Italia aprueba el decreto que convierte la inmigraci¨®n ilegal en delito
El Gobierno de Berlusconi declara zonas militares los vertederos de N¨¢poles
Primer consejo de ministros del tercer Gobierno de Silvio Berlusconi. En las calles de N¨¢poles, unos 800 manifestantes gritan: "Ni racismo ni intolerancia, igualdad". Suena a canto del cisne. El Gabinete aprueba el paquete de seguridad Maroni: la inmigraci¨®n ilegal ser¨¢ considerada un delito. Adem¨¢s, los sin papeles que cometan un delito ver¨¢n su pena agravada en un tercio; los alcaldes tendr¨¢n poderes para controlar y expulsar a los extranjeros, comunitarios o no; para vivir en el pa¨ªs, ¨¦stos deber¨¢n demostrar que tienen casa, renta y un seguro m¨¦dico. Los sin papeles podr¨¢n ser retenidos en centros temporales 18 meses en vez de los dos actuales.
Se prev¨¦n penas de seis meses a cuatro a?os de prisi¨®n para los clandestinos
El Gobierno presenta en el Palacio Real de N¨¢poles su prometida vuelta de tuerca, un conjunto dur¨ªsimo de medidas. En un 80%, se dedican a restringir la entrada, la libre circulaci¨®n y los derechos de los ciudadanos extranjeros que residen en el pa¨ªs. Se dir¨ªa que la mayor¨ªa de las medidas, m¨¢s que para garantizar la seguridad, han sido dise?adas para expulsar de forma inmediata a rumanos y gitanos.
El paquete estar¨¢ en vigor antes del final de julio, asegur¨® el ministro de Interior, Roberto Maroni, aunque unas medidas ser¨¢n autom¨¢ticas, porque forman parte del decreto; otras se aprobar¨¢n en el Parlamento por v¨ªa de urgencia. Maroni asegura que las 30 medidas respetan las normas europeas y que ocho se dedican a la lucha contra la mafia.
Maroni vende el artefacto de manera ca¨®tica, sin detenerse en el detalle, mezclando medidas jur¨ªdicas, policiales, pol¨ªticas. Pero lo que se esconde detr¨¢s es una verdadera ley de extranjer¨ªa in¨¦dita por su dureza. Los esl¨®ganes xen¨®fobos que alimentaron la campa?a de la Liga Norte y el Pueblo de la Libertad se han escrito negro sobre blanco. Ahora son la ley: "Los italianos quieren seguridad"; "fuera los campamentos gitanos"; "caza a los rumanos, vienen a robar".
Ser extranjero ser¨¢ much¨ªsimo menos f¨¢cil que ser italiano. Comunitario o no, si es extranjero y entra o permanece en Italia de modo irregular, podr¨¢ ser condenado a una pena de entre seis meses y cuatro a?os de c¨¢rcel. Si delinque, la pena le ser¨¢ elevada autom¨¢ticamente en un tercio.
El decreto establece muchas obligaciones y ning¨²n derecho para los inmigrantes. Ni una palabra sobre los ataques racistas a los campamentos gitanos. Se endurecen las condiciones para el reagrupamiento familiar, que se limita a padres e hijos, previa prueba de ADN. Los que pidan asilo pol¨ªtico no podr¨¢n moverse del lugar asignado por el prefecto. Los que alquilen casas a extranjeros ilegales arriesgan entre seis meses y tres a?os de c¨¢rcel, multa de 50.000 euros y la confiscaci¨®n del piso.
El decreto busca tambi¨¦n devolver el decoro a las ciudades. Los alcaldes refuerzan sus poderes represivos. Podr¨¢n echar a los vendedores de bolsos falsos, a los que anden sin oficio, obligar a limpiar los monumentos a quienes los ensucien. El modelo del alcalde-sheriff de la Liga Norte tendr¨¢ escala nacional.
"Estamos en N¨¢poles para decir que el Estado volver¨¢ a ser Estado", dice Silvio Berlusconi. "Los italianos tienen derecho a no tener miedo, es un derecho primario". Es su ¨²nico comentario sobre inmigraci¨®n. Hay 500 periodistas acreditados, pero apenas se permiten seis preguntas: todas sobre basura y econom¨ªa.
El primer ministro desgrana los 17 art¨ªculos del plan que "solucionar¨¢ de manera definitiva la crisis de los residuos de N¨¢poles". "Usaremos la autoridad y la fuerza", promete. Se nombra secretario de Estado vinculado a la presidencia del Consejo al director de Protecci¨®n Civil, Guido Bertolaso, que tendr¨¢ poderes sobre los alcaldes. Se declaran zonas militarizadas los cinco nuevos vertederos (secretos de momento) que se abrir¨¢n en la regi¨®n para evitar la oposici¨®n de los vecinos. El que entre en ellas, podr¨¢ ser condenado a un a?o de c¨¢rcel. Se obliga a los ayuntamientos a adoptar la recogida selectiva. El Gobierno financiar¨¢ el plan con "cientos de millones de euros". "Har¨¢n falta 30 meses", dice al final. "?No hay m¨¢s preguntas? Vaya, han apagado el micr¨®fono". Berlusconi ha vuelto.
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