Cambiar el sistema, s¨ª, pero ?c¨®mo?

En los pr¨®ximos tres meses, seg¨²n marca el Estatuto catal¨¢n, el Gobierno y la Generalitat deber¨¢n acordar un nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica. Y, para el Gobierno, el ¨¦xito pol¨ªtico de ese pacto depende de que la reforma de la financiaci¨®n cuente a su vez con el respaldo de todas las comunidades aut¨®nomas.

El sistema en vigor fue respaldado en 2001 por todas las comunidades. Tambi¨¦n es un¨¢nime ahora el deseo de mejorarlo. Las necesidades de gasto de las comunidades se definieron a partir de la poblaci¨®n de 1999. Y, pese a que ahora el padr¨®n actualiza sus datos cada a?o, ese par¨¢metro no se cambi¨®. Todas las comunidades -Madrid y Valencia dicen haber perdido m¨¢s de 5.000 millones-, insisten en que se utilice el dato real.

El Ejecutivo de Montilla cree que hay un "exceso de nivelaci¨®n"

Para afrontar el aumento de gasto no reconocido por el actual sistema, todas las comunidades respaldar¨ªan tambi¨¦n un aumento sustancial de los impuestos cedidos por el Gobierno a las autonom¨ªas. Las diferencias empiezan al definir las variables de reparto de los recursos. Las comunidades de mayor peso econ¨®mico (Madrid, Baleares, Catalu?a y Valencia) quieren que la poblaci¨®n corregida por la inmigraci¨®n y el m¨¢s elevado coste de la vida sea el criterio esencial, frente a otras (Galicia, Castilla y Le¨®n, Arag¨®n), que ponen sobre la mesa otros factores (envejecimiento, dispersi¨®n territorial). Andaluc¨ªa, que ha formulado su propia alternativa, incide en que se tenga en cuenta la poblaci¨®n en edad escolar al repartir el dinero destinado a educaci¨®n, la competencia m¨¢s costosa.

Pero la discrepancia m¨¢s radical se encuentra en la interpretaci¨®n de los resultados que ha dado el sistema. El modelo, que en 2005 suministr¨® 98.000 millones a las comunidades -el 70% de los presupuestos auton¨®micos, que se nutren tambi¨¦n de otros fondos estatales y europeos-, aplica una garant¨ªa econ¨®mica para que haya una prestaci¨®n de servicios b¨¢sicos similar en todos los territorios. Y, tras aplicar ese mecanismo, el llamado fondo de suficiencia, los recursos por habitante logrados por varias comunidades con menos ingresos tributarios superan los que logran las comunidades que generan m¨¢s riqueza (Madrid, Catalu?a o Baleares). Algo que no pasa en Alemania, el modelo de referencia de Montilla (v¨¦ase cuadro).

Comunidades como Extremadura o Castilla y Le¨®n argumentan que esa diferencia refleja el mayor coste de prestar servicios en sus territorios. Pero para Catalu?a, que depende m¨¢s del sistema al tener menos fondos europeos y no acceder al Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial, es una aberraci¨®n.

El Ejecutivo de Jos¨¦ Montilla entiende que hay un "exceso de nivelaci¨®n". Es decir, que las autonom¨ªas con mayor capacidad fiscal transfieren demasiado dinero a las receptoras netas, hasta el punto de que disponen de menos recursos por habitante.

El Gobierno catal¨¢n quiere trasladar la progresividad fiscal que nadie cuestiona en la renta personal, a los territorios: Nadie pone en duda que las personas con m¨¢s ingresos paguen m¨¢s IRPF para que las que tienen menos recursos puedan acceder, en las mismas condiciones, a los servicios b¨¢sicos. Pero tras cumplir con Hacienda, el rico, fruto de su mayor esfuerzo fiscal, sigue teniendo m¨¢s renta que el pobre, ¨¦ste no lo supera en recursos.

Por ese motivo, Catalu?a, cuyas exigencias han sido determinantes en anteriores negociaciones, propone que la nivelaci¨®n sea parcial y se limite a los servicios esenciales, un planteamiento que no resulta inc¨®modo al Gobierno. Lo que ha levantado ampollas es la definici¨®n de esos servicios esenciales, que la Generalitat plantea limitar a salud, educaci¨®n y servicios sociales y cuyo peso en porcentaje lo estima entre el 65% y el 75% de los recursos. La Comunidad Valenciana (PP) y Baleares comparten esta tesis. Pero el resto de comunidades del PSOE, o Castilla y Le¨®n y Murcia (PP) exigen que en la nivelaci¨®n entren todos los servicios.

La Generalitat insiste en que la solidaridad territorial se refuerce con fondos estatales fuera del sistema. Su otra gran exigencia, el aumento de la cesi¨®n de impuestos (del 33% al 50% en el IRPF, del 35% al 50% en el IVA, del 40% al 58% en los impuestos especiales) levanta menos suspicacias.