Nuevas paradojas latinoamericanas

Am¨¦rica Latina atraviesa por un momento curioso. Por un lado, en materia de crecimiento econ¨®mico, consolidaci¨®n de la democracia representativa, reducci¨®n de la pobreza, ensanchamiento de la clase media y respeto por los derechos humanos, hace decenios que las cosas no iban tan bien. Entre 2004 y 2007 se han alcanzado tasas de expansi¨®n desconocidas desde los a?os setenta; con la excepci¨®n de Cuba, y con todos los asegures que se quiera en algunos pa¨ªses, el poder se conquista en las urnas y las libertades fundamentales se protegen. Las debilidades indudables de este panorama est¨¢n a la vista -crecimiento gracias al boom de commodities, tentaciones autoritarias en varias naciones, persistencia de niveles de desigualdad intolerables, violencia e inseguridad omnipresentes. Pero no hay comparaci¨®n con el ¨²ltimo medio siglo.

Am¨¦rica Latina sufre ahora numerosos conflictos entre pa¨ªses y dentro de cada pa¨ªs

La independencia es dif¨ªcil porque los monopolios son m¨¢s fuertes que nunca

Y sin embargo, perduran dos retos ancestrales de la regi¨®n, en cuya soluci¨®n no parece haber avances significativos. En primer t¨¦rmino, hace una eternidad que la zona no padec¨ªa tantos conflictos entre pa¨ªses, y dentro de sus pa¨ªses. Chile y Bolivia, Chile y Per¨², Colombia y Venezuela, Colombia y Nicaragua, Colombia y Ecuador, Venezuela de una manera u otra con todo el mundo (incluyendo a Espa?a): el n¨²mero de enfrentamientos fronterizos, hist¨®ricos, lim¨ªtrofes, mar¨ªtimos y pol¨ªticos es impresionante. Y en el seno de casi cada sociedad latinoamericana, la situaci¨®n se ha polarizado a extremos in¨¦ditos desde lustros atr¨¢s: Bolivia y la secesi¨®n "goya", los estudiantes chilenos, M¨¦xico y las secuelas de la elecci¨®n presidencial de 2006, Venezuela y su polarizaci¨®n exacerbada por los repetidos excesos de Ch¨¢vez, Ecuador, Nicaragua, El Salvador en el horizonte, son todos ellos ejemplos de niveles de extrema tensi¨®n interna.

En segundo lugar, la perenne concentraci¨®n del poder -pol¨ªtico, econ¨®mico, intelectual, religioso- en Am¨¦rica Latina se encuentra m¨¢s fuerte que nunca. Los monopolios eternos, p¨²blicos y privados, econ¨®micos y financieros, sindicales y medi¨¢ticos, pol¨ªticos y electorales siguen poblando aterradoramente el paisaje de la regi¨®n. A este respecto, un modesto pero altamente simb¨®lico gesto y paso adelante lo constituye la demanda presentada por el que escribe al Estado mexicano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica. La audiencia p¨²blica de la demanda se llev¨® a cabo en San Jos¨¦ el pasado 8 de febrero; en ella se discutieron tres temas, uno de procedimiento y dos de fondo. En los tres existen razones para guardar un cauto optimismo.

El autor de estas l¨ªneas busc¨® ser candidato independiente a la presidencia de M¨¦xico en 2006. Al estar reservado exclusivamente a los partidos pol¨ªticos el derecho a postular candidatos a cargos de elecci¨®n popular (como es el caso en otros pa¨ªses de Am¨¦rica Latina, como Brasil, pero no en todos, como en Colombia y Chile), el suscrito se ampar¨®y pidi¨® a la Suprema Corte resolver si el c¨®digo electoral viola o no la Constituci¨®n, que garantiza el derecho a votar y ser votado. La Suprema decidi¨® por dos votos no considerar el tema, oblig¨¢ndome a acudir a instancias internacionales. Despu¨¦s de varios litigios, el Estado mexicano qued¨® demandado ante la CIDH por negarme acceso a justicia, y por violar el art¨ªculo de la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos que establece los requisitos admisibles para ejercer el derecho ciudadano a ser votado.

