Caso y juez a la medida

La investigaci¨®n judicial sobre supuestas pr¨¢cticas abortivas ilegales en la cl¨ªnica del doctor Mor¨ªn, en Barcelona, pendiente todav¨ªa de dilucidar en el correspondiente juicio, fue el punto de arranque de una formidable campa?a de sectores ideol¨®gicamente contrarios al aborto, en especial los grupos autodenominados provida, contra las cl¨ªnicas autorizadas para la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en los supuestos previstos en la ley. Pero lo que no pod¨ªa sospecharse es que la investigaci¨®n llevada a cabo poco despu¨¦s por el Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil contra la cl¨ªnica Isadora, de Madrid, tendr¨ªa todos los visos de ser un caso prefabricado que los agentes mantienen abierto en un claro acto de desobediencia al juez que inicialmente orden¨® su archivo y hasta que encontraron un juez m¨¢s receptivo a sus prop¨®sitos.

Ya llam¨® la atenci¨®n que la actuaci¨®n del Seprona, inicialmente justificada por la denuncia de una plataforma antiabortista sobre la supuesta eliminaci¨®n irregular de residuos org¨¢nicos en la cl¨ªnica Isadora, se transformara muy pronto en una b¨²squeda apremiante de abortos ilegales, excedi¨¦ndose probablemente en sus competencias. Pero resulta especialmente grave que en contra del archivo inicial del caso y desoyendo las ¨®rdenes del juez de abstenerse de "elucubrar sobre abortos ilegales", los agentes del Seprona siguieran investigando por libre, manipulando los residuos sin autorizaci¨®n judicial y s¨®lo con el aval sanitario de la Comunidad de Madrid, hasta que otro juez, ignorante de los antecedentes judiciales del caso, se avino a abrir nuevas diligencias.

La actuaci¨®n de los agentes no s¨®lo debe tener consecuencias administrativas, una vez que concluya la investigaci¨®n abierta por el Ministerio del Interior. Deber¨¢ tambi¨¦n tener consecuencias procesales, pues es dif¨ªcil admitir que una investigaci¨®n policial llevada a cabo con insuficiente o nulo control judicial sea v¨¢lida y no contamine de nulidad el procedimiento entero. No basta que un juez lo avale con posterioridad, como se ha cansado de se?alar el Tribunal Supremo. Pero, adem¨¢s, el procedimiento judicial seguido contra la cl¨ªnica Isadora a partir de una investigaci¨®n bajo sospecha parece dirigido sobre todo a intimidar a las mujeres que se acogieron a los supuestos de aborto previstos en la ley, adem¨¢s de indagar si hubo vulneraciones de la misma.

No se comprende que las primeras investigadas hayan sido las pacientes, incluidas dos menores de 13 y 15 a?os, con citaciones personales en sus domicilios que violan su intimidad, y no los responsables m¨¦dicos y administrativos de la cl¨ªnica. El aborto ilegal debe ser perseguido, pero no con mayor fuerza que debe ser amparado el aborto legal y la decisi¨®n de las mujeres que se acogen a ¨¦l. Parece evidente que algunos jueces, y no s¨®lo colectivos e instancias pol¨ªticas beligerantes contra el aborto, tienen inter¨¦s s¨®lo en lo primero.