Diez a?os despu¨¦s, nadie ha pagado por el vertido de Aznalc¨®llar

La rotura de la balsa minera de Aznalc¨®llar (Sevilla), en 1998, no s¨®lo signific¨® el vertido de toneladas de lodos t¨®xicos y metales en las inmediaciones mismas de Do?ana, sino que tambi¨¦n supuso el inicio de una riada de conflictos legales, a¨²n en marcha, entre la compa?¨ªa sueca Boliden -due?a de la mina-, la Junta de Andaluc¨ªa y las empresas espa?olas implicadas en el mantenimiento de la balsa accidentada. Ha sido una d¨¦cada de sinsabores para la Junta en los tribunales.

El Supremo est¨¢ pendiente de resolver qui¨¦n es competente

Las v¨ªas abiertas en los juzgados han ido pasando de la v¨ªa penal -que no encontr¨® delito- a las civiles y administrativas, que se han declarado no competentes. Y mientras, Boliden ha conseguido escabullirse del pago de los 90 millones de euros exigidos por la Junta como compensaci¨®n por los costes de la limpieza de los lodos t¨®xicos.

Tras a?os de mareos legales, la Junta ha terminado acudiendo al Tribunal Supremo para intentar reabrir la v¨ªa administrativa. Actualmente, la Sala de Conflictos del TS est¨¢ pendiente de resolver qu¨¦ jurisdicci¨®n -civil o administrativa- es la competente para encargarse definitivamente del caso.

El periplo en los tribunales tuvo un primer hito importante en 2001, cuando un juzgado de Sanl¨²car la Mayor (Sevilla) y, posteriormente, otro de la Audiencia provincial, archivaron el proceso penal en el que estaban imputadas 21 personas, entre t¨¦cnicos de Boliden y de las empresas constructoras, as¨ª como funcionarios de la Junta y de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir (CHG). De esta manera se cerraba, parece que definitivamente, la v¨ªa penal.

El siguiente paso fue llevar el caso a la v¨ªa civil, pero all¨ª, el juez de la sala de Primera Instancia n¨²mero 12 de Sevilla se inhibi¨® y resolvi¨® que deb¨ªa instruirse un procedimiento administrativo. Este procedimiento se complet¨® por parte de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, concluyendo, en una resoluci¨®n, que Boliden deb¨ªa pagar 90 millones de euros por los gastos derivados de la tragedia ecol¨®gica.

La compa?¨ªa sueca acudi¨® entonces a la Audiencia de Sevilla y present¨® un recurso contencioso administrativo contra la decisi¨®n de la Junta. Pero all¨ª, de nuevo la sala estableci¨® que no era competente para llevar el litigio. En diciembre de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa anul¨® el procedimiento administrativo de la Junta en el que reclamaba los 90 millones. El TSJA apunt¨®, adem¨¢s que la v¨ªa contencioso administrativa no era la adecuada y hab¨ªa que volver a la civil. La ¨²nica salida que le queda a la Junta es elevar el problema a la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo para que resuelva qui¨¦n es competente.

Boliden tambi¨¦n ha conocido reveses judiciales. En noviembre de 2006, el Juzgado de Primera Instancia 9 de Madrid archiv¨® la demanda civil que, por importe de 248 millones de euros, present¨® la multinacional sueca contra ACS, Intecsa, Geocisa y otras empresas espa?olas que realizaron trabajos y controlaron la seguridad de la balsa. Esta sentencia est¨¢ recurrida ante la Audiencia de Madrid, que a¨²n no ha fijado fecha para la vista, han informado a Efe fuentes de Boliden. Curiosamente, la decisi¨®n de archivar se fundament¨® en el mismo peritaje que us¨® cinco a?os antes el juzgado de Sanl¨²car la Mayor para archivar el caso por la v¨ªa penal.

Sigue tambi¨¦n abierta la suspensi¨®n de pagos de la filial espa?ola de Boliden, que supuso una orden de embargo de 141 millones de euros. Boliden recurri¨®.