Los socialistas ofrecen despolitizar el Poder Judicial y modernizar la justicia
El PSOE exige la renovaci¨®n del Consejo antes de acometer las reformas
Dos problemas mayores agitan el arranque de la novena legislatura: la mala situaci¨®n econ¨®mica y el deterioro de la administraci¨®n de Justicia, que exigen soluciones urgentes. El presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero tomar¨¢ medidas en el Consejo de Ministros del pr¨®ximo viernes para activar la econom¨ªa y animar el consumo. Para intervenir en la crisis de la Justicia, el Gobierno necesita obligatoriamente el apoyo y el voto del principal partido de la oposici¨®n.
Los socialistas proponen buscar independientes de reconocido prestigio
Por eso, Jos¨¦ Antonio Alonso, juez, ex vocal del Poder Judicial, ex ministro del Interior y de Defensa y ahora portavoz parlamentario socialista, arrancar¨¢ el pr¨®ximo jueves la negociaci¨®n con el PP, que plantea un pacto global sobre la modernizaci¨®n de la Justicia y renuncia a un acuerdo centrado exclusivamente en la renovaci¨®n del Poder Judicial y del Constitucional. El Gobierno de los jueces lleva 16 meses en funciones por la negativa del PP a su renovaci¨®n mientras el mal funcionamiento de la administraci¨®n de Justicia ha desencadenado la alarma social a ra¨ªz del caso Mari Luz, donde graves fallos facilitaron que el supuesto asesino de la ni?a estuviera en libertad con una condena firme.
El Poder Judicial est¨¢ paralizado y sin capacidad de maniobra desde hace muchos meses, lo que mantiene bloqueados los nombramientos para cubrir una decena de vacantes en el Tribunal Supremo y en varios tribunales superiores de justicia. Hay m¨¢s de 400.000 sentencias penales pendientes de ejecutar. La inspecci¨®n de los juzgados, que depende del gobierno de los jueces, ha demostrado sus deficiencias, reconocidas por los propios responsables del Poder Judicial. Los socialistas entienden que la mejora del sistema de inspecci¨®n no puede hacerse con un Consejo en funciones, por lo que considera prioritaria su renovaci¨®n para proceder despu¨¦s a las reformas que permitan modernizar la Justicia.
En la nueva etapa legislativa que comienza ahora se anuncian importantes proyectos de ley que deber¨ªan ser dictaminados, si todo sigue igual, por un Poder Judicial en funciones y cuya legitimidad est¨¢ en cuesti¨®n.
El PSOE pretende convencer al PP de la necesidad de acometer una renovaci¨®n cuya base principal deber¨ªa ser la b¨²squeda de los 20 nuevos vocales del Gobierno de los jueces entre profesionales de reconocido prestigio en el mundo judicial e independencia pol¨ªtica acreditada. Con esa base consideran que el acuerdo es posible.
El modelo actual, dise?ado por el Gobierno de Aznar y apoyado por el PSOE, establece que las Cortes eligen a los 20 vocales, 12 de los cuales deben ser obligatoriamente jueces y figurar en una lista de 36 nombres que proponen ellos mismos. Con ese sistema, en el Consejo actual s¨®lo dos de sus 12 miembros jueces de carrera (los otros ocho se eligen entre juristas de reconocido prestigio) no pertenecen a ninguna asociaci¨®n. En el reparto, se tuvo en cuenta los diputados de cada grupo para distribuir as¨ª los consjeros: 10 a propuesta del PP (que ten¨ªa mayor¨ªa absoluta en el Congreso), siete a propuesta de PSOE, uno de IU, uno de CiU, y uno de consenso entre PP y PSOE. El presidente del organismo, elegido por los 20 vocales, tambi¨¦n fue el propuesto por el PP. Desde entonces, los conservadores tienen mayor¨ªa en el organismo y pese a que el PSOE gan¨® las elecciones de 2004, mantienen esa hegemon¨ªa, pues el PP se neg¨® a la renovaci¨®n cuando tocaba, en noviembre de 2006. En los ¨²ltimos tres a?os se han producido, adem¨¢s, tres bajas (por cambio de destino, jubilaci¨®n y fallecimiento) que no han sido cubiertas.
Con los resultados del 9-M, el PP podr¨ªa reclamar ahora nueve de los 20 vocales del Poder Judicial, un n¨²mero clave porque permite bloquear cualquier nombramiento en el Supremo, el Constitucional o los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, para los que se requiere una mayor¨ªa cualificada. En la pasada legislatura, el PP reclam¨® tambi¨¦n nueve vocales durante la negociaci¨®n frustrada por la renovaci¨®n, pero entonces ten¨ªa menos votos y esca?os en el Congreso.
Escollo legal para designar los magistrados del Constitucional
La renovaci¨®n del Tribunal Constitucional exigir¨¢ esfuerzos especiales. Hace cuatro meses que un tercio de este ¨®rgano constitucional (cuatro magistrados) agotaron su mandato. De esos cuatro magistrados tres son conservadores y uno progresista. La renovaci¨®n, tal y como est¨¢ configurado el Senado, repartir¨ªa esos cuatro puestos a partes iguales entre los propuestos por el PSOE y los propuestos por el PP, con lo que el nuevo Constitucional quedar¨ªa con siete progresistas y cinco conservadores. Ahora hay un empate a seis que, en caso de empate rompe el voto de calidad de la presidenta, Maria Emilia Casas (progresista).
Para la renovaci¨®n es necesario el acuerdo del PP en la C¨¢mara alta porque se debe aprobar con mayor¨ªas cualificadas. Antes de que eso se produzca, el propio Tribunal Constitucional deber¨¢ resolver un recurso de los populares contra el reglamento del Senado que establece los requisitos para el nombramiento de los magistrados del alto tribunal.
Seg¨²n la nueva ley, los 17 parlamentos aut¨®nomos deber¨¢n proponer dos candidatos cada uno, y, de entre el total de 34, los senadores deben elegir a los cuatro que deber¨ªan haber sustituido el pasado mes de diciembre a otros tantos magistrados que han concluido su mandato de nueve a?os. El Reglamento del Senado establece que en caso de que ninguno de los 34 candidatos reciba el apoyo de los senadores, ¨¦stos pueden elegir por su cuenta a cuatro distintos que entrar¨¢n en el Constitucional. El presidente del Senado, Javier Rojo, enviar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas a los parlamentos de todas las comunidades una comunicaci¨®n pidi¨¦ndoles que env¨ªen de manera perentoria el nombre de sus candidatos.
El PP recurri¨® contra el reglamento y el Constitucional empezar¨¢ a debatirlo esta misma semana, cuando lo admita a tr¨¢mite. Fuentes jur¨ªdicas entienden que, hasta que el alto tribunal no resuelva este recurso, ser¨ªa in¨²til aprobar los nombramientos de cuatro magistrados en el Senado, pues podr¨ªan ser anulados por la decisi¨®n del Constitucional.
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