A vueltas con los s¨ªmbolos religiosos

La Iglesia cat¨®lica y el Estado espa?ol estuvieron atados durante mucho tiempo de nuestra historia contempor¨¢nea por estrechos lazos ceremoniales y el legado que de ello queda es todav¨ªa considerable.

Se suele atribuir esa herencia a la larga ¨¦poca de privilegios institucionales que la Iglesia tuvo durante la dictadura de Franco, pero su origen y fundamentos b¨¢sicos se encuentran en el sistema pol¨ªtico de la Restauraci¨®n borb¨®nica. En realidad, s¨®lo la Segunda Rep¨²blica dio una batalla a esa presencia de manifestaciones religiosas en la sociedad civil. Durante el per¨ªodo de gestaci¨®n de la democracia actual, los pol¨ªticos no quisieron que ese tema turbase la necesaria estabilidad para llevar a cabo la transici¨®n e hicieron a la Iglesia cat¨®lica importantes concesiones. Y aunque la Iglesia no es, treinta a?os despu¨¦s, una amenaza real para el r¨¦gimen constitucional y la sociedad espa?ola es ahora mucho m¨¢s diversa y plural, los s¨ªmbolos de la religi¨®n cat¨®lica todav¨ªa se exponen p¨²blicamente en algunas ceremonias pol¨ªticas.

Las instituciones p¨²blicas deber¨ªan estar al margen de cualquier religi¨®n

El crucifijo preside todav¨ªa la toma de posesi¨®n de los ministros

El art¨ªculo 11 de la Constituci¨®n de 1876, la de m¨¢s larga duraci¨®n de la historia de Espa?a, plasm¨® un reconocimiento expl¨ªcito del catolicismo como religi¨®n oficial del Estado. Entre esa Constituci¨®n de 1876 y la proclamaci¨®n de la Segunda Rep¨²blica en abril de 1931, la Restauraci¨®n borb¨®nica presidi¨® un aut¨¦ntico renacimiento cat¨®lico, tras los efectos de las desamortizaciones y de las revoluciones liberales del siglo XIX, y abri¨® nuevos caminos de poder e influencia social a la Iglesia. Los poderes pol¨ªticos, con el rey a la cabeza, repart¨ªan honores a las instituciones eclesi¨¢sticas y los s¨ªmbolos religiosos penetraron en todas las ceremonias de la administraci¨®n civil y militar. De los primeros a?os del siglo XX procede el culto masivo a la Virgen del Pilar y al Coraz¨®n de Jes¨²s, dos emblemas de la religiosidad popular espa?ola. Fue Alfonso XIII quien mand¨® erigir en 1919 el majestuoso monumento al Sagrado Coraz¨®n de Jes¨²s del Cerro de los ?ngeles. Dos a?os antes, en 1917, el mismo monarca hab¨ªa declarado el 12 de octubre, d¨ªa de la Virgen del Pilar, fiesta nacional, s¨ªmbolo de la "hispanidad" y de la unidad cat¨®lica.

Con la llegada de la Rep¨²blica, se abri¨® un abismo entre dos mundos culturales antag¨®nicos, el de los cat¨®licos practicantes y el de los anticlericales convencidos, y sali¨® tambi¨¦n a la luz una enconada lucha, de fuerte carga emocional, por los s¨ªmbolos religiosos. La Marcha real, que durante la Monarqu¨ªa se escuchaba en las misas oficiales en el momento de la consagraci¨®n, pas¨® a considerarse una de las se?as de identidad de la reacci¨®n, una provocaci¨®n, igual que todas las manifestaciones religio

sas. La retirada de los crucifijos en las escuelas provoc¨® lloros en muchos pueblos de Espa?a. Otros protestaron por la supresi¨®n de las procesiones. As¨ª de estrecha era la identificaci¨®n entre el orden y la religi¨®n, la monarqu¨ªa y la pol¨ªtica autoritaria de derechas.

