilar entre 60.001 euros y un mill¨®n de euros. Adem¨¢s, la empresa podr¨¢ ser inhabilitada para participar en promociones de viviendas protegidas de la comunidad durante seis a?os.
De acuerdo con
el proyecto de Vivenda, la Xunta podr¨¢ rehabilitar edificios y cargar los gastos a los propietarios, con el objetivo de que se cumpla la obligaci¨®n de los due?os de inmuebles a conservarlos en condiciones de seguridad y salubridad.
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