El PSOE ofrece a Costas una v¨ªa para alargar la actividad de Fertiberia

El PSOE de Huelva ha decidido intervenir en la tormenta legal, social y medioambiental que afecta a la f¨¢brica de Fertiberia y en la que est¨¢n implicados el Gobierno, la Junta y sindicatos. Los socialistas apostaron ayer por ejecutar la sentencia de la Audiencia Nacional que declara extinguida la licencia que permite a la factor¨ªa de fertilizantes verter sus residuos (fosfoyesos) en las marismas del Tinto de titularidad p¨²blica- y que obliga a restaurar medioambientalmente la zona. Fertiberia recurri¨® el fallo ante el Supremo.

El PSOE marca dos plazos para cumplir la sentencia: por un lado, se reducir¨¢ de manera paulatina el vertido hasta principios de 2012, momento en el que dejar¨¢ de depositarse residuos. A partir de ese momento, y durante dos a?os, se proceder¨¢ a la recuperaci¨®n de los terrenos.

La Direcci¨®n General de Costas, que hab¨ªa fijado el fin de los vertidos para 2011, no quiso pronunciarse en detalle acerca de la propuesta socialista, al no conocerla en profundidad. Pero algunas fuentes destacaron que "todo lo que contemple reducir paulatinamente los vertidos es positivo". Las mismas voces recordaron, no obstante, que cualquier pr¨®rroga al fin del uso de las balsas de fosfoyesos debe estar perfectamente fundamentada en razones t¨¦cnicas. Costas afirma que Fertiberia ha venido defendiendo el fin de los vertidos en 2012 no por razones t¨¦cnicas, sino econ¨®micas, que implican un aumento sustancial de la actividad de la planta y, por tanto de los vertidos, hasta su cese. Algo que va en contra del esp¨ªritu de la sentencia de la Audiencia Nacional.

La propuesta del PSOE trata, por tanto, de acercar las posturas enfrentadas de Fertiberia y de la Direcci¨®n General de Costas. El secretario de Organizaci¨®n del PSOE de Huelva, Mario Jim¨¦nez, pidi¨® responsabilidad a los implicados y afirm¨® que "frente a las demagogias baratas y el fundamentalismo ecologista, este acuerdo puede posibilitar la preservaci¨®n del medio ambiente, el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional y el mantenimiento del empleo y las rentas para 700 trabajadores y sus familias".