Esa simbiosis entre la religi¨®n y la pol¨ªtica se consum¨® con la sublevaci¨®n militar de julio de 1936 y antes de que la jerarqu¨ªa de la Iglesia cat¨®lica convirtiera oficialmente el asalto al poder en cruzada, las ceremonias pol¨ªtico-religiosas se extendieron por toda la Espa?a controlada por los militares que se hab¨ªan sublevado contra la Rep¨²blica. Especial carga simb¨®lica tuvieron los innumerables actos de "reposici¨®n" y "regreso" de los crucifijos a las escuelas en los comienzos de aquel curso escolar de 1936-37. La abolici¨®n de la legislaci¨®n republicana y la reposici¨®n de la Espa?a tradicional se daban la mano con los ni?os como testigos. Tras la victoria de las tropas de Franco en abril de 1939, los ritos y las manifestaciones lit¨²rgicas llenaron las calles de pueblos y ciudades. La Iglesia y la religi¨®n cat¨®lica lo inundaron todo: la ense?anza, las costumbres, la administraci¨®n y los centros de poder.

Cuando muri¨® Franco, el 20 de noviembre de 1975, la Iglesia cat¨®lica espa?ola ya no era el bloque monol¨ªtico que hab¨ªa apoyado la Cruzada y la venganza sangrienta de la posguerra. Pero el legado que le quedaba de esa ¨¦poca dorada de privilegios era, no obstante, impresionante en el sistema educativo, en los aparatos de propaganda, en los medios de comunicaci¨®n y en la presencia de los ritos y s¨ªmbolos religiosos en las ceremonias p¨²blicas.

A la democracia que sigui¨® a la larga dictadura no le result¨® f¨¢cil deshacer ese legado de fuertes v¨ªnculos entre el poder civil y el eclesi¨¢stico. Los acuerdos firmados desde 1976 a 1979 entre los primeros gobiernos de la transici¨®n, presididos por Adolfo Su¨¢rez, y el Vaticano, que tuvieron a la educaci¨®n y a la protecci¨®n de las finanzas de la Iglesia como principales focos de conflicto, determinaron el marco jur¨ªdico que la Iglesia cat¨®lica iba a tener dentro del Estado democr¨¢tico. La democracia y sus ¨®rganos de poder dieron a partir de ese momento a la Iglesia un trato exquisito. Nadie puso objeciones a que los ritos de la liturgia cat¨®lica estuvieran presentes en los actos p¨²blicos de las nuevas instituciones democr¨¢ticas

Aunque la Constituci¨®n de 1978 estableci¨® que "ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal", persisten en la actualidad ceremonias religioso-patri¨®ticas a las que asiste el Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, como ya hab¨ªan hecho antes su bisabuelo Alfonso XII, su abuelo Alfonso XIII y el general Franco; las autoridades pol¨ªticas participan oficialmente en procesiones religiosas; la Iglesia cat¨®lica nombra capellanes castrenses y profesores de religi¨®n, que paga el Estado; y el crucifijo preside todav¨ªa la toma de posesi¨®n de los ministros de la democracia. El peso del catolicismo como religi¨®n ¨²nica est¨¢ presente incluso en la reciente Ley de Memoria Hist¨®rica y en su intento por preservar las inscripciones de los m¨¢rtires de la Cruzada en las iglesias. Un Estado constitucionalmente aconfesional sigue concediendo, en suma, un trato especial y privilegiado a la Iglesia cat¨®lica, al que en absoluto tienen acceso los restantes credos religiosos.

La mayor¨ªa de esos ritos adquirieron un profundo car¨¢cter pol¨ªtico en otros tiempos, cuando la Iglesia cat¨®lica se consideraba fuente de verdad absoluta y el catolicismo como ¨²nica religi¨®n de los espa?oles. Los ritos religiosos tienen un significado individual, cultural y social, se eligen de forma libre, pero no deber¨ªan estar presentes en la pol¨ªtica de un Estado democr¨¢tico y aconfesional. El lugar apropiado para esos s¨ªmbolos es la iglesia, la de cada uno, y no el trabajo, la escuela o el espacio p¨²blico.

En una sociedad plural, con diferentes religiones y muchos ciudadanos que no profesan ninguna, las instituciones p¨²blicas deber¨ªan permanecer al margen de la religi¨®n. Las sociedades caracterizadas por el pluralismo cultural est¨¢n tambi¨¦n marcadas por el pluralismo ritual y son el Estado y sus poderes quienes deben resolver los posibles conflictos. Cuando una de esas religiones anhela principios uniformes y niega la libre elecci¨®n, lo que hace es desafiar a la Constituci¨®n y estimular el fundamentalismo, la ant¨ªtesis de esta convivencia plural que estamos construyendo.

Juli¨¢n Casanova es catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad de Zaragoza.