C¨®mo se ha llegado a esto

El caso del presunto asesino de la peque?a Mari Luz, en libertad cuando cometi¨® el crimen de que se le acusa a pesar de estar condenado por abusar sexualmente de su propia hija, tuvo el efecto de desvelar en toda su crudeza, m¨¢s all¨¢ de lo que se conoc¨ªa o sospechaba, el grave deterioro que padece la justicia penal espa?ola. Las demoras o retrasos injustificados en la ejecuci¨®n de las sentencias penales no son casos aislados, sino un mal generalizado que corroe al sistema penal en su conjunto y que genera una situaci¨®n de impunidad e inseguridad jur¨ªdica incompatible con el Estado de derecho.

As¨ª lo confirma el informe realizado a ra¨ªz de aquel tr¨¢gico caso por el servicio de inspecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial que cuantifica nada menos que en 270.000 las sentencias penales pendientes de ejecutar en la actualidad. C¨®mo se ha llegado a esta situaci¨®n sin que el Consejo del Poder Judicial diera una voz de alarma suficientemente potente como para ser escuchada es algo que merecer¨ªa una explicaci¨®n.

Sin embargo, las causas no son un misterio. Este Consejo, que prolonga su l¨¢nguida existencia desde finales de 2006, ha estado dominado por una mayor¨ªa de vocales m¨¢s atentos a las cuestiones pol¨ªticas e ideol¨®gicas que a los problemas de la justicia. Tampoco los Gobiernos han estado a la altura de los retos de la justicia, a los que han solido responder cicateramente y con retraso. Predispuestos a gobernar con frecuencia a golpe de C¨®digo Penal y a potenciar la opci¨®n carcelaria como exclusivo remedio al delito, se olvidan luego de inyectar en el sistema judicial los medios exigidos por esa pol¨ªtica. O pasan ol¨ªmpicamente, como viene sucediendo desde 1995, de poner en marcha las infraestructuras necesarias para que puedan cumplirse las penas alternativas a la prisi¨®n -trabajos en beneficio de la comunidad y arrestos de fin de semana- que contempla el C¨®digo Penal desde aquella fecha.

El ¨²ltimo ejemplo de incoherencia gubernamental en este campo es la reciente reforma penal de Tr¨¢fico, en la que las condenas, normalmente, a trabajos en beneficio de la comunidad, no pueden cumplirse por no disponer de plazas en organismos p¨²blicos y privados. El castigo adecuado a estas conductas de riesgo abstracto en la carretera -conducir ebrio, sin carn¨¦ de conducir o a velocidad excesiva- no es la c¨¢rcel, sino la pena m¨¢s reeducativa del trabajo. Lo que no puede ser es que queden impunes.

A este Gobierno parece que le ha tocado hacer un esfuerzo sin precedentes en la mejora de la justicia, aportando m¨¢s medios donde sea necesario y reordenando profundamente los existentes. Y a esta tarea debe contribuir tanto un Consejo Judicial en plenitud de funciones como una oposici¨®n pol¨ªtica vigilante pero acorde con ese objetivo. A la octava potencia econ¨®mica del mundo de la que alardea Zapatero le corresponde una justicia que est¨¦ a su altura.