En la audiencia de Costa Rica, el Gobierno del presidente Felipe Calder¨®n intent¨® buscar una declaratoria inicial de incompetencia de la CIDH, y con raz¨®n: en caso de no lograrla, el llamado caso Casta?eda constituir¨¢ la primera ocasi¨®n en que el Estado mexicano es juzgado por violar los derechos humanos de uno de sus nacionales. El Gobierno argument¨® que cada pa¨ªs tiene el derecho de definir su propia legislaci¨®n electoral, y que si bien los ciudadanos no poseen la misma personalidad jur¨ªdica que los partidos ante los tribunales del pa¨ªs, s¨ª cuentan con una "relativa" locus standi. La audiencia fue una de las m¨¢s concurridas en la historia de la Corte, y el debate sobre el estado de derecho, los derechos humanos, la democracia y el derecho internacional, uno de los m¨¢s sustantivos y amplios.

Pero es evidente que la importancia de este episodio rebasa el caso individual presentado por el peticionario. En particular abarca tres temas fundamentales. El primero entreabre una interrogante ya resuelta en Europa y otras latitudes, pero no en Am¨¦rica Latina, a saber: los derechos pol¨ªticos y espec¨ªficamente electorales ?constituyen derechos humanos fundamentales, que deben recibir el mismo respeto y protecci¨®n que los derechos m¨¢s conocidos, como la libertad de expresi¨®n, de debido proceso, de representaci¨®n, de asociaci¨®n, de circulaci¨®n? En la tradici¨®n latinoamericana, la respuesta ha tendido a ser negativa; en M¨¦xico la Suprema a¨²n hoy se niega a conocer temas de derechos pol¨ªticos, y en toda la regi¨®n la separaci¨®n entre derechos fundamentales y garant¨ªas electorales y pol¨ªticas permanece en buena medida intacta. Si la CIDH resuelve que estas ¨²ltimas garant¨ªas son tan importantes y tan "humanas" como las dem¨¢s, habr¨¢ dado un paso enorme hacia la aceptaci¨®n por parte de Ibero-Am¨¦rica de criterios internacionales imperantes, dejando atr¨¢s sus tradiciones anacr¨®nicas.

El segundo tema se refiere a las pol¨ªticas p¨²blicas antimonopolistas. Todos, desde el Banco Mundial hasta la extrema izquierda latinoamericana, coinciden en que el obst¨¢culo principal que enfrenta el crecimiento econ¨®mico en la regi¨®n yace en el car¨¢cter generalizado de sus estructuras monop¨®licas. Las telecomunicaciones, la banca, los sindicatos, las tiendas departamentales y pr¨¢cticamente todas las industrias y servicios se hallan dominados por una o dos empresas en casi cada pa¨ªs.

Pero esto tambi¨¦n vale para los medios de comunicaci¨®n y la arena electoral. Los mismos partidos han monopolizado la expresi¨®n electoral en Am¨¦rica Latina desde tiempos inmemoriales, y la ausencia de competencia en esta materia es tan perniciosa como en las dem¨¢s. Un fallo favorable para el peticionario mandar¨ªa una clara se?al: si los tribunales y las agencias regulatorias nacionales no pueden o no quieren desmantelar o debilitar los monopolios, las instituciones internacionales s¨ª est¨¢n dispuestas a hacerlo.

Y por ¨²ltimo, ya que el Estado mexicano jam¨¢s ha sido juzgado en la Corte, el caso sentar¨ªa un precedente emblem¨¢tico para Am¨¦rica Latina. Por primera vez, el pa¨ªs m¨¢s obsesionado con su soberan¨ªa, el m¨¢s antiintervencionista, el m¨¢s nacionalista, se ver¨ªa obligado a someter algunos de sus asuntos internos m¨¢s delicados a la jurisdicci¨®n internacional. Para otras naciones, como Costa Rica, Uruguay y Chile, no es nada del otro mundo. Pero para M¨¦xico -y por cierto, para Brasil tambi¨¦n- s¨ª lo es.

Ya se ha avanzado mucho. El ex presidente Ernesto Zedillo acept¨® el car¨¢cter vinculante de las decisiones de la CIDH en 1998; el ex presidente Vicente Fox la visit¨® en 2002 y se comprometi¨® a apoyar sus fallos; y el actual Gobierno ha aceptado ir a Costa Rica a pelear el caso, en lugar de rechazar la jurisdicci¨®n de la Corte ex ante. Falta tambi¨¦n mucho, pero la construcci¨®n de un orden jur¨ªdico regional vigoroso y con dientes, que proteja la democracia y los derechos humanos, va por buen camino. Como Am¨¦rica Latina en general.

Jorge Casta?eda fue secretario de Relaciones Exteriores de M¨¦xico y es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.