La Agencia de Datos investiga el uso de listas para viviendas en Rabassa

Primera investigaci¨®n oficial sobre la tramitaci¨®n del Plan Rabassa de Alicante. La Agencia de Protecci¨®n de Datos comunic¨® ayer a las partes que ha abierto un procedimiento sancionador contra la empresa de Enrique Ortiz, promotora del macroproyecto urban¨ªstico de 13.500 casas, por "gesti¨®n de la informaci¨®n de los particulares que acudieron a inscribirse en la lista para poder acceder a viviendas en el futuro Plan Rabassa", seg¨²n inform¨® ayer en una nota la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC).

El procedimiento sancionador contra Viviendas Sociales del Mediterr¨¢neo, empresa del Grupo Ortiz promotora del plan, se abre por infracci¨®n del art¨ªculo 26.1 de la Ley Org¨¢nica 15/199 de 13 de diciembre de Protecci¨®n de Datos de Car¨¢cter Personal (LOPD) y podr¨ªa comportar una sanci¨®n de entre 601 euros a 60.101,21 euros. La ley indica que "toda persona o entidad que proceda a la creaci¨®n de ficheros de datos de car¨¢cter personal lo notificar¨¢ antes de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos". Sin embargo, la empresa no cumpli¨® este tr¨¢mite. Los hechos se remontan a junio de 2005, cuando a¨²n no se hab¨ªa aprobado provisionalmente el Plan Rabassa, y la mercantil abri¨® una oficina temporal en las inmediaciones del Ayuntamiento de Alicante, en la que ofrec¨ªa la inscripci¨®n para las viviendas del futuro plan urban¨ªstico.

El empresario intent¨® minimizar la importancia de esta investigaci¨®n de la Agencia de Protecci¨®n de Datos mediante un comunicado en el que destaca que se trata de "una falta leve" por haber solicitado previamente la inscripci¨®n del fichero de datos de car¨¢cter personal. Los responsables de la constructora admiten que "es cierto que, por desconocimiento, no se comunic¨® previamente a la Agencia la creaci¨®n de esos ficheros" en los que constan el nombre y apellidos, direcci¨®n, tel¨¦fono y correo electr¨®nico de las 7.089 personas que se los "aportaron al solicitar informaci¨®n sobre las viviendas". La empresa asegura que los datos se guardaron en un ¨²nico CD que se deposit¨® en una caja fuerte de las oficinas de Civica y "en ning¨²n caso se ha vulnerado la confidencialidad". La empresa constructora mostr¨® su satisfacci¨®n porque esta resoluci¨®n manifiesta que "no se ha cometido el c¨²mulo de irregularidades" del que se la acusaba, "salvo esta falta leve por desconocer el procedimiento". La resoluci¨®n es firme y no cabe recurso, seg¨²n la PIC.