Tu casa est¨¢ en un bombo

La demanda de vivienda protegida se ha disparado tras el boom inmobiliario y la oferta ni sue?a con aproximarse a ella a corto plazo. Queda el sorteo, los nervios, la pat¨¦tica escena de miles de personas esperando la ca¨ªda de una bola para averiguar su futuro. Tu mala suerte ser¨¢ mi suerte. Un sistema injusto y arbitrario, para muchos, que deja el derecho constitucional a una vivienda digna dentro de un simple bombo. ?Es defendible un m¨¦todo que no tiene en cuenta tu destino posterior, tu futuro ascenso, mientras la pensionista que compet¨ªa contigo no tendr¨¢ jam¨¢s opciones de prosperar?

Lorena Mart¨ªnez, realizadora de televisi¨®n de 24 a?os, lleva m¨¢s de tres a?os acudiendo a todos los sorteos de vivienda protegida de Barcelona. Nunca le ha tocado. Hace apenas diez meses le urg¨ªa porque deb¨ªa abandonar el piso del Eixample donde viv¨ªa con su madre. "Nos lo sub¨ªan de 675 a 900 euros, yo cobraba 1.100 limpios y mi madre estaba en el paro. Y no encontr¨¢bamos nada decente por menos de ese precio", explica. Logr¨® que le subieran el sueldo, y ahora percibe 22.800 euros anuales. "Me paso por poco para recibir las ayudas a la emancipaci¨®n, y me ir¨ªan muy bien", se queja.

El sorteo no tiene en cuenta la posible ayuda familiar o futuros ascensos

Un directivo de un banco con vivienda social reconoce una "situaci¨®n absurda"

El bombo nunca ha sacado su n¨²mero. Un sistema que muchos expertos consideran injusto y que algunas ciudades ya han decidido cambiar. S¨®lo las diez principales ciudades espa?olas, donde la demanda es m¨¢s acuciante, suman m¨¢s de 240.000 personas en los registros de solicitantes, 30.000 m¨¢s que hace un a?o, seg¨²n los c¨¢lculos realizados por EL PA?S a partir de las informaciones suministradas por los ayuntamientos.

Y la demanda generada por el boom inmobiliario, que coloc¨® los precios a niveles prohibitivos, no se absorber¨¢ a medio plazo, a juzgar por los planes de los ayuntamientos. En general, estos programas fijan un plazo hasta 2012 -salvo Valencia, donde es a diez a?os-, y suponen la puesta en marcha de 119.771 Viviendas de Protecci¨®n P¨²blica (VPP). Es decir, los pisos previstos no llegan a cubrir la mitad de las solicitudes. A ello se a?ade que en casi todos los casos, el ciudadano no puede acudir a otra localidad vecina porque la mayor¨ªa de las ciudades de las ¨¢reas metropolitanas se blindan exigiendo, al menos, m¨¢s de cinco a?os de empadronamiento.

La ciudad con mayor demanda de vivienda p¨²blica es Barcelona. La secretar¨ªa de Vivienda de la Generalitat calcula que alrededor de 65.000 personas requieren vivienda social. En el ¨²ltimo sorteo multitudinario se presentaron casi 55.000 solicitantes para 1.500 pisos. Se cubri¨® el 2,8% de la demanda. En Sevilla, recientemente se realiz¨® un concurso al que acudieron unas 90.000 personas, mientras que M¨¢laga, Madrid y Valencia tienen m¨¢s de 20.000 ciudadanos esperando. Aun as¨ª, ninguna ciudad se ha librado de sorteos multitudinarios.

Las tres ¨²ltimas ciudades, no obstante, lo tienen m¨¢s f¨¢cil para construir vivienda p¨²blica. Su modelo para construir vivienda protegida se basa en las reservas de suelo de los nuevos desarrollos. A Barcelona o Bilbao apenas les queda ya suelo para crecer, por lo que deben enfocar sus pol¨ªticas a edificar en alquiler o aprovechar las remodelaciones de barrios.

Sin embargo, los registros no recogen necesariamente a todo aquel que requiere una VPP. "No siempre son indicativos. Depende de que se haya hecho publicidad de su existencia. En caso contrario, quedan fuera del sorteo quienes menos posibilidades tienen de acceder a esta informaci¨®n o bien de saber c¨®mo reunir toda la documentaci¨®n necesaria. Y ¨¦sta suele ser la gente m¨¢s humilde", asegura el economista y ex secretario catal¨¢n de Vivienda, Ricard Fern¨¢ndez.

La forma tradicional y mayoritaria para adjudicar una VPP en Espa?a es a trav¨¦s de sorteo, que mete en el mismo bombo a quien m¨¢s lo necesita y a quien, en cambio, podr¨ªa obtener recursos ajenos (financiaci¨®n familiar, por ejemplo) para pagar su casa. David Hern¨¢ndez es un directivo de un gran banco internacional que prefiere no identificarse por su nombre, porque entiende que su "situaci¨®n" es "bastante absurda" y le da "cierta verg¨¹enza pregonarlo". Con un sueldo que hoy es "muy generoso", desde hace unos 15 a?os reside en una vivienda de protecci¨®n de Vallecas. "Era joven, terminaba de estudiar, me present¨¦ y me toc¨®. Entonces no ingresaba lo que ahora", explica.

