La Xunta fijar¨¢ a los alcaldes las normas para la gesti¨®n de residuos

El peso de la gesti¨®n de los residuos recaer¨¢ en los ayuntamientos, pero ¨¦stos deber¨¢n respetar en sus respectivos planes las directrices que les marque el Gobierno gallego. As¨ª lo establece el proyecto de Ley de Residuos que ayer aprob¨® el Consello de la Xunta, basado en la f¨®rmula de la reducci¨®n, reutilizaci¨®n y reciclaje. La norma cuenta con un informe cr¨ªtico del Consello Econ¨®mico e Social (CES), que denuncia el mantenimiento de un esquema "basado en la incineraci¨®n".

Emilio P¨¦rez Touri?o lo neg¨®: "El Gobierno de la Xunta tiene otra valoraci¨®n". La normativa contempla la posibilidad de crear un nuevo tributo para financiar las operaciones de gesti¨®n de residuos.

La censura del CES se debe entre otras causas al mantenimiento de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, SA (Sogama), encargada de gestionar todos los residuos que se depositen en las estaciones de transferencia o tratamiento de Galicia. Adem¨¢s de aplicar los principios de reutilizaci¨®n, recuperaci¨®n y reciclaje, la norma contempla el destino de los residuos como fuente de energ¨ªa. "La ley constituye una apuesta muy potente e inequ¨ªvoca a favor del reciclaje, la valoraci¨®n y la reutilizaci¨®n, en l¨ªnea con las directivas europeas m¨¢s avanzadas", replic¨® al CES el presidente de la Xunta.

La nueva normativa crea el r¨¦gimen jur¨ªdico aplicable a la producci¨®n de los residuos y regula la planificaci¨®n auton¨®mica y local. Establece adem¨¢s el r¨¦gimen de autorizaci¨®n administrativa para las actividades de producci¨®n, posesi¨®n y gesti¨®n de residuos y regula los suelos contaminados. Su r¨¦gimen sancionador contempla multas que pueden alcanzar 1,2 millones de euros e inhabilitaciones de hasta diez a?os para el ejercicio de cualquier actividad prevista en la ley.

De acuerdo con el texto aprobado por el Gobierno gallego, le corresponde a ¨¦ste la elaboraci¨®n y aprobaci¨®n de los planes de residuos, en los que se recoger¨¢n desde su ¨¢mbito territorial y temporal, hasta el plan de infraestructuras necesarias para alcanzar sus objetivos. La ley abre la posibilidad de que las entidades locales elaboren sus propios planes de gesti¨®n de residuos urbanos, que deber¨¢n respetar las directrices contenidas en el de la Xunta.

Una de las novedades del documento es la posibilidad de declarar un suelo contaminado, en el que, entre otras medidas, no se permitir¨¢ ejecutar desarrollos urban¨ªsticos. La ley regula las obligaciones de los responsables de la puesta en el mercado de productos que con su uso se convierten en residuos. Estas empresas deber¨¢n realizar un autoan¨¢lisis ambiental con periodicidad anual, encaminada a optimizar instalaciones y t¨¦cnicas de producci¨®n. Tambi¨¦n se establece la creaci¨®n de una auditor¨ªa ambiental, que implica la colaboraci¨®n con las empresas para identificar sus puntos cr¨ªticos.

Servicios p¨²blicos

El Consello tambi¨¦n aprob¨® ayer el decreto que regula las cartas de servicios de la Xunta y el observatorio de calidad y de la administraci¨®n electr¨®nica, que desarrolla la Ley de Transparencia. A dichas cartas podr¨¢n acceder todos los ciudadanos, para identificar el organismo responsable de prestar cada servicio y conocer los compromisos de calidad a los que se debe ajustar.

Otro de los acuerdos de la reuni¨®n del Gobierno fue la aprobaci¨®n del decreto por el que se uniformar¨¢ toda la se?alizaci¨®n tur¨ªstica de Galicia, lo que permitir¨¢ crear una imagen corporativa del sector. La Xunta tambi¨¦n aprob¨® la declaraci¨®n de titularidad p¨²blica para la construcci¨®n del tramo Celeiro-San Cibrao de la v¨ªa da Costa Norte y para mejorar la carretera Vigo-A Ramallosa, que suman una inversi¨®n de 307 millones.