Una perversa loter¨ªa urban¨ªstica

"Una perversa loter¨ªa urban¨ªstica". Los ecologistas defin¨ªan as¨ª el Plan Territorial Insular (PTI) de Mallorca en la denuncia que presentaron ante la fiscal¨ªa. Anticorrupci¨®n determin¨® que en la norma que aprob¨® el Consell de Mallorca anidaron presuntos delitos de tr¨¢fico de influencias, de informaci¨®n privilegiada y prevaricaci¨®n en "la recalificaci¨®n de grandes zonas r¨²sticas que pasan a conformar suelo urbanizable de uso residencial". Los pelotazos propiciados por el PTI han quedado frustrados, bloqueados, por la causa penal abierta por la querella de los fiscales. ?stos afirman que existe "antijuridicidad, arbitrariedad y beneficio de particulares sin apenas utilidad p¨²blica y social".

Pol¨ªticos del PP y Uni¨® Mallorquina (UM) y empresarios inmobiliarios est¨¢n imputados. Hoy declara ante el juez un hombre del ex presidente Jaume Matas, el diputado y ex consejero de Medio Ambiente, Jaume Font, que supuestamente divulg¨® detalles del plan. El mi¨¦rcoles declar¨® el promotor Vicente Grande, presidente del Real Mallorca. Mateo Sastre, due?o de Ibercon, y Federico Serratosa est¨¢n se?alados como beneficiarios de las recalificaciones.

Todos niegan haber usado informaci¨®n privilegiada. Pero seg¨²n Anticorrupci¨®n, empresarios, propietarios y pol¨ªticos traficaron con "la informaci¨®n [previa] para adquirir los referidos terrenos y hacer suya la importante plusval¨ªa que se iba a generar". As¨ª, seg¨²n las investigaciones, muchos empresarios movieron decenas de millones en compraventas de terrenos.

El plan cre¨® expectativas urbanas mediante la f¨®rmula de permutar terrenos protegidos y sin valor por otros altamente rentables. As¨ª, por ejemplo, a cambio de unas parcelas sin inter¨¦s de Alc¨²dia, se facilitan 330.000 metros cuadrados urbanizables en suelo r¨²stico de Marratx¨ª, cerca de Palma, para 1.200 viviendas; la plusval¨ªa supuesta es de 93,4 millones. Mediante el derribo del hotel Don Pedro (de Cala Sant Vicent) y de otro hotel menor y sin explotaci¨®n, el Rocamar, en S¨®ller, se permite el desarrollo inmobiliario en 42 hect¨¢reas de Campos, en Sa R¨¢pita. El beneficio calculado es de 76,5 millones.

Las operaciones "no suponen medida alguna de protecci¨®n ni de mejora del paisaje rural, ni de la calidad ambiental ni de la biodiversidad", contrariamente a la raz¨®n que se aduce para justificarlas, seg¨²n denuncia la fiscal¨ªa.