De p¨²blico a privado

Si la Ley de Incompatibilidades no sirve para evitar que un asesor en materia econ¨®mica del presidente del Gobierno pueda pasar sin soluci¨®n de continuidad a presidir un lobby de las grandes empresas constructoras, es que la ley est¨¢ mal hecha y hay que cambiarla.

David Taguas ha sido hasta casi ayer director de la Oficina Econ¨®mica del Presidente, con categor¨ªa de secretario de Estado y despacho en La Moncloa. Cambiar esa ocupaci¨®n por la de presidente de un consorcio que se llama Sociedad de Empresas de Obras P¨²blicas de ?mbito Nacional (SEOPAN) acarrea de manera casi inevitable una doble sospecha: o bien que ese consorcio le estaba pagando los servicios prestados; o que le estaba comprando influencia futura sobre quienes deciden. Y ello en un momento en que el Gobierno anuncia un gran plan de obras p¨²blicas destinado a paliar el paro provocado por la crisis de la construcci¨®n residencial.

Para evitar esa sospecha existe la normativa sobre incompatibilidades, que, entre otras cosas, establece un plazo m¨ªnimo de dos a?os para que los altos cargos p¨²blicos puedan pasar a serlo de "empresas o sociedades relacionadas con las competencias desempe?adas".

Un asesor no decide, pero influye, y el director de la Oficina Econ¨®mica del Presidente lo hace de manera muy directa sobre quien m¨¢s poder de decisi¨®n tiene; no hay duda, por tanto, de que el esp¨ªritu de la norma impide ese tr¨¢nsito; pero tambi¨¦n su letra, ya que el cargo de Taguas implicaba formar parte de la Comisi¨®n Delegada para Asuntos Econ¨®micos, que toma acuerdos sobre asuntos de ese ¨¢mbito. Es decir, entre otros, sobre materias relacionadas con las obras p¨²blicas.

El dictamen que debe emitir la instituci¨®n encargada de las incompatibilidades, dependiente del Ministerio de Administraciones P¨²blicas, tendr¨¢ que determinar si entre las decisiones concretas tomadas por esa Comisi¨®n figuran algunas relacionadas con los intereses que representa SEOPAN. Pero incluso si no se hallaran, seguir¨ªa siendo de dif¨ªcil aceptaci¨®n que un asesor tan directo del presidente diera ese salto. El car¨¢cter impreciso, no reglado, de las competencias de la Oficina Econ¨®mica, sobre el que llam¨® la atenci¨®n el vicepresidente Solbes, favorece seguramente la opacidad; ser¨ªa buena ocasi¨®n para delimitar sus tareas.

Ilustra el problema a prevenir la par¨¢bola evang¨¦lica del mayordomo infiel, que negocia rebajas con los deudores de su se?or antes de abandonar el puesto, para as¨ª contar con gente que le deba algo en el futuro. Casos como el de Gerhard Schr?der, que pas¨® de canciller de Alemania a directivo de la empresa rusa Gazprom, con la que su Gobierno hab¨ªa negociado contratos p¨²blicos, provocaron un justificado esc¨¢ndalo. La democracia implica una confianza b¨¢sica entre representantes y representados, pero para alimentarla es necesaria una legislaci¨®n estricta contra la confusi¨®n entre intereses p¨²blicos y privados. Y aplicarla sin excepciones.