Falibilidad

La comisi¨®n disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad, que ya es dif¨ªcil en estos tiempos del Consejo, la propuesta de los servicios de inspecci¨®n por la que se acuerda abrir expediente disciplinario por falta muy grave al titular del Juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de los de Sevilla. Considera que hay motivos bastantes para entender que este juez ha podido desatender gravemente sus obligaciones y que ha existido una falta de control en la ejecuci¨®n de la sentencia en el caso de Santiago del Valle, que es el presunto autor de la muerte de Mari Luz. Al mismo tiempo y por si existieran otras responsabilidades -es probable que las haya y de muy diversa naturaleza- remite copia de su informe a la Fiscal¨ªa General del Estado; Ministerio de Justicia y Junta de Andaluc¨ªa. Pues, bien, al hilo de los hechos y de su trascendencia p¨²blica se han venido escuchando ciertas opiniones por las que se ha tratado de hacer ver que se estaba haciendo un linchamiento del juez ahora expedientado. Incluso, rayando el absurdo, se ha dicho que las razones de ese linchamiento encontraban su causa en el hecho de que este juez es de casta, ya que pertenece a una familia de jueces, y que hay intenci¨®n de destrozar a la judicatura porque consideran no es af¨ªn al Gobierno. Otras opiniones; m¨¢s fundadas y, por tanto, con criterio, han destacado el buen hacer general de este magistrado, poniendo la nota causal en el colapso judicial. Ante estas opiniones, y mediante una sencilla reflexi¨®n, llevar¨ªa a interrogarnos si el hecho de atribuir por algunos a otros una determinada casta es excusa bastante para que, cuando se produzca un hecho como el que ha sucedido se exima a sus posibles responsables. De ser as¨ª, los jueces del cuarto turno o que carezcan de familiares lo van a tener muy crudo. Tambi¨¦n cabe preguntarse si el hecho de que en numerosos juzgados exista un gran retraso judicial permite, sin m¨¢s, sostener que la responsabilidad singular se diluya en la general. Entiendo que no es as¨ª. El planteamiento es otro. En este caso, como en otros que pudieran salir a la luz y m¨¢s de uno est¨¢n surgiendo -en el momento actual se est¨¢ juzgando a una jueza que dej¨® en prisi¨®n a un inocente durante m¨¢s de un a?o; tambi¨¦n se han abierto actuaciones penales contra el juez Urqu¨ªa- lo que ha sucedido es que, con motivo de la detenci¨®n de una persona que pudiera ser responsable de la muerte de Mari Luz, se ha conocido que su presunto autor estaba en libertad y no en prisi¨®n, pese a estar condenado. Con esta realidad, como estamos en un Estado de Derecho, la respuesta no puede ser otra sino la apertura de un expediente para conocer las causas de este no hacer judicial, y que se conozcan. No hay ning¨²n ataque personal ni pol¨ªtico a este juez -hace poco, el Gobierno andaluz le concedi¨®, sin duda por otros m¨¦ritos, el premio Meridiana, y no se tuvo en cuenta la casta que le atribuyen estos descubridores de malas intenciones ni su familia; tampoco a su trabajo en general-. Lo que ha sucedido, sencillamente, son unos hechos que hay que someter a inspecci¨®n y con mayor rigor que si se hubiera ocasionado en el ¨¢mbito privado. El car¨¢cter p¨²blico y de autoridad de los jueces as¨ª lo exigen. Exigencias que, como ya comentaba en esta misma p¨¢gina la pasada semana, que tambi¨¦n son exigibles al ministerio fiscal como parte activa y principal en el proceso penal.

En cualquier caso hay que saber que hoy, y a diferencia del pasado m¨¢s reciente, para acceder a la Justicia, y a tantas otras cosas, no s¨®lo tienen posibilidades las personas de un determinado sector social, sino que sus fronteras est¨¢n abiertas a todos los sectores; que los privilegios por raz¨®n de pertenencia s¨®lo quedan reservados a la familia real. Tambi¨¦n que, pese a contar con los mayores y mejores medios que ha contado nunca la Justicia, son necesarios m¨¢s y una mejor utilizaci¨®n. Finalmente que, a¨²n cuando se den una y otras condiciones, jam¨¢s se van a poder evitar que los errores surjan. La falibilidad tambi¨¦n es predicable de los jueces, pues s¨®lo el Papa es el ¨²nico que tiene derecho a no equivocarse, aunque se equivoque, y a rendir cuentas All¨¢, no ac¨¢.