El fraude de explotar discapacitados
Cuatro empresas cobraron indebidamente 2,4 millones de euros de subvenciones por contratar discapacitados - Empleo tramita el reintegro del dinero
Eva S¨¢nchez S¨¢nchez firm¨® su primer contrato el 28 de junio de 2007. Indefinido, del tir¨®n. Ten¨ªa que limpiar un colegio religioso en Sevilla de lunes a viernes a cambio de un salario de 724 euros. Por emplearla, la empresa Arte y Decoraci¨®n del Sur, un centro especial de empleo, pod¨ªa cobrar los 12.000 euros, que da la Consejer¨ªa de Empleo a cada puesto de trabajo indefinido ocupado por una persona con discapacidad. Como Eva.
Pero el empleo indefinido fue ef¨ªmero. A Eva la despidieron en agosto sin haber cobrado un euro. En el juzgado reclama los 1.209 euros que le adeudan. Se deprimi¨®. "Me han utilizado, se te viene el mundo encima, me ha costado volver a buscar trabajo", cuenta. El dinero es secundario, pelea por algo no evaluable: la reparaci¨®n de una injusticia.
Como Eva, otros discapacitados han sido v¨ªctimas de empresarios de escr¨²pulos relajados que se aprovechan de las ayudas p¨²blicas dedicadas a incentivar el empleo de un colectivo desfavorecido. Sin ser frecuente, existe. "Es raro que no se descubra, que se intente es otro tema", se?ala la presidenta de la Asociaci¨®n de Centros Especiales de Empleo, Mar¨ªa del Mar Mart¨ªn. En Andaluc¨ªa hay casi 400 centros especiales. En los ¨²ltimos dos a?os, Empleo ha iniciado expedientes de reintegro por un importe de, al menos, 2,4 millones de euros por fraudes en estas subvenciones.
El caso de Arte y Decoraci¨®n del Sur, el centro especial de empleo subvencionado en Sevilla que enga?¨® a Eva, resulta especialmente llamativo porque su promotor, Samuel Garc¨ªa Fern¨¢ndez, tiene un jugoso historial de subvenciones cobradas indebidamente, repentinos cambios de domicilios y plantillas despedidas. Garc¨ªa cre¨® en C¨¢diz en 2004 Puerto J¨²piter, un centro especial de empleo dedicado a limpieza y jardiner¨ªa subvencionado con 132.231 euros por los puestos de trabajo. Milagros Robles Romero fue una de sus primeras empleadas de limpieza. Hasta que el 24 de mayo de 2007, Samuel Garc¨ªa anunci¨® la quiebra a sus trabajadores, un mes despu¨¦s de la resoluci¨®n de la Direcci¨®n Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en C¨¢diz que le otorgaba otros 52.000 euros de subvenci¨®n por mantener en plantilla a trabajadores con discapacidad.
Milagros y los dem¨¢s aceptaron la salida voluntaria a cambio de ser contratados en otra empresa de Samuel Garc¨ªa: Arte y Decoraci¨®n del Sur 2004 en la que figura como administradora de la sociedad Roc¨ªo Dia?ez, una empleada. Tras unos meses de normalidad salarial, pronto los trabajadores dejaron de cobrar. Y, tras celebrar elecciones sindicales, toda la plantilla fue despedida. "Inmediatamente empezaron a contratar a otra gente a trav¨¦s de la empresa Inteldisa para poder hacerse cargo del trabajo", asegura Milagros Robles. "Monta empresas para coger subvenciones y las cierra", afirma. "Realizan de modo sistem¨¢tico una actuaci¨®n fraudulenta que consiste en la contrataci¨®n de personas con discapacidad para beneficiarse de ayudas p¨²blicas", esgrime en un escrito presentado ante el juzgado el abogado Enrique Carrasquilla, que lleva el caso de Eva S¨¢nchez.
El delegado de Empleo en C¨¢diz, Juan Bouza, cree que la administraci¨®n dispone de controles suficientes. Si se incumplen los requisitos, se inicia un expediente de reintegro. Si se incurre en delitos, se va a los tribunales. "Es posible que seamos poco ¨¢giles a la hora de tramitar pagos, pero somos eficientes en controlar los fondos que se dan", sostiene.
Bouza admite que algunos empresarios utilizan la ley "para no cumplirla". Samuel Garc¨ªa figura al frente de Puerto J¨²piter. Pero no de Arte y Decoraci¨®n del Sur o Inteldisa, lo que dificulta que la administraci¨®n pueda rastrear si hay irregularidades en el historial del empresario. Que adem¨¢s de pocos escr¨²pulos, tiene mucha cara. En el juzgado de lo mercantil donde se desarrolla el concurso voluntario de acreedores de Puerto J¨²piter ha reclamado 292.000 euros a la Junta por subvenciones no pagadas. En varias p¨¢ginas de empleo hay ofertas recientes para contratar trabajadores en C¨¢diz para Inteldisa Limpieza, su nueva marca.
Historial de centros 'fantasma'
- Caso Munchenn. El empresario Jos¨¦ Antonio Blas Soria contrat¨® 99 trabajadores para dos centros especiales de empleo dedicados a perfiles y estructuras de PVC en Sevilla. En 2006, la Inspecci¨®n de Trabajo comprueba que no tienen actividad y que se ha despedido a la plantilla. El Consejo de Gobierno le sancion¨® con 180.303 euros. La empresa est¨¢ pendiente de un juicio para que reintegre a la Consejer¨ªa de Empleo 1,2 millones por las ayudas que recibi¨®.
- Caso Montefr¨ªo. Sergio RosCompany solicita subvenciones por la contrataci¨®n de 40 trabajadores discapacitados para un centro especial de empleo para fabricar calzado y complementos. Recibe medio mill¨®n de euros en 2006. Al a?o siguiente le conceden 277.000 euros, aunque no se abon¨® la totalidad. En 2008, la Inspecci¨®n de Trabajo comprob¨® que adeuda salarios y prestaciones de incapacidad temporal, entre otras. Poco despu¨¦s, el empresario cerr¨® s¨²bitamente. Empleo le requerir¨¢ las subvenciones no justificadas que ya han sido abonadas.
- Caso Ja¨¦n. El empresario Antonio Francisco Orz¨¢ez L¨®pez recibi¨® unos 240.000 euros por crear 20 empleos en un centro especial. Algunas de las trabajadoras denunciaron que les hab¨ªan dado de alta en la Seguridad Social pero que nunca llegaron a trabajar. Empleo ha abierto el expediente de reintegro.
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