Leyes de calidad

El argumento sobre el supuesto exceso de norma en nuestras sociedades es un debate recurrente en ¨¢mbitos socioecon¨®micos. Es cierto que la simplificaci¨®n administrativa es un compromiso al que los poderes p¨²blicos se han referido como una nueva prioridad y que puede ayudar -si se hace bien- al desarrollo de la cultura emprendedora y a una mejor adecuaci¨®n de nuestras empresas a la importante normativa internacional, en el marco de una econom¨ªa global y abierta.

Pero lo que resulta sorprendente es que, en algunos foros muy respetables que se proclaman responsables, todav¨ªa se mantenga un fondo argumental que, como nuevo e interesado mantra econ¨®mico y empresarial, se repite constantemente como una letan¨ªa: la mejor ley es la inexistente o la m¨ªnima. Bajo esta idea subyace la voluntad de identificar norma con carga.

S¨®lo con mejores leyes se puede exigir su cumplimiento y favorecer la creatividad de nuestra sociedad

No hay que olvidar que las normas son instrumentos para conseguir la realizaci¨®n de objetivos o valores que expresan y garantizan el inter¨¦s general, la defensa de los sectores vulnerables y que pretenden el progreso social y econ¨®mico. Por ello, la mejor ley no puede ser la inexistente. Eso s¨ª, resulta esencial considerar los costes como un elemento importante ante la decisi¨®n de elaborar una norma, y de hacerlo con un contenido u otro. La mejor ley debe ser la que consigue realizar sus objetivos con los m¨ªnimos costes. Para el Gobierno de Catalu?a el debate sobre la cantidad de normas debe dar paso a otro m¨¢s importante: el de su calidad. Este concepto incorpora, en su propia naturaleza, m¨¢s rigor y eficacia en la regulaci¨®n.

El denso sistema institucional de nuestra democracia y las din¨¢micas descentralizadoras han generado una abundante iniciativa normativa. La burocracia es un grave problema de nuestras administraciones, cierto. Pero el atajo no es la desregulaci¨®n, la eliminaci¨®n o la disminuci¨®n aleatoria de las normas. La soluci¨®n es la calidad normativa, su relaci¨®n con los objetivos de eficacia administrativa y su contribuci¨®n real a las din¨¢micas emprendedoras.

Llevamos tiempo trabajando en esta direcci¨®n. En 2005 el Gobierno catal¨¢n adopt¨® el Acuerdo estrat¨¦gico para la internacionalizaci¨®n, la calidad de la ocupaci¨®n y la competitividad de la econom¨ªa catalana. En este marco, se aprob¨® un plan de 48 medidas con el objetivo de simplificar los tr¨¢mites administrativos que afectan a las empresas en Catalu?a. Con ello se pretende una Administraci¨®n on line-on time, a trav¨¦s de las nuevas tecnolog¨ªas y los progresos que en materia de e-governement impulsa la Generalitat de Catalu?a para ser la Administraci¨®n moderna y tecnol¨®gica que el pa¨ªs necesita.

Ahora damos un nuevo paso. Simplificaci¨®n, s¨ª; pero, sobre todo, calidad normativa, para hacer s¨®lo las leyes necesarias y siempre las mejores leyes posibles. El Gobierno de Catalu?a ha creado recientemente la Direcci¨®n General de Calidad Normativa para reforzar y dotar de mayor eficacia la coordinaci¨®n y el impulso de la acci¨®n del Ejecutivo. La calidad normativa es una prioridad se?alada ya por el presidente Montilla en el debate de pol¨ªtica general del pasado septiembre, cuando afirmaba: "El derecho a una buena administraci¨®n reclama una Administraci¨®n m¨¢s orientada a los resultados, que analiza y eval¨²a tanto antes como despu¨¦s de su desarrollo, los servicios, los programas y las pol¨ªticas p¨²blicas".

El progreso econ¨®mico y social es inseparable de su dimensi¨®n p¨²blica y pol¨ªtica, expresada en la reglamentaci¨®n jur¨ªdica que protege derechos individuales y colectivos. Por ello, el ¨²nico espacio en el que la "pol¨ªtica democr¨¢tica" es determinante por encima de otros intereses es el espacio jur¨ªdico. Sin un renovado compromiso por la legalidad, la pol¨ªtica no puede aspirar a gobernar el mundo ni a servir a las sociedades a las que quiere representar desde la legitimidad democr¨¢tica. Sin leyes, nunca podremos conseguir -al mismo tiempo y sin renuncias- la justicia social y el desarrollo econ¨®mico equilibrado y sostenible.

Hagamos pues las mejores leyes, leyes de calidad. S¨®lo as¨ª podremos exigir con mayor autoridad su cumplimiento, y su respeto favorecer¨¢ la vitalidad y la creatividad de nuestra sociedad en lugar de limitarla o condicionarla.

Laia Bonet es secretaria del Gobierno de la Generalitat.