Los v¨ªnculos con los paramilitares crispan la pol¨ªtica colombiana

Imaginemos que una tercera parte de los parlamentarios espa?oles estuviera en la c¨¢rcel, bajo proceso o se enfrentara a acusaciones de tener v¨ªnculos con los GAL. ?C¨®mo afectar¨ªa esta situaci¨®n al Parlamento y al presidente del Gobierno? As¨ª est¨¢, ni m¨¢s ni menos, el Congreso de Colombia, donde un tercio de sus se?or¨ªas tiene cuentas pendientes con la justicia por sus relaciones con el narcotr¨¢fico y grupos paramilitares que sembraron el terror en los a?os noventa con la excusa de combatir a la guerrilla.

29 parlamentarios est¨¢n encarcelados por sus relaciones con la 'parapol¨ªtica'

Los implicados en el esc¨¢ndalo de la parapol¨ªtica aumentan d¨ªa a d¨ªa. Hay 51 congresistas bajo la lupa de la Corte Suprema, 29 en la c¨¢rcel, y 18 que han renunciado a la inmunidad parlamentaria para ser investigados por la fiscal¨ªa y no por el m¨¢s alto tribunal. La cifra es m¨¢s elevada si se incluye a gobernadores, alcaldes, concejales y ex congresistas en la picota.

Entre los investigados est¨¢ el senador Carlos Garc¨ªa, presidente del Partido Social de Unidad Nacional, conocido como el Partido de la U, del presidente ?lvaro Uribe. Garc¨ªa present¨® el mi¨¦rcoles su renuncia al saberse que la Corte Suprema lo citar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas para que declare en torno a una supuesta reuni¨®n con paramilitares en 2001, seg¨²n un testigo encarcelado. El grupo parlamentario, sin embargo, no acept¨® la renuncia, al considerar que se trata de una declaraci¨®n preliminar y que no hay ninguna acusaci¨®n.

Entre los implicados est¨¢ tambi¨¦n el senador Mario Uribe, fundador del partido Colombia Democr¨¢tica, primo de Uribe, y pieza clave en la coalici¨®n gubernamental. Altos jefes paramilitares le han comprometido seriamente con sus declaraciones y est¨¢ acusado de concierto agravado para delinquir. Hay partidos, como Colombia Viva, con el cien por cien de sus congresistas encarcelados o investigados. Y ah¨ª siguen, como fuerzas pol¨ªticas parlamentarias legislando con sus suplentes. Rub¨¦n Dar¨ªo Quintero, senador de Cambio Radical y directamente involucrado en el esc¨¢ndalo, acudi¨® a las sesiones parlamentarias hasta la semana pasada. "En Colombia nunca pasa nada, porque lo que importa no pasa y lo que pasa no importa", coment¨® en antena el periodista Dar¨ªo Arismendi, director de noticias de Caracol Radio.

Este Congreso con la legitimidad por los suelos es el mismo que aprob¨®, entre otras, la Ley de Justicia y Paz, que da amplios beneficios a los paramilitares que abandonaron las armas. "Los legisladores certificaron una ley de tierras que tendr¨¢ consecuencias dram¨¢ticas para la poblaci¨®n rural, al legalizar en la pr¨¢ctica propiedades que fueron usurpadas por los paramilitares. Con la nueva ley, basta con cinco a?os de posesi¨®n para obtener el t¨ªtulo de propiedad", comenta Laura Bonilla, de la Corporaci¨®n Arco Iris, que destap¨® el esc¨¢ndalo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que de los m¨¢s de cuatro millones de hect¨¢reas de tierras arrebatadas a familias campesinas desplazadas, las autoridades han devuelto unas 22.000 hect¨¢reas entre los a?os 2002 y 2006. El representante de ACNUR en Colombia, Jean No?l Wetterwald, firm¨® esta semana un convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para restituir a las personas desplazadas las tierras que les quitaron.

La Corte Suprema est¨¢ actuando con independencia y rapidez, en abierto contraste con la habitual lentitud de la justicia ordinaria, m¨¢s permeable a las presiones del Ejecutivo. El fiscal general, Mario Iguar¨¢n, replic¨® a las cr¨ªticas del asesor presidencial Jos¨¦ Obdulio Gaviria, que calific¨® de perversas, y asegur¨® que mantendr¨¢ en el puesto al fiscal que instruye el caso.

Las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nacieron como "un movimiento pol¨ªtico-militar de car¨¢cter antisubversivo en ejercicio del derecho a la leg¨ªtima defensa". El miedo y el odio a la guerrilla por los secuestros, extorsiones y ataques a la poblaci¨®n civil; la desconfianza en las instituciones y la mitificaci¨®n de un l¨ªder, Carlos Casta?o, que promet¨ªa detener el avance de las FARC, jalonaron la expansi¨®n del paramilitarismo en toda Colombia. Nadie se acord¨® de que Casta?o ven¨ªa de las entra?as del cartel de Medell¨ªn, nadie indag¨® la proliferaci¨®n de cultivos de coca en tierras controladas por los paramilitares. Y pocos prestaron atenci¨®n a las matanzas y las fosas comunes. Los paramilitares necesitaban una cobertura pol¨ªtica, que obtuvieron recurriendo a la clase pol¨ªtica regional. Salvatore Mancuso y Vicente Casta?o, jefes de los paras, se ufanaban de tener v¨ªnculos directos con el 35% del Congreso.