El corporativismo, esa lacra enemiga del progreso

Varios son los esc¨¢ndalos judiciales que han acaecido en los ¨²ltimos tiempos en Andaluc¨ªa destacando sobre todo tres por su gran repercusi¨®n nacional. Uno de ellos es el del juez que en uni¨®n de Roca, cerebro presunto del esc¨¢ndalo marbell¨ª, aparece implicado en ¨¦l por haber recibido dinero para la compra de un piso. Imputado por ello, le pide tres a?os de prisi¨®n el fiscal, as¨ª como largos a?os de inhabilitaci¨®n. Derecho tiene a la presunci¨®n de inocencia y hemos de respetarla, aunque, hasta el momento, no pinten bien las cosas para su persona. El Tribunal Superior decidir¨¢.

Pero deseo centrarme en los otros dos. Se refiere uno de ellos al descontrol que sobre los presos tenia la titular de uno de los juzgados de Motril -que acaba de ser condenada por el Tribunal Superior-, lo que dio lugar a mantener en prisi¨®n en uno de los casos a quien hab¨ªa sido absuelto. Nadie, ni siquiera la juez de Motril, seguro estoy, desea que ello suceda. Pero cuando eso tiene lugar y se produce entre los ciudadanos el consiguiente esc¨¢ndalo, perfectamente comprensible, lo que no es de recibo es tratar de diluir las responsabilidades hacia el personal colaborador y la falta de medios.

Y el otro esc¨¢ndalo no es sino el asunto que ha acaparado la atenci¨®n ciudadana y de los medios de comunicaci¨®n, el que se refiere a la tr¨¢gica muerte de la ni?a onubense Mari Luz. La reacci¨®n de la judicatura, en l¨ªneas generales, no ha sido a mi juicio adecuada, como no lo fue en principio la del portavoz de su ¨®rgano de gobierno, si bien convencido de su error rectific¨® con posterioridad.

Se ha abierto a ese magistrado expediente disciplinario por la posible existencia de una falta muy grave. El instructor tendr¨¢ que decidir si propone o no la suspensi¨®n provisional primero y, despu¨¦s, el archivo o sanci¨®n, decidiendo finalmente el Consejo. Y mientras tanto, los jueces no deben pronunciarse corporativamente y s¨ª guardar un prudente silencio.

Dicho eso y respetando la presunci¨®n de inocencia de todo el mundo, ha de decirse que los jueces con sentido de la responsabilidad deben llevar un f¨¦rreo y riguroso control de las prisiones y libertades dependientes de su juzgado y si son numerosas las sentencias que esperan su ejecuci¨®n, ha de establecerse un orden atendiendo a las prioridades. Es lo que aconseja la m¨¢s elemental prudencia. Atribuir la responsabilidad a la Administraci¨®n, a la falta de medios o a los funcionarios que de ellos dependen es comprensible como medio de defensa, pero de todo punto rechazable desde lo que debe ser un funcionamiento normal de la justicia.

Las reacciones en tal sentido, seguidas de llamadas de atenci¨®n anunci¨¢ndonos que, en lo sucesivo, pueden producirse otros casos Mari Luz, es distraer a la opini¨®n p¨²blica utilizando argumentos de claro color corporativista. Nunca he sido ni mejor ni peor compa?ero que los dem¨¢s, pero he siempre rechazado, detestado m¨¢s bien, el corporativismo, que no consiste sino en anteponer los intereses personales a los generales.

La Administraci¨®n, Administraciones en Andaluc¨ªa, deben poner los remedios necesarios para evitar los retrasos en la Justicia por el bien de los ciudadanos y por ser su obligaci¨®n. Pero el control de cuanto afecta a las libertades y prisiones es ¨²nica y exclusivamente responsabilidad de los titulares de los ¨®rganos judiciales, unipersonales o colegiados.

Hist¨®ricamente s¨®lo hay un colectivo que puede ser tildado de corporativismo sin que ello escandalice. Es el de los trabajadores que se aunaron para defender sus derechos ante las dentelladas de los amos y patronos que les negaban una vida digna. El sindical.

Donde hay un Cuerpo hay corporativismo en mayores o menores dosis. Lo hay entre los jueces, ¨ªdem entre los fiscales, pero la diferencia est¨¢ en que los jueces, titulares de un poder del Estado, tienen en sus manos un gran poder. Ha de exigirse que hagan siempre buen uso de ¨¦l y de ¨¦l no abusen. Independientes, s¨ª, pero responsables, tambi¨¦n. Es lo menos si se tiene en cuenta que, a diferencia de los otros dos poderes, el judicial no se somete a las urnas, no careciendo por ello de legitimidad. Pero cada cosa en su sitio.

Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato fue vocal del CGPJ y teniente fiscal del Tribunal Supremo. Es concejal socialista del Ayuntamiento de M¨¢laga.