?tica y est¨¦tica

?Hubiera fichado el lobby de las grandes constructoras a David Taguas, ex director de la Oficina Econ¨®mica del Presidente (OEP), por su capacidad t¨¦cnica, en el caso de que el PP hubiera ganado las elecciones? S¨®lo contestando afirmativamente a este contraf¨¢ctico tiene sentido proseguir el debate sobre la ¨¦tica, la est¨¦tica y las incompatibilidades de altos cargos que se ha abierto a ra¨ªz de este caso, hecho p¨²blico a la puerta de un gigantesco puente, como si las continuas festividades fuesen a amortiguar la publicidad de tal decisi¨®n. Cuando el sentido com¨²n se confronta con la pol¨ªtica o la ley es que algo no funciona bien.

Si se corrobora su nombramiento como presidente de Seopan -para lo que se necesita el dictamen definitivo sobre su compatibilidad, que emitir¨¢ el Ministerio de Administraciones P¨²blicas- Taguas podr¨ªa volver a entrar en La Moncloa (de donde sali¨® hace apenas unas semanas) para sentarse en la misma mesa del mismo despacho que ten¨ªa antes como director de la OEP, pero desde el otro lado; por ejemplo, esta vez no tendr¨ªa que escuchar las demandas de los constructores para ampliar los avales del Instituto de Cr¨¦dito Oficial a las empresas que construyen vivienda libre, como seguramente le pidieron anta?o cuando ¨¦l era el titular de la oficina (a lo que se opuso el vicepresidente econ¨®mico del Gobierno, Pedro Solbes), sino verbalizarlas ¨¦l mismo y convencer a su interlocutor de la Administraci¨®n de que son necesarias. De funcionario visitado a brujo visitador. De torero a toro. Sin soluci¨®n de continuidad.

Taguas podr¨ªa pasar de funcionario visitado a 'brujo visitador'

La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos incluye que los miembros del Gobierno (Taguas ten¨ªa rango de secretario de Estado) no puedan realizar en dos a?os actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resoluci¨®n en el ejercicio del cargo. Seguro que Taguas no lo ha hecho, ya que su capacidad era otra, pero la actividad de la OEP ha tenido mucho que ver con el sector de la construcci¨®n y la soluci¨®n a algunos de sus problemas. La oficina ten¨ªa una estructura de 27 economistas, que serv¨ªan como "¨®rgano de apoyo encargado de asistir al presidente de Gobierno en asuntos econ¨®micos"; entre sus funciones est¨¢n las de "conocer los programas de los departamentos ministeriales para facilitar su labor" e "informar de los asuntos econ¨®micos que se someten a las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisi¨®n General de secretarios de Estado y subsecretarios"; y su director participaba, de cuerpo presente, en la Comisi¨®n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ¨®micos.

El lobby que ha fichado a Taguas llevaba m¨¢s de siete meses sin presidente, desde que falleci¨® Enrique de Aldama, quiz¨¢ esperando a que se despejase el panorama pol¨ªtico, saber el resultado de las elecciones del 9 de marzo y conocer los nombres del nuevo Gobierno. El presidente de Seopan ha sido hasta ahora un personaje del sector y no ha tenido funciones ejecutivas, sino de interlocuci¨®n e influencia. Forman parte de Seopan las 33 empresas constructoras m¨¢s importantes del sector, entre ellas las seis grandes: ACC, FCC, Acciona, Ferrovial, OHL y Sacyr Vallehermoso, que fabrican m¨¢s del 7% del PIB de Espa?a y dan trabajo a 420.000 personas. En los ¨²ltimos tiempos, alrededor de la mitad de la facturaci¨®n de esas empresas procede de actividades diferentes a la construcci¨®n, como son la energ¨ªa, las concesiones de infraestructuras, las finanzas y los servicios. Se han transmutado en grandes conglomerados, por lo que su necesidad de interlocuci¨®n ha de ser m¨¢s amplia que el Ministerio de Fomento y abarca al conjunto de la Administraci¨®n.

Resolver con eficacia las pasarelas directas entre el poder pol¨ªtico y el poder econ¨®mico es un asunto de la calidad de la democracia de un pa¨ªs. Si la ley de incompatibilidades no es capaz de combatir las zonas grises que se establecen, corresponde actualizarla. La sospecha generada de que con el nombramiento de Taguas, el lobby constructor paga los servicios prestados o compra influencia futura, no es sana para la democracia. Ni para Taguas, un buen economista con derecho a volver a trabajar en el sector privado, ni para sus interesados contratadores, ni para los hipot¨¦ticos receptores de sus influencias en el sector p¨²blico.