Los trabajadores se rebelan ante el recorte a la vida de Fertiberia
Zarr¨ªas pide tener en cuenta la "situaci¨®n econ¨®mica y social" de Huelva
Los trabajadores de Fertiberia dejaron claro ayer que van a luchar para que sus empleos duren todo lo que sea posible. La plantilla de la empresa y de las otras dos que tambi¨¦n vierten sus residuos en las balsas de fosfoyesos situadas en la entrada de Huelva, Foret y Nilefos, bloquearon ayer la avenida Francisco Montenegro como protesta ante lo que consideran el deseo del Gobierno central de recortar un a?o en la vida de sus puestos de trabajo.
Los sindicatos afirman que se acord¨® entre Gobierno, empresa, Junta y trabajadores el a?o 2012 como fecha para cesar los vertidos. Ello supon¨ªa un margen de un a?o m¨¢s sobre el calendario fijado por Costas tras la sentencia de la Audiencia Nacional del verano. No obstante, la semana pasada se conoci¨® un escrito de Costas en el que se volv¨ªa a fijar 2011 como fecha l¨ªmite.
La carta de Costas irrit¨® a los trabajadores en la misma medida en que incomod¨® a la Junta de Andaluc¨ªa. El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarr¨ªas, no quiso ayer dar fechas concretas. "Lo que pretende la Junta con Fertiberia es que la sentencia se ejecute pero de forma racional, teniendo en cuenta la situaci¨®n econ¨®mica, social y ambiental", afirm¨®.
La titularidad de esos terrenos es p¨²blica y Fertiberia los utiliza como dep¨®sito de sus residuos desde finales de los sesenta, gracias a una concesi¨®n administrativa. Pero el pasado julio, un sentencia de la Audiencia Nacional declaraba extinguida la licencia por ir en contra de la Ley de Costas de 1988. Durante un a?o se ha desarrollado una ardua negociaci¨®n entre Gobierno, Fertiberia, Junta y sindicatos para marcar una fecha en la que dejen de depositarse los residuos industriales y se recuperen medioambientalmente las 1.200 hect¨¢reas en las que se acumulan unos 70 millones de toneladas de fosfoyesos -que tienen un componente radiactivo-. Fertiberia sostiene que ese momento significar¨¢ cerrar la planta que da trabajo a 750 personas. Posteriormente, el Gobierno abri¨® una puerta a la pr¨®rroga si la empresa ofrec¨ªa razones t¨¦cnicas y no s¨®lo econ¨®micas. Pero en Costas se considera que s¨®lo se han ofrecido razones econ¨®micas, que implican adem¨¢s un aumento de la actividad de la planta y, por tanto, de los vertidos, algo contrario al esp¨ªritu de la sentencia judicial.
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