Reformar la justicia: ?un intento cre¨ªble?

La nueva legislatura arranca entre clamores por el mal estado de la justicia y declaraciones solemnes de los grandes partidos estatales sobre la necesidad de modernizarla. La legislatura que acaba, sin embargo, no alimenta el optimismo. Los mismos actores -en el Gobierno y en la oposici¨®n- no se ocuparon seriamente del asunto, m¨¢s all¨¢ de enzarzarse en querellas partidistas por controlar el Consejo General del Poder Judicial. Una instituci¨®n cuya historia -seg¨²n escrib¨ªa acertadamente Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa en estas p¨¢ginas (25 de marzo de 2008)- ha dado argumentos sobrados para su eliminaci¨®n en una futura reforma constitucional. O, en t¨¦rminos posibilistas, para una reducci¨®n radical de su n¨®mina casi asamblearia, de sus atribuciones in¨²tilmente expansivas y de su centralizaci¨®n excesiva.

Cuesta creer que la nueva legislatura sea m¨¢s productiva que la anterior, totalmente est¨¦ril en esta materia

Lo que el ciudadano reclama a la justicia de un Estado democr¨¢tico de derecho es imparcialidad e independencia. Pero tambi¨¦n le exige responsabilidad y eficiencia. Responsabilidad, porque se trata de un poder pol¨ªtico que se debe a la ciudadan¨ªa: "La justicia emana del pueblo", afirma la Constituci¨®n de 1978. Y le pide eficiencia, porque le toca prestar un servicio de primera necesidad a quienes esperan la protecci¨®n de sus derechos. No es una combinaci¨®n f¨¢cil. En la propia Administraci¨®n de justicia, hay quien sigue negando su car¨¢cter de servicio. Y hay tambi¨¦n quien se resiste a admitir que en un Estado democr¨¢tico todo poder ha de ser responsable.

En sus 30 a?os, nuestra democracia no ha conseguido que la justicia progresara al ritmo de otras instituciones, incluidas las que a primera vista aparec¨ªan como m¨¢s resistentes al cambio, como las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad. No sorprende que la reputaci¨®n de la justicia ante la opini¨®n sea -seg¨²n todos los datos- dram¨¢ticamente peor que la de otras instituciones p¨²blicas. Tal vez este veredicto social sea incluso demasiado severo, porque unos cientos de profesionales dedicados y competentes logran a duras penas que el sistema no se bloquee definitivamente.

Ello no quita que quien se asoma a la organizaci¨®n actual de la justicia espa?ola pase r¨¢pidamente de la incredulidad al asombro, y del asombro a la alarma. La provocan una multitud de episodios. Pero sobre todo las caracter¨ªsticas estructurales de un sistema que no se adaptan a las exigencias de una sociedad avanzada: su organizaci¨®n territorial, la gesti¨®n -o, mejor, la ausencia de gesti¨®n- de sus recursos humanos, la debilidad de su aparato tecnol¨®gico, la obsolescencia de su funcionamiento administrativo, la precariedad de muchas de sus instalaciones, la inexistencia de evaluaci¨®n efectiva de su rendimiento. Pero tambi¨¦n y en gran medida la existencia de lo que los expertos denominan una "cultura organizativa", lastrada por la resistencia a transitar decididamente desde el siglo XIX al XXI. Con toda probabilidad, el mayor fracaso de nuestra democracia ha sido su incapacidad para transformar dicha cultura y conducir un proceso indispensable que reforzar¨ªa la seguridad econ¨®mica, la cohesi¨®n social y la legitimidad pol¨ªtica.

Hay quienes se escudan en la falta de recursos para justificar el atraso de la justicia. Se dan, en efecto, graves carencias materiales y personales que deben subsanarse. Se producen decisiones legislativas oportunistas que no tienen en cuenta su repercusi¨®n sobre el aparato de la justicia ni son acompa?adas con previsiones presupuestarias adecuadas. Pero no estriba ah¨ª la raz¨®n principal del problema. En algunos aspectos, los recursos disponibles son equiparables a los de pa¨ªses de nuestro entorno. Con frecuencia, reclamar m¨¢s recursos personales y materiales sin una disposici¨®n real a emplearlos de modo diferente al habitual es un intento de disimular los defectos estructurales del sistema y aumentar vertiginosamente su ya notable ineficiencia.

Hay que saber, por tanto, que los presuntos prop¨®sitos del Gobierno y la oposici¨®n pueden malograrse nuevamente por la pusilanimidad -dig¨¢moslo as¨ª- que este asunto despierta en los partidos. La inyecci¨®n de m¨¢s recursos producir¨¢ escasos resultados si resistencias y hostilidades corporativas impiden un uso racional de los mismos. Por todo ello, cuesta creer que la nueva legislatura sea m¨¢s productiva que la que termin¨® hace poco, totalmente est¨¦ril en esta materia. No se avanz¨® en la aplicaci¨®n de normas vigentes o en tr¨¢mite legislativo: reformas procesales, reorganizaci¨®n de la oficina judicial, redistribuci¨®n territorial de competencias sobre la administraci¨®n de la Administraci¨®n de la justicia. Y dejaron de abordarse asuntos que reclaman revisi¨®n a fondo: selecci¨®n de la judicatura, papel de los ¨®rganos judiciales unipersonales, funciones de la secretar¨ªa judicial, criterios en planta y demarcaci¨®n, acceso a la abogac¨ªa y asistencia jur¨ªdica gratuita, entre otras.

La agenda es extensa y compleja. Dif¨ªcil de llevar a buen puerto si s¨®lo depende de la vacilante determinaci¨®n de la clase pol¨ªtica. Ser¨ªa indispensable una coalici¨®n amplia de profesionales preocupados por la dignidad y la calidad del servicio que prestan, por agentes sociales y econ¨®micos que pagan el precio de sus actuales ineficiencias y por expertos que pueden aportar experiencias de transformaci¨®n en otras instituciones y servicios p¨²blicos. Tampoco deber¨ªa marginarse a las comunidades aut¨®nomas a las que se imputan responsabilidades que no pueden satisfacer con sus hasta ahora exiguas competencias. Forjar esta coalici¨®n positiva -y no limitarse a propuestas legislativas o normativas- es requisito para hacer cre¨ªble el empe?o de dotar al pa¨ªs de la justicia responsable y eficiente que necesita. Si no es as¨ª, continuar¨¢ sin resultados mucha gesticulaci¨®n aparatosa que encubre comodidades corporativas, intereses partidistas y grandes dosis de incompetencia.

Una apostilla de ¨²ltima hora. El art¨ªculo Just¨ªcia: la regla de nadie, publicado ayer, suscrito por magistrados de prestigio pertenecientes a cuatro asociaciones judiciales, es una se?al esperanzadora. Si se extiende el esp¨ªritu que la anima, tal vez sea menos ardua la formaci¨®n de una coalici¨®n reformista como la que reclamo en mi art¨ªculo.