Europa, as¨ª no

La Comisi¨®n someter¨¢ ma?ana a los representantes de los Veintisiete un borrador de directiva que unifica los criterios para expulsar a los extranjeros que residen ilegalmente en territorio europeo. Aunque el documento se negocia desde 2005, su irrupci¨®n en la agenda coincide con un endurecimiento general del discurso en materia de inmigraci¨®n. Algunos Gobiernos de la Uni¨®n, como los de Francia e Italia, desean que la Comisi¨®n respalde sus pol¨ªticas, concedi¨¦ndoles, as¨ª, un marchamo de respetabilidad que las absuelva de las derivas populistas.

Otros Ejecutivos, como es el caso del espa?ol, pueden ceder a la tentaci¨®n de responsabilizar a esta directiva de unos cambios en la pol¨ªtica de inmigraci¨®n que buscan contrarrestar la ofensiva del Partido Popular en esta materia. Ma?ana, el Gobierno de Zapatero tendr¨¢ que optar con todas sus consecuencias: o se inclina por ocultarse detr¨¢s de la Comisi¨®n para resolver el debate interno sobre inmigraci¨®n, o rechaza un borrador de directiva que resulta dif¨ªcilmente compatible con el Estado de derecho.

Pretendiendo limitar los excesos en algunos Estados miembros, que no contemplan siquiera un tiempo m¨¢ximo de permanencia en los campos de inmigrantes, el borrador de directiva acaba por refrendar condenables figuras jur¨ªdicas que se dan en otros socios, como la retenci¨®n o la detenci¨®n administrativa. En este sentido, puede que el prop¨®sito del borrador sea mejorar las condiciones de los inmigrantes en algunos pa¨ªses, pero no deja de resultar inaceptable que, para ello, convalide que se encierre a una persona hasta 18 meses sin otra garant¨ªa que un control judicial de la situaci¨®n "en el plazo m¨¢s breve posible". Y otro tanto cabe decir de los menores no acompa?ados, a los que se podr¨ªa mantener en los campos de inmigrantes durante ese mismo a?o y medio si se dan determinadas circunstancias. La excusa de que los campos de inmigrantes no son exactamente centros penitenciarios no es de recibo: un lugar vallado y vigilado por las fuerzas de seguridad, al que una persona es conducida a la fuerza y albergada tambi¨¦n a la fuerza, puede recibir m¨²ltiples nombres, pero eso no cambia su naturaleza.

La Uni¨®n Europea, como otras regiones desarrolladas del mundo, tiene que hacer frente, sin duda, a los problemas derivados de la presencia de trabajadores extranjeros que residen y son empleados de manera ilegal. Pero no al precio de poner en entredicho el Estado de derecho; no al precio que, impl¨ªcitamente, hace pagar el borrador de directiva que se somete ma?ana a los Veintisiete. Durante los a?os de bonanza econ¨®mica se consinti¨® el empleo de extranjeros que entraban irregularmente en Europa, y ahora que las tornas han cambiado no se puede pretender que los efectos de aquel error se subsanen por v¨ªas expeditivas. Ser¨¢ dif¨ªcil desactivarlos, y es encomiable el prop¨®sito de la Comisi¨®n por encontrar un remedio. Pero este remedio, no.