La informaci¨®n como derecho accesible

El 25 de julio de 1992 arrancaban en Barcelona los XXV Juegos Ol¨ªmpicos. Un acontecimiento a recordar, en el ¨¢mbito dom¨¦stico, por el reto que supuso dise?ar m¨¦todos, procedimientos y herramientas que permitieran integrar el tratamiento de las informaciones de todas las instituciones co-responsables de la seguridad de tan delicado evento. Presidir su Comisi¨®n de Inform¨¢tica y Comunicaciones de la Seguridad Ol¨ªmpica constituy¨®, para el que suscribe estas l¨ªneas, la definitiva inmersi¨®n en un concepto que, con el devenir de los a?os y la difusi¨®n de las tecnolog¨ªas, ha pasado a ser moneda com¨²n en la gesti¨®n de las organizaciones: "la informaci¨®n como un bien y un derecho accesible a todos los que la necesiten y est¨¦n autorizados".

De ah¨ª la inversi¨®n de las empresas, en el convencimiento de que no es posible la eficacia sin la ayuda de un tratamiento unificado e integral de los datos que recibe, remite, elabora o procesa. ?Sucede lo mismo en las Administraciones P¨²blicas? Ser¨ªa muy injusto por nuestra parte afirmar aqu¨ª que las AAPP no est¨¢n poniendo de su parte para estrechar la brecha entre lo real y lo deseable. Tan injusto como negar que, pese a las energ¨ªas y la voluntad de los gobiernos, queda mucho camino por recorrer.

Un buen ejemplo: el esfuerzo que la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria hace desde hace a?os para incorporar, con innegable ¨¦xito, los medios tecnol¨®gicos a su quehacer diario, tanto en su aplicaci¨®n interna, como en sus relaciones con empresas y contribuyentes. Sin embargo, hay casos en los que la mejora es m¨¢s que evidente. Por ejemplo, y en relaci¨®n con la Administraci¨®n de Justicia, permanecen en nuestra retina esas enormes pilas de legajos invadiendo las Oficinas Judiciales. Miles de papeles, de sentencias, autos, procedimientos, que pueden encerrar -y no es ret¨®rica- la diferencia entre la libertad y la c¨¢rcel; la justicia o la injusticia.

Y la soluci¨®n, en muchos casos, no es dif¨ªcil. Eliminar metros c¨²bicos de papel acumulado sobre las mesas de los funcionarios -o, peor a¨²n, extraviados bajo los faldones de un sof¨¢- no es m¨¢s que optar, por ejemplo, por la digitalizaci¨®n de documentos con plenas garant¨ªas legales. ?Para cu¨¢ndo, por tanto, una oficina judicial sin papeles, primer eslab¨®n hacia esa e-Justicia que nuestras leyes procesales ya han apuntado? Ha llegado el momento de, sin merma de la rigurosidad exigible, tomar decisiones valientes e imaginativas que coadyuven a colocar a nuestro pa¨ªs en el mismo lugar de eficacia que en lo econ¨®mico ya posee.

Carlos Gal¨¢n es doctor en inform¨¢tica y abogado.