Las Cortes reclaman suelo para vivienda protegida

El pleno de las Cortes destil¨® ayer una sorprendente unidad de criterio entre el PP y el PSPV en torno a la generaci¨®n de suelo para la promoci¨®n de viviendas protegidas, por un lado, y a una nueva regulaci¨®n del sistema de identificaci¨®n personal para acceder a las prestaciones sanitarias como instrumento para reclamar con m¨¢s ¨¦xito la factura que genera la atenci¨®n m¨¦dica a ciudadanos de otras comunidades o extranjeros. Comprom¨ªs se desmarc¨® en ambos casos de los dos partidos mayoritarios.

La diputada socialista Mar¨ªa Jos¨¦ Salvador defendi¨® un proyecto de decreto elaborado por el PSPV que pretende implicar a los Ayuntamientos en la generaci¨®n de suelo disponible para la promoci¨®n de viviendas protegidas como v¨ªa para paliar el descenso de actividad impulsada por la iniciativa privada en el sector de la construcci¨®n sin mermar el derecho constitucional de acceso a la vivienda.

Ver¨®nica Marcos, del PP, asegur¨® que el Consell trabaja en un decreto similar desde hace meses para modificar la Ley Urban¨ªstica Valenciana, pero plante¨® un texto que insta al Consell a "agilizar la promulgaci¨®n de un decreto ley de medidas urgentes de fomento de la creaci¨®n de suelo para la construcci¨®n de vivienda protegida".

Salvador acept¨® y Marcos quiso estirar el acuerdo "con el objetivo de que el urbanismo no sea motivo de confrontaci¨®n pol¨ªtica". Pero la diputada socialista puntualiz¨®: "No se debate un pacto por el urbanismo, sino un decreto para la reserva de suelo para vivienda protegida".

Los dos grandes grupos tambi¨¦n votaron juntos a favor de una ley de aseguramiento del sistema sanitario p¨²blico. Manuel Cervera, consejero de Sanidad, asegur¨® que la nueva ley, que recopila normas dispersas en torno al sistema de identificaci¨®n personal (SIP, la tarjeta sanitaria), es una herramienta para facturar a otras comunidades aut¨®nomas o Estados europeos los costes que genera la atenci¨®n a los desplazados o residentes extranjeros, una factura que "supera los 210 millones de euros, un d¨¦ficit imposible de asumir".

El socialista Ignacio Sub¨ªas apoy¨® la recopilaci¨®n de normas dispersas y solo expres¨® dudas hacia el sistema sanitario "econ¨®micamente sostenible" que cita el texto.

Marina Albiol, de Comprom¨ªs, rechaz¨® la norma por innecesaria y alert¨® sobre las "malas sensaciones" que provoca una posible regulaci¨®n restrictiva del acceso a la tarjeta sanitaria.