Delitos ecol¨®gicos

La Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de Sevilla ha denunciado a cinco empresas de la industria aceitunera de Mor¨®n de la Frontera y atribuye a sus representantes legales la comisi¨®n de un delito ecol¨®gico. Estima que estas empresas han realizado vertidos contaminantes al r¨ªo Guadaira y al alcantarillado p¨²blico, haci¨¦ndolos coincidir con los d¨ªas de lluvia y, de esta forma, ocultar estos vertidos.

Tambi¨¦n interpone denuncia contra el alcalde y el concejal de Medio Ambiente de esta localidad. Entiende que los responsables municipales no adoptaron ninguna medida de control a pesar de conocer los hechos y tener competencia para hacerlo.

La presentaci¨®n de estas denuncias, y su extensi¨®n v¨ªa responsabilidad penal a representantes municipales, muestra que la red de Fiscales Medioambientales del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, que se cre¨® en el a?o 2004, est¨¢ funcionando y, adem¨¢s, con cierta eficacia, como revela el incremento de las denuncias a?o a a?o. Es verdad que, en la mayor¨ªa de los casos, estas denuncias se concretan m¨¢s en los delitos urban¨ªsticos y contra lo ordenaci¨®n del territorio, que contra los delitos ecol¨®gicos considerados en sentido estricto. Tambi¨¦n, como se ha puesto de relieve en ¨²ltimas memorias de la Fiscal¨ªa del TSJA, que en ocasiones hay responsabilidad por parte de instituciones y cargos p¨²blicos.

Pues bien, con independencia del resultado de estos procedimientos abiertos a instancias de la Fiscal¨ªa, ya que ser¨¢ la sentencia que recaiga en ellos la que ponga punto y final a estas denuncias, lo que se refleja es que tenemos una v¨ªa penal por la que se puede exigir responsabilidades. Hay respuesta del Estado frente a este tipo de actuaciones que act¨²a como instrumento coercitivo -actualmente estos delitos est¨¢s castigados con penas de prisi¨®n de hasta cuatro a?os-. Sin embargo, y a¨²n cuando esta conductas tienen relevancia penal, para una mejor respuesta por parte de la sociedad es necesario realizar una labor preventiva por instituciones locales y auton¨®micas. Y es as¨ª porque uno de los principios de las pol¨ªticas rectoras que deben seguir los poderes p¨²blicos, tal como se establece en el art¨ªculo 45 de la Constituci¨®n, es el de velar por la correcta utilizaci¨®n de los recursos naturales y restauraci¨®n del medio ambiente. En la misma l¨ªnea, y dentro de estas pol¨ªticas, se pronuncian los art¨ªculos 28 y 37.20 del Estatuto de Andaluc¨ªa. Es necesario, por tanto, que, en clara coherencia con las sanciones penales, las instituciones auton¨®micas realicen una pol¨ªtica preventiva que proteja el medio, lo que debe ejecutarse en franca colaboraci¨®n con otras comunidades aut¨®nomas. Es f¨¢cil de entender. Ni los r¨ªos ni el mar son exclusivos de una comunidad y, tanto su discurrir como sus aguas, afectan a distintas autonom¨ªas. Labor de prevenci¨®n que, arropada con fuertes sanciones administrativas, exigen un efectivo control, que comience en el propio establecimiento de la empresa y contin¨²e con su vigilancia y con rigor. Y aqu¨ª, entiendo, que, junto con los poderes p¨²blicos, tienen una labor fundamental los grupos pol¨ªticos. Estamos comprobando que, en los delitos de corte urban¨ªstico y en tantas conductas en contra de los intereses p¨²blicos, se guarde o se voceen por los grupos en funci¨®n de que los imputados pertenezcan a uno u otro grupo. Ejemplos hay, y muchos. Unos ejemplos que extienden por la sociedad una sensaci¨®n de impunidad, que es caldo de cultivo para que estas actuaciones se sigan generando. Un no cerrar los ojos a estas conductas y una descalificaci¨®n a sus presuntos autores por parte de los grupos a los que pertenecen, cuando existan actuaciones penales admitidas por los tribunales, introducir¨ªan factores nuevos que podr¨ªan invertir la tendencia en los delitos medioambientales y corregir su incremento. No debe ser muy dif¨ªcil. S¨®lo exige buena voluntad y determinaci¨®n. Despu¨¦s de todo, los grupos pol¨ªticos en sus programas electorales introducen, como una de sus pol¨ªticas, la protecci¨®n de los recursos naturales. Esta apuesta se compadece mal cuando sus alcaldes y cargos p¨²blicos est¨¢n imputados por estos delitos y siguen representando a las instituciones p¨²blicas como si, en lugar de estar imputados, formaran parte de la polic¨ªa especializada en su protecci¨®n y cuidado.