El fiscal compromete su pacto para condenar a los ediles del GIL

Cuatro meses de negociaci¨®n entre la fiscal¨ªa y los abogados defensores para agilizar decenas de causas judiciales contra los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella corren serio riesgo de irse al traste por no haberse contado en las conversaciones con un actor secundario pero determinante: la acusaci¨®n particular. Los ediles se ahorrar¨ªan unos 70 juicios por aprobar licencias urban¨ªsticas ilegales a cambio de aceptar pasar un m¨¢ximo de tres a?os en prisi¨®n.

Un d¨ªa despu¨¦s de que el grupo municipal socialista marbell¨ª rechazara los t¨¦rminos actuales del pacto, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, anunci¨® ayer que si el fiscal no aumenta su petici¨®n de pena y exige responsabilidades civiles a los ex concejales por el da?o urban¨ªstico causado a la ciudad, ser¨¢n ellos quienes lo pidan.

Esto supone un torpedo en plena l¨ªnea de flotaci¨®n del acuerdo, ya que obligar¨ªa a celebrar todos los juicios pendientes, precisamente lo que las defensas y fiscal¨ªa pretenden evitar. Uno de los principales afectados por este movimiento ser¨ªa el ex alcalde Juli¨¢n Mu?oz, que todav¨ªa tiene pendientes de calificaci¨®n 42 juicios por prevaricaci¨®n urban¨ªstica. Mu?oz volvi¨® ayer a la c¨¢rcel de Alhaur¨ªn el Grande despu¨¦s de disfrutar de su segundo permiso penitenciario de tres d¨ªas desde que fue detenido en julio de 2006.

Tanto la acusaci¨®n socialista (personada en seis procedimientos) como la municipal aseguran que, desde el mes de enero, cuando comenz¨® a negociarse el pacto, la fiscal¨ªa no ha contactado con ellos. "No tenemos ning¨²n conocimiento del pacto de la fiscal¨ªa y, en esas circunstancias, el Ayuntamiento mantiene su acusaci¨®n y no se apoyar¨¢ en ning¨²n pacto que desconoce", asegur¨® ayer el portavoz municipal, F¨¦lix Romero.

Asegur¨® que desde que el PP lleg¨® a la Alcald¨ªa, en mayo de 2007, el Ayuntamiento ha pedido personarse en 138 procedimientos penales contra personas vinculadas al GIL, que gobern¨® en el municipio entre 1991 y marzo de 2006, cuando se disolvi¨® el consistorio tras la Operaci¨®n Malaya. De estas 138 causas posteriores al a?o 2000 y todav¨ªa en fase de instrucci¨®n, "m¨¢s de ochenta procesos" corresponden a delitos de prevaricaci¨®n urban¨ªstica, los que entran en el pacto.

No ser¨¢ hasta el pr¨®ximo d¨ªa 26 cuando el abogado del grupo del PSOE, Oliver Roales, se re¨²na con el fiscal de Medio Ambiente de M¨¢laga, Juan Calvo-Rubio, que dirige las negociaciones. Roales pidi¨® la cita con el fiscal hace una semana "cuando vio los t¨¦rminos del pacto en la prensa".

Los abogados de la acusaci¨®n no saben si interpretar la falta de informaci¨®n como una torpeza, como un error o como parte de la estrategia del fiscal. Sin embargo, s¨ª tienen claro que las penas que el ministerio p¨²blico ha pactado con los ex ediles son "insuficientes".