Imputado el general que vend¨ªa los terrenos de Defensa con el PP
Un juez de Madrid investiga una denuncia del fiscal por prevaricaci¨®n y fraude
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El general de brigada en la reserva Juan Antonio Migu¨¦lez Paz, m¨¢ximo responsable de las enajenaciones de terrenos e inmuebles del Ministerio de Defensa con el Gobierno del PP, ha sido imputado por un juzgado de Madrid por los presuntos delitos de prevaricaci¨®n y fraude.
Tanto el general Migu¨¦lez, ex director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED), como el teniente coronel Jos¨¦ Luis Bastabad Amado, jefe de Gesti¨®n Patrimonial del mismo organismo, comparecieron el pasado 4 de marzo ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 39 de Madrid para declarar, en calidad de imputados, por una denuncia de la Fiscal¨ªa. La denuncia se refiere a la venta, en el a?o 2000, de la vivienda del jefe de la Estaci¨®n Naval de Tarifa y de la Enfermer¨ªa de la misma dependencia, por un importe de 180.662 y 137.094 euros, respectivamente.
Ambos inmuebles se enajenaron por venta directa, despu¨¦s de que se declarasen desiertas las correspondientes subastas. El problema deriva de que las caracter¨ªsticas que figuraban en los anuncios de las subastas no coincid¨ªan con las inscritas en el Registro de la Propiedad, lo que explica que no acudiese ning¨²n licitador. En la primera, por ejemplo, exist¨ªa una edificaci¨®n de dos plantas y 566 metros cuadrados que no estaba legalizada.
Finalmente, la propiedad se adjudic¨® por venta directa a un particular, quien la adquiri¨® por el precio de salida de la segunda subasta, que era un 15% inferior al importe de la tasaci¨®n.
Se da la circunstancia de que la carta con la que la Gerencia acept¨® la oferta del comprador est¨¢ fechada el 27 de marzo de 2000, mientras que la oferta no se present¨® hasta un d¨ªa despu¨¦s. Sobre la carta del comprador figuraba una nota manuscrita del teniente coronel Bastabad con el siguiente texto: "Urgente. D¨¢mela en cuanto se presente".
Antes de firmar la venta, la Gerencia inscribi¨® correctamente en el registro los datos de la propiedad y legaliz¨® el edificio preexistente, por lo que enajen¨® un inmueble distinto al que ofreci¨® en la subasta. El mismo procedimiento se sigui¨® para la venta de la enfermer¨ªa.
Tribunal de Cuentas
Estas irregularidades, y otras muchas, fueron desveladas por la investigaci¨®n que la Secci¨®n de Fiscalizaci¨®n del Tribunal de Cuentas realiz¨® sobre las enajenaciones inmobiliarias de la GIED en los ejercicios de 1999 a 2002. S¨®lo en este periodo, dicho organismo aut¨®nomo, dependiente del Ministerio de Defensa, vendi¨® un total de 618 inmuebles, de los que m¨¢s de la mitad (378) fueron enajenados mediante adjudicaci¨®n directa, por un importe superior a los 600 millones de euros.
El anteproyecto de informe se present¨® hace un a?o en el pleno del Tribunal de Cuentas pero los consejeros elegidos a propuesta del Grupo Popular, que eran mayor¨ªa, se opusieron a su aprobaci¨®n, en lo que constituye un caso sin precedentes en este organismo fiscalizador, por lo que el documento qued¨® aparcado y nunca se remiti¨® al Parlamento, como es habitual.
No obstante, el fiscal del Tribunal de Cuentas, cumpliendo con su obligaci¨®n, dio cuenta a sus superiores jer¨¢rquicos de aquellos asuntos que, m¨¢s all¨¢ de las irregularidades contables, presentaban indicios de il¨ªcito penal. En su opini¨®n, esto ocurr¨ªa como m¨ªnimo con la venta de los inmuebles de Tarifa (C¨¢diz) y del cuartel de Bolta?a (Huesca), que compr¨® el Ayuntamiento de dicha localidad por 543.000 euros, cuando su valor catastral superaba los 720.000.
Mientras en este ¨²ltimo caso el posible delito, de existir, ya habr¨ªa prescrito, no suced¨ªa lo mismo con las ventas de Tarifa, por lo que el fiscal present¨® en enero pasado una denuncia que fue admitida a tr¨¢mite por el Juzgado n¨²mero 39 de Madrid.
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