La batalla se libra en seis autonom¨ªas

La batalla ideol¨®gica contra la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa se est¨¢ librando sobre todo en seis comunidades. En cuatro de ellas (Andaluc¨ªa, Asturias, Arag¨®n, Catalu?a) ya se han pronunciado los tribunales, en otras dos (Madrid y Comunidad Valenciana) es el propio Gobierno el que ha decidido apoyar a este movimiento en contra de la materia. En Murcia no lo hacen tan abiertamente, pero van a dar facilidades a los objetores. A la vista de la dispersi¨®n de argumentos y de criterios de los magistrados auton¨®micos, todo hace pensar que el Supremo est¨¢ destinado a decir la ¨²ltima palabra. Si no lo hace antes del pr¨®ximo septiembre, tres Gobiernos han anunciado que apoyar¨¢n la objeci¨®n a ella: Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia.

Los obispos, arropados por organizaciones sociales como el Foro de la Familia y la confederaci¨®n cat¨®lica de padres Ceapa, est¨¢n propagando la doctrina en contra de esta materia, con la que hacen adem¨¢s el juego pol¨ªtico al Partido Popular -la mayor parte de las comunidades en las que hay conflicto est¨¢n gobernadas por los populares-, que ha decidido convertir este tema en el protagonista de su oposici¨®n al Gobierno en materia educativa. Los padres que han recurrido a los tribunales -a principio de este curso, cuando se empez¨® a impartir en seis comunidades lo hab¨ªan hecho 84, seg¨²n datos de las consejer¨ªas- pertenecen a estas organizaciones o lo cuentan con su apoyo.

- Andaluc¨ªa. La segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad en contra de esta materia intenta complementar los argumentos que utilizaba en la primera (del pasado marzo), en la que defend¨ªa el derecho de los padres de alumnos a la objeci¨®n "como a cualquier asunto que pertenezca al "claustro ¨ªntimo de creencias", y argumentaba "razones filos¨®ficas o religiosas". Dado que la tesis de la objeci¨®n de conciencia es m¨¢s que discutible cuando se objeta al cumplimiento de una ley, como es el caso, el mismo tribunal ha decidido en la segunda sentencia hacer referencia directamente al contenido de la asignatura, con lo que se ha visto obligada a mencionar el motivo de fondo de esta oposici¨®n organizada: el rechazo a que se explique a los ni?os que hay matrimonios homosexuales y que as¨ª sepan que tienen esta opci¨®n en la vida.

- Asturias. El Tribunal Superior de Asturias se manifest¨® a favor de la materia el pasado febrero. "No puede suscitar duda alguna sobre su constitucionalidad", dec¨ªa. "No cabe impugnar la materia por considerarla contraria al derecho a la libertad religiosa", "no existe un derecho constitucionalmente protegido a la objeci¨®n de conciencia superior a un deber impuesto normativamente", dejaba bien claro.

- Arag¨®n. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo n¨²mero 1 de Teruel desestim¨® la demanda para objetar de dos padres del Instituto Dami¨¢n Forment de la localidad turolense de Alcorisa. "No cabe impugnar gen¨¦ricamente las asignaturas relativas a Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa como contrarias al derecho a la libertad ideol¨®gica y en consecuencia que no procede amparar derecho fundamental alguno", rezaba el texto.

- Catalu?a. Ni siquiera admiti¨® el Tribunal Superior de Justicia catal¨¢n, a finales del a?o pasado, la reclamaci¨®n de los padres de tres hermanos para que no tuvieran que cursar la materia. El tribunal consider¨® que la Constituci¨®n no permite a los padres que puedan imponer a la Administraci¨®n el no cursar asignaturas que es obligatorio por ley que estudien sus hijos.

- Comunidad Valenciana y Murcia. El Gobierno valenciano apoya abiertamente la objeci¨®n y adem¨¢s impartir¨¢ la materia en ingl¨¦s. Murcia no lo ha dicho tan abiertamente pero en la pr¨¢ctica ha comunicado que har¨¢ lo mismo que la comunidad valenciana: poner a los objetores un aula a su servicio, en los centros, en la que podr¨¢n pasar la hora en la que sus compa?eros cursen esta materia.

Otras comunidades gobernadas por los populares han tenido una actitud m¨¢s prudente. El ejemplo es La Rioja. El Gobierno regional, del PP, ha decidido no admitir objeciones de conciencia a la asignatura. Un informe de sus servicios jur¨ªdicos advierte de que la objeci¨®n de conciencia "no est¨¢ reconocida en nuestro Estado de derecho ni en derecho alguno, pues significar¨ªa la negaci¨®n misma de la idea del Estado".