Laicidad equ¨ªvoca

La vicepresidenta Fern¨¢ndez de la Vega present¨® anteayer en el Congreso las prioridades del nuevo Ejecutivo para la legislatura que comienza, entre las que destac¨® "avanzar en la condici¨®n de laicidad que la Constituci¨®n otorga a nuestro Estado". Fern¨¢ndez de la Vega concret¨® en parte este objetivo al anunciar una reforma de la Ley de Libertad Religiosa. El Gobierno ha corregido, as¨ª, el programa que el Partido Socialista present¨® en las ¨²ltimas elecciones, del que retir¨® a ¨²ltima hora el compromiso de reformar esta norma, vigente desde 1980.

Es una buena noticia que, tras los vaivenes de la legislatura anterior, el Gobierno haya decidido desarrollar el mandato constitucional sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Pero sorprende que el camino escogido sea la reforma de la Ley de Libertad Religiosa y no, por el contrario, la revisi¨®n de los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Aunque el Ejecutivo tendr¨¢ que especificar en su momento los aspectos que se propone reformar, los problemas surgidos desde que la ley entr¨® en vigor no derivan tanto de su articulado como de la aplicaci¨®n que han hecho los sucesivos Gobiernos, siempre favorable a la Iglesia cat¨®lica, hasta consolidarla en una situaci¨®n de privilegio frente a las dem¨¢s confesiones.

A pesar de que la ley exige inscribir las iglesias o las comunidades en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, la jerarqu¨ªa cat¨®lica no ha cumplimentado este requisito, en abierto desaf¨ªo al Estado. Su presencia en establecimientos p¨²blicos militares, hospitalarios, asistenciales o penitenciarios es pr¨¢cticamente general, mientras que es nula o escasa la de otras confesiones. El sistema de conciertos le ha permitido, por otro lado, controlar un importante porcentaje del sistema educativo. Y las diferencias en materia de financiaci¨®n van desde los 4.000 millones de euros que recibe la Iglesia cat¨®lica a los cinco que reciben los otros credos. El acuerdo por el que se rigen ¨¦stos data de 1992 y, a diferencia del que regula las relaciones con la Iglesia cat¨®lica, no hay dudas sobre su constitucionalidad. Las confesiones minoritarias han expresado reiteradas quejas sobre los incumplimientos de los acuerdos de 1992 por parte del Estado.

Al manifestar su intenci¨®n de reformar la ley pero omitir cualquier menci¨®n a los acuerdos de 1979, que han sido hasta ahora el principal obst¨¢culo a la separaci¨®n entre la religi¨®n y el Estado establecida por la Constituci¨®n, el Gobierno transmite una impresi¨®n equ¨ªvoca. No se sabe a ciencia cierta si lo que pretende es reconsiderar la situaci¨®n de privilegio de la Iglesia cat¨®lica o, por el contrario, generalizar algunos de sus extremos al resto de las confesiones, por ejemplo, aumentando la financiaci¨®n o concedi¨¦ndoles m¨¢s espacio en la educaci¨®n.

Hasta que el Gobierno se pronuncie sobre el futuro de los acuerdos con la Santa Sede, no se podr¨¢ conocer lo lejos que se propone llegar en esta materia.