Decepci¨®n corporativa

Si se admite que existe contrato impl¨ªcito de las empresas con la sociedad a la que prestan sus servicios, una de las cl¨¢usulas de ese acuerdo se suele incumplir sin remordimientos: la exigencia de un buen gobierno corporativo. No es un lujo ni un juguete prescindible. El gobierno correcto de las empresas, entendiendo por tal el respeto a los equilibrios accionariales en la formaci¨®n de los consejos, el respeto a la capacidad de decidir de los accionistas y la seguridad de que existen los mecanismos necesarios para que las decisiones tomadas sean las correctas son valores que deber¨ªan cotizar en el mercado, igual que la calidad de los productos de la empresa o la solidez de su situaci¨®n financiera. El principio general es que los ciudadanos, sean accionistas, clientes o competidores, tienen derecho a saber con qu¨¦ criterios e instrumentos se gobierna una empresa.

En el caso de Espa?a, las normas de buen gobierno tienen por lo general una aplicaci¨®n decepcionante. Accionistas y directivos de grandes empresas e instituciones financieras no han tenido empacho alguno en construir ostentosos blindajes societarios que limitan, a veces incluso mutilan, la eficacia del voto de los accionistas. Todav¨ªa se mantienen en algunos casos bien significados. Tampoco se han respetado los equilibrios l¨®gicos que confieren al presidente de una compa?¨ªa la potestad de conducir el Consejo de Administraci¨®n y al consejero delegado la facultad de dirigir la compa?¨ªa, como lo prueba el hecho de que empresas muy relevantes por su peso en el Ibex mantengan presidencias ejecutivas que arruinan cualquier prop¨®sito de un balance de poder dentro de la compa?¨ªa.

De vez en cuando, el incumplimiento manifiesto de las reglas de buen gobierno roza el nervio de la inquietud social. Tal ser¨ªa el caso de las astron¨®micas retribuciones que los directivos y consejeros de las grandes compa?¨ªas cotizadas perciben sin que existan comisiones independientes que calibren, calculen o investiguen la aportaci¨®n real de los ejecutivos as¨ª premiados a la riqueza de la compa?¨ªa. Con demasiada frecuencia, las comisiones de retribuci¨®n en las empresas espa?olas son organismos internos de puro tr¨¢mite, formadas por personas adictas a quienes retribuyen o simplemente agradecidas a sus contratadores; a los accionistas se les arroja un pi¨¦lago indigerible de informes y datos, que no podr¨ªan desenredarse ni en varios a?os de estudio, y el procedimiento deriva en una ocultaci¨®n interesada de los salarios de la alta direcci¨®n. No es de extra?ar que los sueldos millonarios y las indemnizaciones de magnitudes extravagantes sean hoy piedra de esc¨¢ndalo, en Espa?a como en Estados Unidos o Europa.

El problema de fondo es de velocidad y credibilidad. El m¨¦todo de normas corporativas tan s¨®lo recomendadas, envueltas adem¨¢s en c¨®digos bien intencionados pero controvertidos y, en todo caso, de cumplimiento voluntario, tiene resultados lentos, es f¨¢cilmente esquivable y cae r¨¢pidamente en el descr¨¦dito. As¨ª sucede cuando se observa detenidamente el cumplimiento del llamado c¨®digo Conthe. La libertad de las compa?¨ªas debe ser respetada; por lo tanto, es el mercado el que debe incentivar o penalizar a las empresas que cumplan o incumplan las reglas b¨¢sicas de transparencia.