Emergencia judicial

Mal empezar¨ªa la nueva legislatura si la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial siguiera posponi¨¦ndose con diversos pretextos. Vincular esta renovaci¨®n a un previo o simult¨¢neo pacto global sobre la justicia, como defienden los nuevos responsables del grupo parlamentario popular en el Congreso, suena a pretexto. Si se quiere hacer frente a los problemas de la justicia, lo primero que hay que procurar es que su ¨®rgano de gobierno est¨¦ en condiciones de ejercer sus funciones en plenitud y no en precario como le sucede al actual Consejo desde que concluy¨® su mandato en noviembre de 2006.

Tras las ¨²ltimas elecciones no tendr¨ªa sentido -nunca lo ha tenido- seguir con un tipo de oposici¨®n que busque m¨¢s deslegitimar la legislatura, desestabilizando las instituciones del Estado si es preciso, que controlar la acci¨®n pol¨ªtica del Gobierno. Y el de la justicia es campo abonado para ejercer la oposici¨®n de la segunda manera, no s¨®lo pactando medidas para su mejora con el Gobierno sino criticando con fuerza su actuaci¨®n en lo que son sus competencias. Situaciones como la que denuncia el juez encargado de ejecutar las condenas por maltrato a mujeres en Madrid -7.000 expedientes a cargo de un solo juez y una secretaria, lo que se traduce en quebrantamientos de condena en masa-, no s¨®lo constituyen un esc¨¢ndalo en s¨ª mismas; alcanzan el nivel de cuesti¨®n de Estado, al afectar a la seguridad jur¨ªdica, a la convivencia y a la propia credibilidad del sistema judicial. La carencia de medios en este caso es clamorosa, como lo es la incuria del Consejo del Poder Judicial que no atendi¨® las quejas del juez ni las traslad¨® al Ministerio de Justicia ni al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene transferida la gesti¨®n en la materia.

La responsabilidad principal sobre la situaci¨®n de la justicia recae sobre el Gobierno. El de Zapatero no ha conseguido, como prometi¨®, doblar las partidas destinadas a la justicia -del 1% del gasto p¨²blico en 2004 al 2%- ni tampoco crear todas las 1.000 nuevas plazas judiciales prometidas. Pero junto a m¨¢s medios, lo que precisa la justicia espa?ola es una mejor gesti¨®n de los ya existentes, asign¨¢ndolos a los focos de mayor actividad judicial, se trate del maltrato a la mujer o de los nuevos delitos de tr¨¢fico. Y un plan serio de mejora inform¨¢tica que acabe con la anomal¨ªa de que un juzgado no sepa lo que hace el de al lado en pleno siglo XXI, causa de errores como el producido con el presunto asesino de la peque?a Mari Luz. Es incomprensible que a d¨ªa de hoy no exista un registro judicial centralizado que, bajo la tutela del Consejo del Poder Judicial, recoja todas las anotaciones judiciales referentes a medidas cautelares, ¨®rdenes de busca y captura y condenas firmes o recurridas. Son temas que bien merecer¨ªan -?y cuanto antes!- la atenci¨®n conjunta del ministro Bermejo y de los consejeros de justicia de las autonom¨ªas afectadas, est¨¦n gobernadas por el PSOE o por el PP.