La juez dicta que el fraude electoral en Argelita no lleg¨® a consumarse

La titular del juzgado de primera instancia e instrucci¨®n n¨²mero 3 de Nules ha decretado el archivo provisional del caso del censo de Argelita por empadronamientos irregulares. Tras m¨¢s de un a?o de instrucci¨®n, la juez entiende que no se consum¨® el delito, ya que la oficina del censo electoral no registr¨® un aumento en la poblaci¨®n con derecho a voto. El aumento en el censo electoral no lleg¨® a consumarse ya que el entonces alcalde, el socialista Jos¨¦ Ib¨¢?ez, interrumpi¨® los procesos de empadronamiento en el momento en el que detect¨® el posible fraude electoral. El PSPV ya ha anunciado que recurrir¨¢ el archivo de la causa ante el mismo juzgado y ante la Audiencia Provincial, porque, en su opini¨®n, el delito se produjo "en grado de tentativa".

La denuncia se remonta a febrero del a?o pasado, tres meses antes de las elecciones municipales de mayo de 2007, cuando el alcalde de la localidad detect¨® un intento de empadronamiento masivo de hasta 31 personas en un municipio de apenas 100 habitantes, despu¨¦s de que los concejales del PP reclamaran solicitudes de altas en el padr¨®n que, posteriormente, fueron remitidas por correo. Algunos de los domicilios rese?ados como residencia de los nuevos vecinos coincid¨ªan con los de los propios concejales. Sin embargo, la documentaci¨®n que hab¨ªan de presentar para tramitar las altas en el padr¨®n estaba incompleta, ya que faltaba por especificar el municipio en el que causaban baja. As¨ª, el alcalde bloque¨® los empadronamientos y los socialistas interpusieron la denuncia ante el juzgado, en la que acusaban a dos concejales y los siete propietarios de las viviendas en las que se pretend¨ªan registrar los empadronados de un presunto delito de fraude electoral.

Tras el archivo del caso, siguen pendientes otros similares en Cabanes, Fanzara, Vall d'Alba, Santa Magdalena de Pulpis y Sant Jordi.Entre los acusados por el caso de los presuntos empadronamientos irregulares en Argelita se encontraban dos concejales del PP de la localidad, adem¨¢s de un ex concejal popular, tambi¨¦n antiguo edil de Castell¨®n, "as¨ª como varias personas afines con este partido", tal como expres¨® el ahora ex alcalde.

Cuando el caso comenz¨® a conocerse y surgi¨® la pol¨¦mica, una de las concejales del PP, Avelina Chiva, admiti¨® que la operaci¨®n no hab¨ªa sido iniciativa del PP local, sino que hab¨ªan recibido instrucciones "de los que mandan". Sin embargo, la direcci¨®n del PP, que preside Carlos Fabra en la provincia de Castell¨®n, no dio ninguna explicaci¨®n. Avelina Chiva dijo que las altas en el padr¨®n eran pr¨¢ctica habitual en otros pueblos y lleg¨® a reconocer que la intenci¨®n no era otra que repercutir en los resultados de las entonces cercanas elecciones locales. En ¨¦stas, el PP gan¨® por 11 votos de diferencia al PSPV.

Durante la tramitaci¨®n de las diligencias, la juez llam¨® a declarar a las 31 personas que hab¨ªan intentado empadronarse en Argelita, para interrogarlas como testigos. Sin embargo, el PP reclam¨® que acudieran al juzgado como imputados por el mismo presunto delito ya que la participaci¨®n de ¨¦stos para el supuesto intento de fraude fue fundamental porque facilitaron su documentaci¨®n y datos personales. Cuando la juez as¨ª lo admiti¨®, se negaron a responder a las preguntas del interrogatorio, derecho al que no habr¨ªan podido acogerse como testigos.

Ahora, la juez ha decidido archivar el caso, de forma provisional, porque no se ejecut¨® el incremento del censo. Por ello, los socialistas pedir¨¢n que se valore el intento de llevar a cabo el fraude.

?ste no es el ¨²nico caso de supuestos fraudes electorales que se encuentra en el juzgado. El PSPV present¨® denuncia tambi¨¦n por los censos de Fanzara -donde el PP gan¨® por 13 votos-, Vall d'Alba, Santa Magdalena de Pulpis y Sant Jordi, mientras que EU lo hizo en Cabanes. En todos ellos se llev¨® a cabo el empadronamiento ya que, aunque fue denunciado antes de las elecciones, sus respectivos alcaldes, todos ellos del PP, no paralizaron el proceso y los "nuevos vecinos" pudieron ejercer su derecho a votar en sus nuevos domicilios. Y todo ello a pesar de las sospechas que llevaron al Instituto Nacional de Estad¨ªstica a enviar requerimientos para que certificaran que hab¨ªan comprobado que las altas en el censo se correspond¨ªan con la realidad.