Salud insiste en castigar a los m¨¦dicos del 'caso Puerta', pero rebaja la sanci¨®n

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha cambiado de criterio sobre las medidas contra los m¨¦dicos que cuestionaron la atenci¨®n sanitaria que recibi¨® el futbolista Antonio Puerta tras las sucesivas paradas cardiorrespiratorias que sufri¨® antes de morir. Salud ha rebajado su primera propuesta de sanci¨®n de dos a?os de suspensi¨®n de empleo para los cuatro m¨¦dicos de urgencias del Hospital Virgen del Roc¨ªo de Sevilla cuyas conversaciones con un periodista fueron grabadas con c¨¢mara oculta y difundidas por el programada La Noria de Tele 5.

Los implicados recurrieron la sanci¨®n ante el director general de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, Rafael Burgos, quien ha emitido una resoluci¨®n que suaviza la anterior, pero insiste en castigar a los doctores y apartarles de su trabajo. Para el m¨¦dico Javier Guti¨¦rrez Caracuel, propone una suspensi¨®n de cinco meses; para Mauricio S¨¢enz de Tejada, dos; y para los otros dos facultativos, que no han querido ser identificados, tres meses.

El director de personal acusa a los m¨¦dicos de una falta "grave"

"Nos quieren sancionar como sea", dice un m¨¦dico

El director de personal sostiene que los m¨¦dicos incurrieron en una falta al opinar sobre la atenci¨®n recibida por el futbolista, pero disiente con la instructora de la resoluci¨®n anterior sobre la tipificaci¨®n de la misma. El primer informe consideraba la actuaci¨®n de los facultativos como una falta "muy grave" recogida en el Estatuto Marco del SAS; el director de Personal lo deja en falta "grave".

Seg¨²n la instructora que propuso la sanci¨®n de dos a?os, las manifestaciones de los m¨¦dicos al periodista supusieron "el quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al centro o instituci¨®n o intimidad personal de los usuarios y a la informaci¨®n relacionada con su proceso y estancia". El art¨ªculo 72.2 del estatuto marco tipifica esta conducta como falta "muy grave", sancionable con entre dos y seis a?os de suspensi¨®n de empleo. La instructora se decant¨® por proponer la pena m¨ªnima. El director de personal cree, en cambio, que los m¨¦dicos cometieron una falta "grave" recogida el art¨ªculo 72.3: "desconsideraci¨®n con los superiores, compa?eros, subordinados o usuarios". La ley prev¨¦ sanciones de entre un d¨ªa y dos a?os de suspensi¨®n de empleo y el SAS ha optado por entre dos y cinco meses.

Pero los m¨¦dicos no se conforman con la reducci¨®n del castigo y van a recurrir la resoluci¨®n ante el director gerente del SAS. Su dictamen s¨ª que ser¨¢ ya firme y Javier Guti¨¦rrez Caracuel, uno de los doctores expedientados, advierte de que no aceptar¨¢ un dictamen que siga cuestionando su actuaci¨®n. Guti¨¦rrez, que trabaja en las urgencias del Virgen del Roc¨ªo desde hace 11 a?os, est¨¢ dispuesto a llevar a los tribunales al SAS. "Yo voy a llegar hasta el final. No voy aceptar ni un apercibimiento", asegura.

"?Por qu¨¦ hay que castigar a quien dice la verdad?" se pregunta el m¨¦dico, para quien la rebaja de sanci¨®n no ha sido una buena noticia. "Sigue siendo una mancha en mi expediente despu¨¦s de muchos a?os de duro trabajo". El cambio de criterio de la administraci¨®n, que ya no considera las declaraciones de los m¨¦dicos como quebranto de la intimidad del paciente sino como una "grave desconsideraci¨®n", tampoco gusta al facultativo. "Est¨¢n jugando con las personas. ?Antes hab¨ªa hecho una cosa y ahora otra? ?Antes era muy malo y ahora un poco menos? Me parece que est¨¢n intentando encuadrar lo que he hecho en cualquier punto del Estatuto Marco. Nos quieren sancionar como sea y han buscado el punto al que puedan agarrarse".

Guti¨¦rrez, como otros dos de sus compa?eros sancionados, ya cumpli¨® 63 d¨ªas de suspensi¨®n cautelar de empleo -el cuarto m¨¦dico se libr¨® por su condici¨®n de delegado sindical-. Un juez consider¨® luego que la medida era "arbitraria, at¨ªpica y desproporcionada" y orden¨® que se permitiera la reincorporaci¨®n de los m¨¦dicos a sus puestos de trabajo. "Estuvimos apartados cautelarmente por un motivo que ahora los mismos del SAS dicen que no existe", advierte el facultativo.

Guti¨¦rrez a¨²n no se ha recuperado de aquellos d¨ªas de castigo y, el pasado 8 de abril, interpuso una demanda contra el SAS por da?os y perjuicios. Sigue necesitando tomar antidepresivos y por las noches no consigue conciliar el sue?o sin la ayuda de pastillas. Cuando la qu¨ªmica no hace efecto, se agarra a su afici¨®n a la pintura. "Me he matriculado en Bellas Artes y si no puedo pegar ojo me levanto a pintar a las cinco de la madrugada", cuenta.

Las ma?anas libres de uno de esos d¨ªas de ostracismo forzado por la sanci¨®n cautelar le llevaron un d¨ªa hasta la Oficina del Defensor del Pueblo, donde consigui¨® que le recibiera el adjunto especializado en temas de salud, Francisco Javier Guti¨¦rrez. Le expuso su caso, present¨® una queja y el defensor, Jos¨¦ Chamizo, acaba de emitir un informe en el que recrimina la propuesta de sanci¨®n contra los facultativos.

A lo largo de 14 folios, el texto firmado por Chamizo desgrana los hechos y una amplia jurisprudencia el Tribunal Constitucional que le llevan a concluir que la sanci¨®n resulta "injustificada". "Los hechos que se le imputan al interesado deben ser valorados a la luz del ejercicio de los derechos reconocidos en el art¨ªculo 20.1 de la Constituci¨®n [referido a la libertad de expresi¨®n] y no ser¨ªan acreedores a lo que, en nuestra opini¨®n, y por las razones expuestas, resulta una sanci¨®n injustificada conforme a la propuesta de resoluci¨®n contenida en las actuaciones", advierte el defensor.

Chamizo termina su informe con varias sugerencias dirigidas a la Direcci¨®n Gerencia de los Hospitales Universitarios Virgen del Roc¨ªo y un "exhorto" lanzado directamente a la administraci¨®n sanitaria: que articule "en la mejor manera y forma" sus intereses y los del hospital con los derechos individuales del m¨¦dico expedientado. Adem¨¢s, el defensor pide al SAS "el m¨¢ximo respeto por los derechos fundamentales a la libertad de expresi¨®n y a comunicar informaci¨®n veraz". "De lo contrario", concluye Chamizo, "podr¨ªa derivarse [...] la nulidad radical de la medida disciplinaria impuesta".