El catedr¨¢tico de Pol¨ªtica Econ¨®mica de la Universidad de Barcelona Ant¨®n Costas abri¨® el debate sobre la eficacia de los sorteos y la vivienda de protecci¨®n de compra tras un estudio de las necesidades de vivienda en la ciudad. Costas puso entonces un ejemplo: "Imaginemos que tenemos un joven A y otro B. Le toca por sorteo una vivienda de propiedad al A, y al cabo de cinco a?os es directivo, mientras que el B se halla en la misma situaci¨®n. Mal lo habremos hecho en t¨¦rminos de equidad". Por ello, Costas apuesta por crear un parque de VPP en alquiler, en el que resida quien lo necesite si cumple las condiciones fijadas.

En el conjunto de Espa?a, en general, la VPP cuesta alrededor del 50% de lo que vale en el mercado libre. En las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, lo rebasa. Aun as¨ª, una diferencia nada desde?able. "Todo el mundo se apunta a la loter¨ªa. Pero es profundamente injusto conceder un derecho constitucional por sorteo. Sobre todo cuando los ¨²nicos medios para contrastar cu¨¢l es la necesidad es la declaraci¨®n de la renta", sostiene el catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, Jos¨¦ Garc¨ªa-Montalvo.

Algunos ayuntamientos ya han empezado a cambiar su sistema de adjudicaci¨®n para ajustarse m¨¢s a las necesidades de la poblaci¨®n. El concejal de Vivienda de Palma de Mallorca, Jos¨¦ Manuel G¨®mez, explica que el consistorio ha realizado un primer filtro con sus demandantes. "Separamos a la gente mayor, los j¨®venes, la que tiene necesidades espec¨ªficas, los que trabajan en la ciudad... Luego realizamos un sorteo por cajones, es decir, por colectivos", asegura. Tambi¨¦n Barcelona, que recurr¨ªa a los sorteos masivos, elabora un registro similar, en el que quede clara la situaci¨®n personal de cada demandante.

Sin embargo, el economista y gerente de la Universidad de Alcal¨¢ de Henares, Julio Rodr¨ªguez, defiende los sorteos para poder "racionar" la vivienda. "Hay un sistema por puntos, en el que se valoran las circunstancias de cada solicitud. Pero prefiero el sorteo a dejar la decisi¨®n en oscuras manos de funcionarios. Es muy arbitrario, pero es una forma de gestionar el exceso de demanda que hay en Espa?a", asegura Rodr¨ªguez. Aun as¨ª, el economista puntualiza que las administraciones deber¨ªan tener un registro para controlar si cambia la situaci¨®n de cada adjudicatario.

Ricard Fern¨¢ndez, que antes de ser secretario de Vivienda de la Generalitat estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona, sostiene que la experiencia le demuestra que "lo m¨¢s social acaba siendo antisocial". Fern¨¢ndez afirma que si se priorizan las rentas a menudo se acaba por llegar a excluir a parejas trabajadoras y favorecer, por ejemplo, a estudiantes que todav¨ªa tienen mucho recorrido econ¨®mico y social. "El chaval de 25 a?os que es mec¨¢nico igual cobra m¨¢s que el que tiene la misma edad y est¨¢ estudiando. Y acabas por penalizar al mec¨¢nico porque est¨¢ casado y percibe m¨¢s. Pero es que quienes no estudian se casan y forman familia antes, en la mayor¨ªa de ocasiones", dice.

Las grandes ciudades coinciden, no obstante, en que la pol¨ªtica de vivienda no deber¨ªa ser s¨®lo municipal, sino metropolitana. El gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla, Juan Carlos Le¨®n, explica que la ciudad exige dos a?os de empadronamiento o bien tres de trabajo para acceder a una vivienda p¨²blica. El criterio es semejante en Barcelona: dos a?os para el alquiler y cinco para la compra. El delegado de Vivienda de la capital catalana, Antoni Sorolla, tambi¨¦n opina que "la vivienda debe entenderse en el ¨¢mbito metropolitano, como ya se hace con el transporte o la gesti¨®n de residuos, por ejemplo".

La exigencia de los a?os de empadronamiento que imponen varios ayuntamientos explica tambi¨¦n que los registros municipales de solicitantes no sean todav¨ªa m¨¢s abultados. "Hay localidades que piden 10 a?os de residencia, lo cual deja sin acceso a inmigrantes", recuerda Fern¨¢ndez. Pero en plena crisis crediticia no es un problema inminente, puesto que muchos saltan de la lista. El concejal de Palma de Mallorca, por ejemplo, explica que en una de las ¨²ltimas promociones de VPP entregadas la mitad de los adjudicatarios renunciaron. El banco no les financi¨® la compra. Y los expertos consultados temen que ello cree la ilusi¨®n pasajera de que la demanda est¨¢ disminuyendo con la correcci¨®n del mercado.

Demasiada ilusi¨®n en un contexto de necesidad creciente ante la crisis que ya ha estallado.